El virus de la corrupción

En agosto de 2002 hubo una conferencia de prensa del presidente Jorge Batlle y el presidente de Cataluña, Jordi Pujol. Con su estilo, Batlle reiteró bromas sobre la codicia y la tacañería de los catalanes: “Son los únicos que bailan sin música, danzan las sardanas (baile grupal) contando: ahora uno más, ahora uno menos”. Pujol, atónito, pretendió bajarle revoluciones y lo interrumpió: “Espero que me invite a una cena”. Rápidamente, Batlle replicó: “Sí, claro… y no se preocupe que yo pago”.

España es un espejo en el que los uruguayos deben mirarse. Hasta hace una década la corrupción no era tema central. Ahora están casi todos, partidos, empresarios y gremios; se defienden señalando errores de quienes los precedieron. Como aquí. Algo parecido a Italia, Grecia, Argentina, Brasil y Venezuela. El ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con cinco imputaciones judiciales, vuelve a la campaña.

En 2009, la crisis española dejó a centenares con los pies desnudos. Cayeron de izquierda y derecha hasta llegar a Pujol, de Convergencia y Unión, partido que hasta hoy gobierna en coalición. Ante una investigación a sus hijos y a su esposa, el ex presidente trató de concentrar todo. A los 84 años admitió por escrito que durante 34 años mantuvo en el paraíso fiscal de Andorra una suma multimillonaria en euros. Se origina, dijo, en una herencia paterna, pero (¡y lo dijo en serio!) “nunca encontré el momento adecuado” para declararlos. Imaginó que con la multa y algún delito prescrito terminaba todo. Pero no. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por cohecho (soborno a funcionario), malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El diario “El Mundo” dice que para la policial Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el “Clan Pujol” amasó una fortuna superior a 1.000 millones de euros en paraísos fiscales diversos. La UDEF dice que el dinero procede de “todo tipo de acciones presuntamente delictivas” que solo pudieron obtenerse por una “condición de privilegio”. Su mote parece adecuado: “Tres por ciento más IVA”. El clan hizo transferencias desde y hacia varias plazas financieras; entre otras, Uruguay.

Lo de Pujol señala el riesgo de mandatos largos y, en el caso de Cataluña, la debilidad del discurso independentista: “España roba a Cataluña”. ¡Fue él quien robó!

Organismos internacionales han ubicado a Uruguay y a Chile como los países con menos corrupción en la región y en posiciones mucho mejores que España. Aquí el control es más cercano sobre el abuso de poder y el dinero disponible para “mordidas” mucho menor. Pero siempre hay dientes afilados y bolsillos dispuestos. Autos destartalados se convierten en alta gama y departamentos húmedos en casas de zonas residenciales o campos.

Luis Salas, director del Centro de Administración de Justicia de la Universidad de Florida, señaló como un grave problema “la falta de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. No se puede investigar la corrupción si no hay cooperación entre la contraloría pública, las fiscalías y el Poder Judicial. (…) Uno de los factores que más ha contribuido a la corrupción es la impunidad cuando no hay sanción”. Como ocurre con el abuso de funciones que se pretende borrar de un plumazo sin sustituirlo.

Cuando surge una investigación o una sanción penal deberíamos aplaudir y empujar a los corruptos, grandes y chicos, al abismo, en lugar de premiarlos con cargos de confianza o electivos. Sería un claro mensaje de que el Estado prioriza la protección de la gente sobre el interés partidario y que se debe confiar en las instituciones y en el sistema de justicia. Un ejemplo de esta semana es Francisco Flores, ex presidente de El Salvador (1999-2004) que fue a prisión imputado de haberse apropiado de U$S 10 millones de fondos públicos.

El peligro, dice el abogado peruano José Sánchez Moreno, consultor internacional en políticas contra la corrupción, surge cuando “una burocracia (la estructura y los procedimientos de un Estado) es ineficiente y se mueve (legislando o actuando) según los turnos políticos; se generan nichos de corrupción muy altos”. Coincide con Salas en que la forma de combatir la impunidad es que la policía, las fiscalías, los jueces y los organismos de contralor (en Uruguay el Tribunal de Cuentas o la Junta de Transparencia y Ética Pública), tengan respaldo y recursos para investigar.

Mientras continuemos haciéndole trampas a la ley, buscándole cinco patas al gato, ironizando con hechos graves o buscando conspiradores en lugar de degollar a los corruptos, todo seguirá muy mal. O no seguirá.