La Cooperación Andina de Fomento (CAF) y la Intendencia de Canelones (IDC) firmaron esta semana un “acuerdo de intención” previo al convenio definitivo entre ambas entidades. A través de un fideicomiso cuyo fiduciario será República Afisa, se financiarán US$ 12 millones a pagar en 20 años, a una tasa de interés por debajo del tope aprobado recientemente por la Junta Departamental de Canelones (JDC).
Se trata de la primera vez que un organismo multilateral financia directamente a un gobierno subnacional en Uruguay, algo que según indicó en rueda de prensa el jefe comunal, Yamandú Orsi, constituye “una señal de confianza, de certidumbre y seguridad”.
Sin embargo, mientras las autoridades municipales celebran este avance, la decisión fue cuestionada por ediles de la oposición, quienes critican el largo historial de Canelones respecto al uso de herramientas de financiamiento. Según dicen, esto condiciona la posibilidad de gestionar con recursos propios a las futuras administraciones y genera una “bola de nieve” difícil de revertir.
Es que este fideicomiso forma parte del segundo préstamo aprobado en el departamento en este período de gobierno, luego de que la JDC votara dos anuencias de endeudamiento en 2022; una por US$ 44 millones destinada a obras públicas y otra por US$ 22 millones para invertir en limpieza, caminería rural, movilidad eléctrica y alumbrado público.
Garantías
El exsecretario general de la IDC y actual asesor del intendente, Gabriel Camacho, explicó a Búsqueda que generalmente los organismos multilaterales otorgan préstamos a los gobiernos nacionales, que cuentan con “garantía soberana”, los cuales luego transfieren los recursos a las intendencias. Es por eso que destacó el otorgamiento directo de la CAF al gobierno departamental de Canelones y afirmó que este caso representa un acuerdo “muy innovador a nivel regional”.
“No es habitual en América Latina que los fideicomisos se otorguen a los gobiernos subnacionales. Pero esto abre la posibilidad a la CAF de comenzar a promocionar esta herramienta en otros países”, explicó Camacho. Destacó que en Uruguay fue posible hacerlo gracias al desarrollo de este tipo de instrumentos jurídicos financieros y al marco legal, aunque señaló que no es algo que se prevea replicar en este período de gobierno.
Uno de los aspectos criticados por el Partido Nacional, que no acompañó la votación del crédito, refería al destino que se le daría a ese dinero. Según dijo a Búsqueda el edil nacionalista Gustavo Morandi, lo que ocurre con este tipo de herramientas es que “los recursos se terminan perdiendo en la estructura departamental”, al destinarse a cubrir costos del funcionamiento diario y la contratación de funcionarios.
“Sí apoyamos el uso de estas herramientas de financiamiento cuando son para consolidar obras de infraestructura que perduran y se incorporan luego al patrimonio de la intendencia. Pero si se usa, por ejemplo, para sueldos, nos vamos a quedar sin el recurso y vamos a endeudar aún más hacia adelante”, criticó.
Sin embargo, Camacho explicó que este fideicomiso estipula explícitamente en qué se utilizarán los fondos y “su único destino es para pagar un plan de obra”.
“El intendente no puede disponer de esos recursos para nada distinto a lo que se le planteó a la JDC en el plan de obra, que forma parte del contrato. Esos fondos están en una caja distinta, como blindados”, explicó el asesor departamental.
Según un listado al que accedió Búsqueda, el dinero se utilizará para llevar adelante 22 obras de arquitectura como poliderportivos, centros culturales, plazas, paseos, estaciones, parques, gimnasios, teatros, centros de rehabilitación y mantenimiento de municipios. Además, se distribuirán en todo el departamento; se utilizarán en San Antonio, Las Piedras, Migues, Colonia Nicolich, San Jacinto, San Ramón, Aguas Corrientes, La Paz, 18 de Mayo, Canelones, Parque del Plata, Atlántida, La Floresta y Suárez.
Otro de los puntos discutidos fue la tasa de interés que generaría este crédito. La JDC había autorizado un máximo de 7%, pero finalmente el interés real será de 4,5%. En esa línea, Camacho destacó además que el préstamo haya sido acordado en pesos uruguayos, ya que generalmente la CAF otorga solo financiamiento en dólares.
“Tuvimos bastantes dificultades para ponernos de acuerdo con ellos sobre este punto. No podíamos comprometernos a un préstamo en dólares porque nos poníamos en un riesgo enorme respecto al cambio. Y fue la primera vez que la CAF decidió otorgar un crédito en moneda local”, destacó.
Historia
La larga trayectoria de Canelones con herramientas de financiamiento comenzó “como una cuestión de necesidad”, dijo Camacho.
Según señaló, cuando el Frente Amplio asumió la intendencia en 2005, la comuna canaria “debía tres presupuestos anuales y juicios sentenciados que no podía pagar”. Es por eso que con el fin de cancelar ese pasivo, la IDC accedió a un primer fideicomiso a largo plazo; además, el aumento de la contribución en 2011 y la instrumentación del Sucive incrementaron el presupuesto propio, hasta lograr por primera vez en 2013 superávit en la Rendición de Cuentas, agregó.
“Desde aquel entonces, en cada período de gobierno utilizamos algún tipo de instrumento como este para financiar obras en Canelones. Porque además nos convertimos en buenos pagadores, lo cual nos pone en otra situación frente al mercado financiero, nos hace atractivos para generar este tipo de desarrollos”, opinó.
Por su parte, Morandi cuestionó que no se haya explicado en la JDC cuál será el mecanismo o formato de pago de este crédito. Además, criticó el proceso de endeudamiento de la intendencia, ya que, según cálculos de la oposición departamental, hoy la deuda de la comuna asciende a más de US$ 500 millones.
“Y es una administración que tiene un ingreso en torno a los US$ 240 millones anuales. Por eso nos parece excesivo”, afirmó. Como ejemplo, se refirió a la Intendencia de Montevideo, la cual “debe la mitad que Canelones pero recauda el triple”.
“Esto condiciona la posibilidad de gestionar con recursos propios a las futuras administraciones, porque se amortizan en un plazo de 20 a 25 años. Además, todos los períodos de gobierno sucesivos han venido sumando a esa deuda, que hoy resulta impagable con los recursos del departamento”, cerró.
