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En Uruguay “los funcionarios públicos pueden llegar” a protagonizar “graves violaciones a los derechos humanos”, según documento oficial
Una comisión del Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la Universidad de la República diseña un plan para formar en esa materia a policías, militares y personal judicial y penitenciario
Desigualdades socioeconómicas, por apariencia, vestimenta, lenguaje, discriminación territorial, de género, de corte generacional y por discapacidad. Esas son algunas de las situaciones derivadas de las características de la sociedad uruguaya que necesitan ser transformadas, de acuerdo a un documento elaborado por la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar).
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“A pesar de los avances en materia legal y de los cambios que se han constatado en algunas áreas, existe coincidencia en que persisten tanto el desconocimiento de los derechos como la violación de los mismos”, indica el informe, que analiza el estado actual de los derechos humanos en el país y propone lineamientos para elaborar una estrategia nacional en la materia.
Denominado “Bases para un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos”, el documento dice que en Uruguay existen desigualdades socioeconómicas que se observan “desde la situación de niños, niñas y jóvenes que deben trabajar durante las etapas de escolarización; o el multiempleo que debe asumir parte de la población”.
También hay discriminación territorial que “se refleja en pertenecer al ‘interior’ del país o a los barrios periféricos de las ciudades, lo cual es sinónimo muchas veces de desigualdad”. Agrega que para la población de las regiones fronterizas, especialmente del norte, el hecho de que en las instituciones formales no se reconozca el dialecto portugués uruguayo a nivel del lenguaje “es un hecho de violencia simbólica”.
El informe dice, además, que la discriminación sufrida por los jóvenes “se profundizó específicamente en el vínculo violento que ocasionalmente entabla la policía con los mismos, y en la visión adultocéntrica que predomina en la sociedad y estigmatiza a los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes”.
Dictadura.
Además de los problemas derivados de las características socioeconómicas y culturales de la sociedad uruguaya, el informe analiza aquellos relacionados al sistema educativo. Percibe que hay distintas formas de discriminación “muchas veces invisibilizadas y perpetradas por las instituciones educativas, al reforzar etiquetamientos y optar por estrategias consideradas como inadecuadas, tales como la medicalización de niños, niñas y adolescentes que cumplen con determinados perfiles”.
A su vez identifica discriminaciones hacia ámbitos específicos del sistema educativo (por ejemplo las ejercidas hacia distintas instituciones como la UTU y las escuelas Aprender), poco énfasis en la perspectiva de derechos humanos en el ámbito de la educación primaria y una “carencia importante” en protocolos para situaciones específicas de emergencia y vulneración grave de derechos.
En cuanto a los problemas relacionados al funcionamiento de políticas públicas, señala “prácticas desactualizadas y muchas veces resistentes a los cambios en el marco de distintas instituciones públicas, principalmente aquellas más antiguas, visualizando que la burocracia funciona, con frecuencia, como factor vulnerador de derechos humanos y que los funcionarios públicos pueden llegar a ejercer graves violaciones a los derechos humanos”.
El informe también dedica un espacio a los diferentes tipos de abuso de poder que existen a nivel general en la sociedad: la utilización del “miedo” como herramienta de manejo del poder, el abuso por parte de algunos docentes hacia sus estudiantes, por parte de médicos hacia pacientes y de los agentes habilitados para el uso legítimo de la fuerza (sobre todo la policía) especialmente hacia los jóvenes.
“La discusión en torno al abuso de poder, en la actualidad, llevó en muchos casos a su comparación con los hechos ocurridos durante la última dictadura uruguaya. En este sentido, se manifestaron distintas posturas sobre la pertinencia o no de debatir sobre este tema en el presente y de su inclusión en la educación”, sostiene.
Policías.
Aunque la educación formal resulta un pilar para la enseñanza en derechos humanos, el documento afirma que el futuro Plan Nacional también debe involucrar los espacios no formales de educación, desarrollando estrategias específicas con los funcionarios públicos del Poder Judicial y de la Administración Pública, principalmente en aquellos con énfasis en las áreas de seguridad.
“Resulta particularmente sensible la formación en derechos humanos dirigida a funcionarios judiciales, funcionarios policiales y penitenciarios y personal militar, en tanto en ellos recae la responsabilidad de definir y administrar el poder de coerción y el poder militar del Estado”.
El sistema penitenciario y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) son dos de los ámbitos donde “se debería desarrollar educación en derechos humanos”. Otros son los ámbitos laborales, la salud, los Consejos de Participación, el movimiento sindical (“tomando como ejemplo la experiencia del Sunca”), los medios de comunicación, las redes sociales, las zonas de frontera y los espacios de gobierno con participación ciudadana directa, como el Cabildo Abierto.
Respecto a los derechos humanos en la educación formal, el informe cree que se debe “atravesar” todas las instituciones de formación docente de una manera más formal y ofrecer una mayor cantidad de postgrados universitarios.
También propone incorporar contenidos específicos de derechos humanos en el currículo y “rediseñar los centros educativos de modo que protejan a los diversos grupos que padecen situaciones de discriminación”: problematizar el uso del lenguaje sexista, la distinción por sexo del tipo de actividades u ocupaciones y asegurar que todos los centros educativos cuenten con servicios para garantizar la inclusión de la diversidad de asistentes.
Por último plantea educar en la memoria de las violaciones a los derechos humanos, al continuar la inclusión en la currícula y en las propuestas pedagógicas de “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras del Cono Sur” y al fortalecer y articular con actividades educativas “las acciones de reparación simbólica, creación de sitios y marcas de memoria, museos y memoriales”.
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