Hernández removido como asesor en DGI

En su edición del jueves 28 de noviembre, Búsqueda informó que el fiscal de gobierno Daniel Borrelli había detectado 2.190 vicios de forma en el expediente administrativo de la DGI en torno al caso del empresario futbolístico Franciso Casal y que en base a ese dictamen el presidente José Mujica resolvió desistir en el reclamo al contratista del pago de impuestos supuestamente evadidos. En el gobierno se especulaba con la posibilidad de que, tras un eventual fallo adverso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Casal iniciaría una millonaria demanda contra el Estado para resarcir daños y perjuicios por múltiples negocios con jugadores que vio frustrados en estos años debido al embargo dispuesto por la Justicia a pedido de la DGI.

De haber ocurrido tal extremo, el Estado hubiera debido aplicar el artículo 25 de la Constitución que prevé que, en caso de ser demandado por vía civil, este “repita” contra aquellos funcionarios que hayan actuado con culpa grave o con dolo para cobrarse lo que se haya tenido que pagar por reclamaciones a la administración.