Ética, política y justicia

El ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, renunció a su banca de diputado por el Frente Líber Seregni por considerar que “no se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre mi persona y mi accionar”. Una sospecha, vale destacarlo, que nunca apuntó a un beneficio personal, sino a desbordes funcionales prohibidos por la ley.

Parafraseando a Aristóteles concluye con una sentencia: “la ética es una actitud irrenunciable”.

Actuó con esa actitud cuando en una elogiable decisión renunció al Ministerio “para ser juzgado sin privilegios”. Sin embargo, luego desistió de apelar su procesamiento. Una contradicción: si pretendía borrar sospechas y, como dice, escuchar el dictamen de la Justicia, debió apelar para utilizar todos los instrumentos legales a su alcance. También debió reclamar luego su inocencia ante el Tribunal de Apelaciones cuando este dispuso la de Fernando Calloia. No quiso. ¿Espera la gracia divina para probar su inocencia?

Tomando en cuenta el mismo principio ético que ahora reivindica, tampoco debió aceptar ser postulado como diputado, porque ya estaba procesado y bajo sospecha. Tenía claro que por encabezar la lista 99783 del Nuevo Espacio y de la Alianza Progresista resultaría electo, tendría fueros y podría evadir una eventual condena.

Cuando aceptó sabía que se estaba armando un salvavidas legal para beneficiarlo a él y a dirigentes blancos. ¿Por qué no le exigió a su partido que no votara la reforma hasta definir su situación procesal, ya que, como sostiene, “siempre he expresado mi confianza” en la Justicia.

Cuando alguien acepta ser candidato les está diciendo a los votantes: “Vótenme; les ofrezco las mejores opciones. Nuestros candidatos son los más inteligentes, los más honestos, los que mejorarán su calidad de vida”. Al renunciar, les da la espalda a esos votantes y desnuda un doble discurso. El 6 de octubre (veinte días antes de las elecciones), en el programa “Entrelíneas” de Canal 20, le preguntaron si en el futuro pensaba dejar su banca. Fue terminante: “De ninguna manera. (…) Uno haría muy mal si se presenta a una elección para dejar una banca el día después de ser electo”. ¿La ética es irrenunciable?

Su argumento de que no puede ser representante nacional por estar bajo la sospecha de haber cometido un delito puede ser auténtico. Algunos piensan que es una estrategia para proyectarse como futuro candidato. Las próximas elecciones nacionales no están tan lejos y tendrá apenas 59 años.

Alguien con su experiencia militante y sólida formación académica debería saber que no es ético, sino reprobable, considerar un cargo de gobierno por encima de otros trabajos. Él lo hace. La sospecha que esgrime para renunciar como diputado tiene la misma carga negativa que para un docente, un asesor, el empleado de una empresa privada o el dependiente de un organismo internacional. ¿Acaso dejará de trabajar para que nadie sospeche? ¿Desaparecen las sospechas en funciones diferentes a las de gobierno?

Lorenzo destaca la vaguedad del artículo 162 del Código Penal. Recuerda que desde “hace muchos años” existen propuestas políticas y académicas para derogarlo o cambiarlo. Es cierto. Sin embargo en 1998, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, el delito se reafirmó. La pena aumentó por la ley 17.060 y se incluyó junto con otras normas para combatir el “uso indebido del poder público (corrupción)”. La votaron todos. Los colorados en el gobierno, pero también los legisladores blancos y frenteamplistas.

¿Por qué no se impulsó un cambio durante los posteriores gobiernos de Jorge Batlle y Tabaré Vázquez y apenas se concreta al terminar el de José Mujica? ¿Estuvieron distraídos? ¿No existió voluntad política? ¿O acaso ahora influyó el peso político de los imputados y la cercanía de las elecciones municipales? En los intrincados vericuetos partidarios a veces los rivales muerden como Luis Suárez, y en otros, como ahora, se miman como Romeo y Julieta. En este terreno rara vez existen explicaciones coherentes.