Incapacidad para el posgrado

Cualquier ciudadano, integre o no el gobierno, tiene derecho a proponer lo que quiera. A lo que no tiene derecho, menos aun si lo integra, es a escamotear realidades por estrategia o ignorancia. Es un tema demasiado serio para posturas demagógicas o partidarias. Por algo prefieren “trabajar en la clandestinidad” basándose en que el programa electoral del Frente Amplio estableció que hará “las reformas necesarias en el Poder Judicial”.

Pero se requieren fundamentos de fondo, y no propuestas al voleo. La eventual sustitución de la Corte por la Udelar no tiene asidero: los antecedentes negativos de la Facultad de Derecho lo demuestran. Es recomendable caminar hacia el lado contrario.

En marzo, los decanos de todas las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados del Uruguay coincidieron en la urgencia de “buscar nuevos caminos para adaptar la enseñanza de Derecho” porque la masificación de la profesión “conspira contra la calidad de la enseñanza”.

Advirtieron que “muchos estudiantes que han aprobado todas la materias no saben (luego) elaborar y manejar los casos ni redactar correctamente los documentos inherentes al ejercicio profesional”. Esto queda en evidencia cuando los aspirantes a jueces son examinados para su ingreso al CEJU.

Por esa razón, expresaron los académicos, “preocupa especialmente el nivel de los egresados que optan por realizar la carrera judicial”.

No en vano la Udelar, aunque su rector, Roberto Markarian, pretenda inflar sus virtudes, está ubicada en el lugar 651 en el mundo y en el 96 en América Latina. En esto no vale la estúpida garra charrúa ni el exitismo patriotero. Hay que asumirlo, cambiar o sucumbir.

¿Con esos antecedentes, cómo alguien puede suponer que la universidad asuma la formación de los futuros jueces cuando sus aulas producen abogados fallados?

Pruebas al canto. En la última convocatoria para el curso del CEJU que comenzará el martes 4 de agosto fueron examinados 76 abogados de los cuales solo aprobaron 21. De los 55 rechazados, 50 son egresados de la Udelar, dos de la Universidad Católica, dos de la Universidad de Punta del Este y uno de la Universidad de la Empresa. De los que aprobaron, 19 son de la Udelar y 2 de la Universidad Católica.

El declive es notorio. Veamos: en 2008 concursaron 34 y aprobaron 22 (64,7%); en 2009 lo hicieron 19 y pasaron 16 (84,2%); en 2010 fueron examinados 14 y salvaron 8 (57,1%); en 2011 de 54 postulantes aprobaron 25 (45,1%); en 2012 concursaron 73 y salvaron 23 (43,4%) y en 2013 de 118 solo aprobaron 31 (36,3%). Para el curso de este año aprobó el 27,6%. ¡Un desastre!

Es la prueba del nueve sobre el bajo nivel de la formación de los abogados que aspiran a ser jueces. Lo es porque las pruebas a que se los somete son sobre temas centrales, basados en el conocimiento y el razonamiento. La cuestión central es entonces la materia prima, la pésima calidad de los abogados y no quién imparte los cursos de posgrado.

Si nos guiamos por lo relatado, la página de la Facultad de Derecho de la Udelar miente: “El egresado de la Carrera de Abogacía es un profesional con sólidos conocimientos en la Ciencia Jurídica —en el marco normativo nacional e internacional— así como en la relación del Derecho con las Ciencias Sociales y Humanísticas en general, todo lo cual le permite desarrollar la capacidad analítica para resolver problemas jurídicos con un enfoque humanista”. ¿No es increíble?

Una preocupación adicional es el bajo número de aspirantes. Aunque todos egresaran no alcanzarán para cubrir las vacantes regulares. Mucho menos para proveer los cargos para el nuevo Código del Proceso Penal.

Además habría que sortear leyes. El artículo 79 de la Ley Orgánica de la Judicatura dispone: “La Suprema Corte de Justicia propiciará la realización de cursos de posgrado especialmente dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso a la Judicatura. En tal caso, el abogado que hubiera hecho y aprobado el curso tendrá prioridad en el ingreso”.

El CEJU surgió en 1987 por un acuerdo entre la Corte, el Ministerio de Educación y Cultura y la Udelar. Se creó una comisión para administrar el organismo y organizar los cursos. El CEJU se incorporó al Poder Judicial por la ley 16.736 bajo la dependencia de la Corte con autonomía técnica. Esta ley fue sustituida por la ley 17.930.

De cualquier manera, puede resultar interesante un debate sobre la cuestión. Obviamente que con todas las cartas arriba de la mesa.