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    El rumbo uruguayo

    Sr. Director:

    Uno de los desafíos más grandes de toda “entidad”, desde una persona, familia hasta una organización, incluyendo la empresarial y el propio Estado, es descubrir para qué se es bueno y para qué no, siendo ese, ni más ni menos, el inicio del camino del éxito. Es esta una cuestión inclusive de sobrevivencia biológica.

    Ocurre que “ser bueno o no” para algo depende de muchos factores: algunos que sí están en manos de la entidad y que pueden desarrollarse con más o menos trabajo, que siempre deberá ser perseverante —atributo este ya de por sí desafiante en su cometido de no llegar a la obstinación—, pero también externos, dados por ciertas condiciones innatas de la entidad (condiciones geopolíticas y culturales cuando hablamos de un país) y también de ciertas percepciones del mundo exterior sobre la entidad que podrán ser más o menos racionales, pero determinantes al fin (allí es donde la capacidad de comunicación de la entidad juega su gran papel).

    Uruguay no es la excepción a esta regla. Tiene algunas virtudes innatas y otras que, definitivamente, no tiene, posee algunas virtudes desarrolladas a lo largo del tiempo y es objeto de ciertas percepciones del exterior, algunas favorables y otras no tanto.

    Pero si un problema tienen en general los países y muy particularmente Uruguay, es el de no tener un diagnóstico claro y consensuado al respecto y ello ocurre por una serie de complejos factores que van desde los egos y dogmas que cualquier entidad suele tener que le impiden la dolorosa tarea de reconocer sus carencias, la dificultad natural de apreciación del límite de lo “razonablemente posible”, pero también, la desinformación a la que contribuyen, en forma más o menos consciente, los formadores de opinión de referencia para esa entidad. Lo peor es que esa desinformación, en muchos casos, lamentablemente es consciente y se lleva a cabo en aras de un interés espurio de parte del predicador de turno en detrimento, no solo del bien general de la entidad sino inclusive, personal de quien recibe su directo apoyo.

    Y el problema, además, es que las demoras en consensuar ese adecuado diagnóstico conspiran directamente contra las posibilidades de éxito de esa entidad —y obviamente, de sus integrantes— siendo claro que en una entidad pluripersonal —y el Estado lo es por excelencia— ese diagnóstico debe contar, si no con una utópica unanimidad, al menos con un amplio nivel de consenso.

    Cuando ello ocurre hablamos de que el país tiene efectivamente definido un rumbo que se materializa a través de la fijación de políticas de Estado que permiten evitar volver a discutir eternamente sobre los mismos problemas, sin perjuicio de una periódica revisión, conforme se produzcan cambios críticos en el escenario base. Quizás se llegue a un diagnóstico con algún nivel de imprecisión o inclusive de error, es cierto; pero ello es, aun así, mucho mejor que carecer de diagnóstico y, por ende, de rumbo.

    Pues pareciera que nuestro país, si algo ha venido padeciendo, es, precisamente, de la carencia de una revisión de viejos postulados provenientes de un pasado glorioso. Nos cuesta enormemente entender cómo, si en su momento, con ciertas estrategias fuimos muy exitosos hoy no logramos repetirlo y algunos creen que, en todo caso, se trata de falta de convicción y fuerza en mantener aquellas estrategias, no dándonos cuenta de que las reglas de juego y condiciones cambiaron.

    Así, si en su momento fuimos prósperos con una desarrollada industria a todo nivel que ocupaba enormes puestos de trabajo —que, dicho sea de paso, volvió ricos a sus dueños a través de muchas protecciones y subsidios del Estado— y de un amplio, regulador y benefactor Estado, no terminamos de entender por qué hoy no podemos repetir esa experiencia que nos quedó grabada a fuego en nuestro ADN.

    ¿Y en qué somos buenos hoy de cara al exterior? Yo diría que:

    -En producción de bienes primarios y, eventualmente, agroindustriales de bajo valor agregado: y esto último solo podrá mantenerse siempre que se mejore la tecnificación —ciertamente que la alta productividad nunca fue nuestro fuerte—, que, necesariamente, está llamada a disminuir la mano de obra necesaria —y se acompañe de una notoria mejora en las problemáticas relaciones laborales que rigen actualmente en el sector.

    -Más recientemente, en productos y servicios asociados a la “tecnología de la información” o más genéricamente, economía digital, en donde llegan alentadoras noticias internacionales que ya le atribuyen al país el preciado atributo de “hub tecnológico internacional” a través de actividades que ostentan la virtud de ocupar mucha mano de obra —es cierto, calificada— y a buen nivel retributivo.

    Hay otras actividades que se perfilan como promisorias con ese enfoque internacional: energías alternativas y quizás audiovisuales (muy asociadas a la tecnología de la información), existiendo otras actividades que supieron ser prósperas pero que por cambios de condiciones y reglas de juego externas muestran una reducción en su pujanza, como ser la actividad financiera internacional, turismo (dada su hiperdependencia regional, y argentina en particular) e inclusive y en cierto modo, la de los servicios internacionales, incluyendo el logístico.

    Es que todo parece indicar que Uruguay puede y debe posicionarse en sectores en donde:

    -La distancia a los grandes centros de consumo no le juegue definitivamente en su contra frente a otros países competidores del mundo, especialmente en momentos de gran encarecimiento de fletes (tal como ocurre en productos primarios, esa limitación en los hechos puede “compensarse” con la eventual escasez de los mismos en el mundo frente a una demanda creciente, pero requiere permanente atención).

    -La abundancia de ciertas materias primas minerales y disponibilidad de energía a gran escala no constituyan factores críticos (como pasaría, por ejemplo, en la industria pesada).

    -La escasez de mercado interno —sumada a una pobre integración internacional que ahora parece trabajosamente tratar de mejorarse— no los vuelvan inviables (como ocurre con la industria de productos masivos).

    -Que muestren un abanico amplio y variado de posibles destinos y facilidad de recolocación de productos entre ellos de modo de no quedar atados a los vaivenes económicos y políticos de nuestros “clientes”, tal como nos terminó ocurriendo en el disfuncional Mercosur desde hace mucho.

    -La vulneración de normas —jurídicas y éticas— y convenios internacionales en materia laboral no constituya un factor crítico de competitividad, pues se trata de un terreno en donde los uruguayos, loablemente, no queremos competir.

    -Que las reglas de juego internacionales —incluyendo políticas arancelarias— o paraarancelarias que por su imprevisibilidad y arbitrariedad son más peligrosas aún —y medidas antielusivas internacionales— no le jueguen críticamente en contra (nos referimos en esto último a los efectos que pueden derivarse de movidas internacionales como la que pretende instaurar un impuesto mínimo a la renta y similares y que obligan a pensar en actividades con ventajas comparativas que excedan a las meras exoneraciones impositivas, más allá de la innegable utilidad que ellas tienen en el despegue de ciertas actividades, tal como ocurre en el caso uruguayo).

    ¿Qué queda en pie pues?

    Las actividades ya mencionadas —y siempre atento al dinamismo del contexto internacional—, de modo tal que la generación genuina —y no voluntaria o transitoria— de puestos de trabajo asociados a demanda externa necesariamente derivará de esas actividades y no de otras.

    Obviamente que a esa generación de puestos de trabajo contribuirán las actividades privadas y públicas no transables provenientes de la —escasa— actividad industrial restante con destino local o regional, servicios, comercio y construcción doméstica pero que, por la dimensión de nuestro mercado y dependencia del país en materia de importaciones básicas, no pueden sustentarse en el tiempo sin un adecuado desarrollo de las actividades exportadoras generadoras de divisas internacionales; y todo ello sin perjuicio de la amenaza que la automatización representa, en general, sobre la demanda de mano de obra a todo nivel a lo largo y ancho del mundo.

    Pues bien. Por un lado, con los oportunos incentivos otorgados en general pero, en particular, con aquellos con impacto sobre el sector forestal y agroindustrial que contribuyeron a forjar un desarrollo de dichos sectores aunque sea de moderado valor agregado local, y por otro, con el conjunto que representa el Plan Ceibal y afines, mejora de la infraestructura en telecomunicaciones, beneficios en materia de tecnología de la información y áreas afines como la bioinformática, sector audiovisual etc. y el actual impulso a un TLC con China, Uruguay parece estar “asumiendo” su rumbo, que no es lo mismo que estar aun “aceptándolo” con amplio consenso pero, al menos, se le va pareciendo. Y todo ello enmarcado, desde luego, en su consabida estabilidad política y económica, transparencia y pleno respeto del derecho.

    Porque seamos claros, un TLC con China —y otros que le podrían seguir— probablemente tienda a desmantelar la escasa industria de alto valor agregado que hoy nos queda —desafiando incluso a la de menor valor agregado— no pareciendo verosímil que las empresas vengan a instalar en nuestro país sus centros fabriles para exportarle a China, pero al mismo tiempo, con el mismo se ganará en competitividad en nuestro productos primarios y agroindustriales afines.

    ¿Y es malo ese desmantelamiento de esa industria carente de competitividad internacional?

    Globalmente analizado, no. La industria —cada vez más automatizada en el mundo si quiere ser competitiva— hace rato que dejó de ser el motor generador de empleo que otrora fuera, dejó de explicar el bienestar de la población de los países y, además, en mayor o menor grado, es contaminante del medio ambiente, cuya defensa resulta en nuestro caso esencial para mantener la marca de país natural.

    A lo sumo y con carácter restrictivamente selectivo, el país podría definir protecciones y estímulos a ciertas industrias consideradas estratégicas conjuntamente con el fomento de la investigación asociada, incluyendo a aquellas afines a la producción exportable a las que se podrá sumar, desde luego, cualquier otra que logre adquirir niveles competitivos internacionales sin contar para ello con protección arancelaria (y yo diría, sin contar tampoco, al menos en forma permanente, con el amplio régimen exoneratorio que hoy brinda en muchas actividades el país, ya que ello hoy se encuentra internacionalmente bajo la mira).

    Ello, acompañado del foco puesto en todo lo relacionado con la economía digital, confirmaría, pues, un rumbo “realista” en materia de inserción internacional del país que, optimización mediante, permitiría albergar razonables expectativas de mejorar en un futuro no muy lejano la calidad de vida de todos los uruguayos pero, especialmente, de los más jóvenes y venideras generaciones, logrando, ya de paso, evitar la sangría que su emigración significa para el país con el consiguiente agravamiento de los problemas asociados al envejecimiento poblacional, especialmente en materia previsional y sanitaria.

    Desde luego que el país deberá asistir a quienes pierdan pie en esta transformación (ello ya pasó cuando el país se embarcó en el Mercosur), idealmente mediante capacitación y apoyo para su reconversión y eventualmente, en su caso, mediante subsidios transitorios directos o indirectos y deberá alinear todas sus políticas, con énfasis en la educativa y a esa eterna olvidada mejora de la “gestión estatal” a esa estrategia de inserción internacional en una realidad que será cada vez mucho menos tolerante con los errores y desvíos que puedan cometerse.

    Cr. Félix Abadi

    CI 1.288.484-6

    Catedrático de Impuestos de la

    Universidad ORT Uruguay