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La futura ministra de Educación y Cultura (MEC), María Julia Muñoz, adelantó que los fiscales y otros funcionarios vinculados al área jurídica no dependerán más de esa cartera sino que pasarán a desempeñarse en una “Secretaría nacional” que “dependa de la Presidencia”.
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“Hemos trabajado con el futuro secretario de la Presidencia (Miguel Toma) y con el futuro prosecretario (Juan Andrés Roballo) y hemos visto que una pata importante de la reforma del Estado es juntar todo lo que tiene que ver con los asuntos legales, constitucionales y registrales en una Secretaría nacional en la que están trabajando los expertos, que dependa de la Presidencia y no del MEC, porque entendemos que no es el lugar más apropiado”, dijo Muñoz ayer miércoles en Radio Uruguay cuando los periodistas le preguntaron qué planes tenía para los fiscales y otras áreas jurídicas que actualmente están ubicadas institucionalmente dentro de esa Secretaría de Estado.
La Fiscalía de Corte es una unidad ejecutora dentro del MEC y los fiscales cuentan con autonomía técnica para desempeñar su trabajo aunque están supeditados administrativamente al fiscal de Corte.
Muñoz señaló incluso que no se esperará a la ley de presupuesto para realizar esta modificación, sino que se hará por decreto a los pocos días de comenzar la gestión de Tabaré Vázquez. Incluso la futura jerarca manejó el 2 de marzo como fecha probable para que se concrete el cambio.
“Se está trabajando para un decreto en el que pasen como una Secretaría nacional a depender de la Presidencia, con los actuales recursos humanos, que son todos muy valiosos, muchos cargos concursados, personas de mucho prestigio y muy buen desempeño”, señaló.
“Es la dependencia la que cambia, no el estatus de las personas”, precisó, y agregó que una vez realizada esta modificación “las necesidades presupuestales que ellos planteen correrán vía Presidencia de la República”.
Esta modificación no afectará solamente a los fiscales sino que incluye también los registros y a la Junta de Transparencia y Ética Pública, entre otros servicios que también dependen del MEC.
Precisamente, Muñoz tomó como ejemplo este último servicio para explicar las razones del cambio. “Todos estos actores jurídicos son nacionales, no son de un Ministerio. Por ejemplo, la Junta Nacional Anticorrupción es para todo el funcionariado, no es que dependa de un Ministerio”, expresó.
Muñoz señaló que está “trabajando” desde hace varios días para que “la Presidencia pueda tener esa Secretaría nacional ya armada” antes de que asuma el cargo de ministra.
La ubicación institucional del Ministerio Público ha sido objeto de debate en los últimos tiempos. El actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, ha expresado públicamente más de una vez que a su juicio la Fiscalía debería ubicarse fuera del Poder Ejecutivo para evitar cualquier tipo de suspicacia frente a la labor de los representantes del Ministerio Público.
