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    La ADPPS y la paranoia

    N° 1822 - 02 al 08 de Julio de 2015

    Mediante ironías burlonas, un sagaz esgrimista verbal sostiene que el cuestionamiento sobre el traslado de la jueza Mariana Mota de la materia penal a la civil se ha transformado en una bandera de la ADPPS (Asociación de Perseguidos Por el Sistema). Alude a esa asociación virtual para referirse a quienes se suman al desafinado coro de protestas por intereses políticos o gremiales para que no decaiga su movilización.

    Poco les importan los argumentos jurídicos, la estabilidad institucional y poner en duda la honestidad de los organismos jurisdiccionales y de sus integrantes. La cuestión es abonar la idea de que el sistema los persigue. Mediante quejumbrosos argumentos procuran convencer a los ciudadanos de que existe una conspiración. En el caso de Mota ocurre desde setiembre de 2013, cuando los energúmenos de la ADPPS coparon la Suprema Corte de Justicia para impedir su traslado. Desde entonces, escupen argumentos publicitarios falsos: “Es una purga”; la Corte abona “la impunidad para los criminales de lesa humanidad” o “Mota era una barrera para impedirlo, por eso la sacaron”.

    La trasladaron, afirman, porque desarrollaba varias investigaciones por violaciones a los derechos humanos y la Corte pretendió trabarlas en consonancia con la declaración de inconstitucionalidad de artículos de la “ley de caducidad”. ¿Los fiscales son de palo? ¿Solo incide el trabajo del juez?

    Razonemos a la inversa: ¿acaso para impedir que investigara la Corte trasladó al juez Luis Charles, que tenía el más relevante expediente sobre los mayores violadores a los derechos humanos (los procesados José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y José Sande)? ¿O trasladó al juez Rolando Vomero antes de que procesara al general en actividad Miguel Dalmao? ¿O sacó de su cargo a la jueza Graciela Gatti antes de que encarcelara al dictador Juan María Bordaberry? Más tarde los promovió para ascender a ministros de los tribunales de apelaciones. Y eso tampoco puede interpretarse como un premio.

    La cuestión orilla lo delictivo cuando Mota y la ADPPS descalifican a su sustituta, la jueza Beatriz Larrieu. Algunos vocablos como cerdada, perversión, obscenidad o sordidez, sinónimos de inmoralidad, se ajustan como anillo al dedo para los cuestionamientos a Larrieu.

    Al recurrir su traslado, Mota expuso, como corresponde, argumentos legales. Pero tras la sentencia del 2 de junio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) —que por mayoría respaldó su traslado—, cargó, apuntó y disparó contra Larrieu.

    “Había causas para decidirse que estaban cuando yo me fui y todavía no se han decidido, aunque no lo puedo decir; yo ya no estoy en el juzgado. Hace más de dos años y hasta hoy no se decidió ninguna. Habría una media docena de causas que se podrían haber decidido ya”, acusó en “El Espectador”.

    La semana pasada, la jueza Larrieu aclaró en Búsqueda que solo hay dos de esos expedientes con pedidos de procesamiento de la Fiscalía.

    ¿Qué quiere decir Mota? ¿Que Larrieu apoya la impunidad? ¿Que no es imparcial? ¿Que está al servicio de quienes violaron los derechos humanos? ¿Que es haragana o venal? ¿Que ella es más diligente, más capaz y más decente? ¿Que conspira con los fiscales para no avanzar?

    El discurso no es nuevo. El 17 de marzo, una periodista de Teledoce transcribió una versión escrita de una entrevista a Mota y dijo que tras finalizar le comentó: “El hecho de ser mujer y no pertenecer a la masonería también influyó en todos los contratiempos que devinieron en mi traslado”. Añadió la paranoia de la discriminación de género y el peso de la masonería.

    Sus dichos parecen revelar un trastorno obsesivo compulsivo y desnudan rencor y resentimiento, por no hablar de mala fe. Razones suficientes para que no sea juez. Ni siquiera de fútbol, salvo que la avale la FIFA, tan mafiosa como la ADPPS.

    Su traslado por razones de servicio no afectó su carrera, su jerarquía ni su salario. Tampoco derechos jurídicamente protegidos. No la relegaron a un lugar geográfico diferente a Montevideo, lo que hubiera sido una sanción.

    ¿Que es especialista en Derecho Penal? Capaz que sí. ¿Tiene títulos de posgrado o una carrera docente para avalarlo? Conozco varios que dicen serlo pero hacen la O con un compás.

    De cualquier manera, si para la Corte fuera obligatorio no trasladar a un juez presuntamente especializado se vaciaría de contenido la norma constitucional que la faculta. Además, resultaría nocivo para el sistema: trabaría la rotación de los magistrados y su propia carrera administrativa. La Corte señaló en el TCA que durante 2012 y 2013 decidió más de 100 traslados mediante el mismo mecanismo y nadie recurrió.

    Si a Mota la propusieran como ministra para un Tribunal de Apelaciones de Familia, de Trabajo o Civil, y no a uno Penal, ¿rechazaría el cargo? ¿A qué no?

    Hace algunos años le comenté a un ministro de la Corte que el ejercicio del poder de un juez puede abonar en algunos su arrogancia y alterarle el equilibrio. Por eso, de la misma forma que a los aspirantes a magistrados se los somete a pericias psicológicas (la mayoría no las superan), serían convenientes pericias psicológicas periódicas a los jueces en actividad en beneficio del sistema y como garantía para los justiciables.

    El ministro abrió los ojos como dos huevos fritos y me dijo: “¡Usted delira; tendríamos una revuelta de magistrados!”. Probablemente, pero también más garantías.