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“Lucha de clases a la uruguaya”. En nuestro país hay una feroz lucha de clases. Pero cuidado: no es la que postulaba Carlos Marx y que siguen predicando sus seguidores frenteamplistas.
La lucha de clases que se desarrolla en nuestro país es una batalla brutal que enfrenta a quienes administran el Estado con el resto de los ciudadanos. El conflicto radica en que los primeros quieren aumentar en forma permanente el gasto (y sus ingresos) y, como consecuencia de ello, los segundos ven cada vez más retaceado el resultado efectivo de su trabajo.
Los primeros están representados por el Cr. Astori y sus sucesivos equipos; los segundos por las más eficientes y sacrificadas “ministras de economía” del mundo: las amas de casa, que deben hacer magia para llegar a fin de mes. Entre estos últimos, hay que considerar a los trabajadores estatales con sueldos “de segunda” (básicamente policías, militares, Salud Pública y Enseñanza).
El primer grupo, frente a la inflación, al déficit, a la destrucción de capital, la transferencia de recursos a los amigos, producidos por negligencia, incapacidad y/o corrupción (los 2.000 millones del escándalo de ANCAP-Sendic son paradigmáticos), aumenta los impuestos.
El segundo grupo achica gastos, racionaliza el funcionamiento del hogar, cambia las lámparas comunes por led de bajo consumo, busca todas las ofertas, planifica el uso del auto y —gesto institucional y simbólico advirtiendo que “el horno no está para bollos”— suspende la “cocacola”.
El rumbo divergente de las conductas descritas es claro y la colisión, a la larga, inevitable. Mientras unos buscan apropiarse de más dinero del bolsillo del ciudadano común para mantener los niveles de gasto, la mayoría de los ciudadanos tratan de que les “cierre” el presupuesto con los mermados recursos que les deja la incontenible voracidad fiscal.
Sube la nafta aunque baja el petróleo, UTE pretendía rebajar sus tarifas pero le decretaron un aumento del 10%, Antel aumenta su tarifa porque gastará más al financiar una obra que nadie quiere y se hará lo mismo para hacerle el gusto a la ex presidenta y hoy ministra. (De la OSE ni hablamos).
También buena parte de los intendentes (de todos los partidos) penalizan a los vecinos con aumentos que exceden largamente la inflación en la contribución inmobiliaria, tasas y patente, para financiar delirios y desastres propios o ajenos; y el ex director de la DGI (hoy subsecretario de Economía) tiene el descaro de pretender que el aumento de tarifas “no es un ajuste fiscal”.
¿Es que la única forma de nivelar las cuentas en el Estado es aumentar los ingresos? ¿A nadie se le ha ocurrido la posibilidad de gastar menos? ¿No habrá llegado la hora de que los incompetentes negligentes y/o manirrotos, que malgastaron el dinero de los ciudadanos, asuman el esfuerzo de enmendar sus errores y, para variar, equilibren las cuentas deficitarias “ajustándose el cinturón” y suspendiendo la “cocacola”?
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