Fiscales y cangrejos

Es comprensible que Muñoz acepte sacarse un fardo de encima. En el anterior gobierno de Vázquez lo intentó el ex subsecretario de esa cartera, Felipe Michelini, al crear la ineficiente División de Asuntos Legales y Constitucionales.

En 2012, el senador colorado Ope Pasquet presentó un proyecto que se convirtió en un barco a la deriva con timoneles sordos o aferrados al mango de la sartén. También naufragó uno del senador oficialista Oscar López Goldaracena.

Suele destacarse que los fiscales gozan de independencia técnica. Es formalmente así. Pero sobran las pruebas de que desde el Poder Ejecutivo se han producido zancadillas, pechazos y trancas administrativas y presupuestales.

¿Qué impide la autonomía si no se esconden cangrejos debajo la piedra ni se pretende tener la sartén por el mango?

Cuando en 2017 rija el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) los fiscales serán responsables de investigar los delitos conjuntamente con la Policía. Ambos son dependientes del Poder Ejecutivo: menudo desequilibro de poderes. ¡Pero a no equivocarse! Esta nueva función de los fiscales no es el resultado de aviesas intenciones. El propio Vázquez la impulsó en 2005 al crear una comisión de especialistas para elaborar un nuevo CPP con el calificado asesoramiento del entonces secretario de la Presidencia, el catedrático Gonzalo Fernández. (1)

Se terminó en 2009 y el año pasado el Senado lo votó por unanimidad. En la también unánime exposición de motivos los expertos enfatizaron en la necesidad de autonomía del Ministerio Público.

Argumentaron que el nuevo Código “presenta cambios paradigmáticos en cuanto a los roles y la forma en que debe impulsarse la investigación”, porque “el Ministerio Público, titular de la acción, es quien lleva adelante la investigación de los delitos de acción pública. (…) La mera atribución de la investigación al Ministerio Público sin esta transformación no contemplaría adecuadamente la envergadura de la función. En tal sentido se requiere contar con vías procesales ágiles y con un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo, el que deberá estar dotado de altos niveles de especialización para dirigir la indagatoria y actuar coordinadamente con otras oficinas estatales que hoy lo hacen de un modo aislado y sin responder a una política común en la persecución penal”.

¿Quién planificó esta nueva e inesperada jugada y por qué?

Con el marco actual, si el Poder Legislativo necesitara investigar al fiscal de Corte o a sus subalternos (todos requieren venia legislativa), bastaría con interpelar al ministro de Educación, de quien ahora dependen. En cambio, si pasa a la órbita presidencial, ante una irregularidad sería necesario un juicio político al presidente de la República. Una utopía.

El abogado Daoiz Uriarte, uno de los asesores jurídicos del gobierno, le restó importancia a un eventual juicio político. Dijo en “El País” que no recuerda que se haya convocado a un ministro de Educación por algo referido a los fiscales. Mala memoria. En mayo de 2004, a instancias de su partido, el Senado interpeló al ex ministro de Educación, Leonardo Guzmán, por un sumario que le había instruido al arbitrario y abusivo fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez. El sumario terminó con la destitución de Peri Valdez por “exceso de poder”. ¡Si será importante!

Fue en ese momento cuando los políticos y los ciudadanos descubrieron la relevancia del cargo y los riesgos de las presiones políticas y los desbordes.

Alguien cercano al futuro gobierno me comentó: “¡Tranquilo, no pasa nada, es transitorio!”. Parece chiste. En Uruguay las decisiones transitorias terminan por convertirse en definitivas. Algunos, por las razones que sean, crían cangrejos debajo de la piedra para saltearlos luego en la sartén.

(1) Ley 17.895, artículo 21: “Créase una Comisión para elaborar las bases de la reforma del proceso penal, la que será integrada por un representante del Poder Ejecutivo quien la presidirá, de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, la Universidad de la República, la Asociación de Magistrados Judiciales, la Asociación de Magistrados Fiscales, la Asociación de Defensores de Oficio, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Actuarios Judiciales y el Ministerio de Economía y Finanzas”.