Sin lugar a dudas el sistema de seguridad social (también conocido como sistema previsional) uruguayo –como la mayoría de los demás sistemas del mundo– está pasando por una profunda crisis, debido a múltiples causas; por el natural aumento de la expectativa de vida del ser humano, la universalización de derechos para acceder a este beneficio, escaso trabajo, y particularmente en nuestro país la escasa población, etc. Pero creo que estamos omitiendo un pequeño detalle, y es que si bien el ser humano vive más, no quiere decir que su biología natural le permita trabajar en las condiciones habituales más tiempo, o por lo menos esto afecta de diferente forma a diferentes profesiones u oficios. Un conductor de camión u ómnibus de una empresa de transporte de carga o pasajeros, a partir de los 60 años, sus reflejos y otros aspectos están condicionados por la cronología de la biología; y por tal motivo hoy en cada trabajo existen bonificaciones acorde a la insalubridad que deteriora la fisiología del individuo. Parecería que confundimos este aspecto. Pero sé que los expertos lo tienen en cuenta. Dentro de esta situación previsional que se hace insostenible, el tema de la Caja Militar, parecería que ha sido una espina para todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia. Como oficial en retiro del Ejército Nacional, voy a opinar sobre nuestro sistema de seguridad social, intentando realizar un humilde análisis para dar luz al respecto.
Cuando escucho a la prensa que pregunta sobre la situación previsional en general, la siguiente es acerca de la “Caja Militar” en particular y se hace de una forma inquisidora; casi aplicando una vez más la teoría de “los dos demonios”, aunque acá aparece solo uno, los militares. Como si fuéramos responsables del inminente colapso de todo el sistema. Es casi una ignorancia perversa, porque no se sabe si es por desconocimiento o por odio, o una mezcla de ambos; lo cierto es que se igualan las condiciones. Puedo comprender a la población en general, ya que no tiene por qué saber, pero no a los entendidos y responsables de la administración y conducción de la nación. Cuando se pone a alguien a gestionar, se supone que debe aprender (si lo sabe de antes mejor) acerca de su función y su responsabilidad por el bien común. Y aclaro que este bien común es buscando el equilibrio entre la sociedad en su conjunto y una corporación en particular (salud, construcción, educación, transporte, etc.).
Primeramente debemos entender que la Caja Militar no es una caja sino un servicio, su nombre es “Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas”. Afortunadamente el idioma español tiene para cada situación destinada una palabra con una o varias acepciones: por lo tanto definiremos ambos conceptos. Según la Real Academia Española “Caja” es ?Pieza, sitio o dependencia destinados en las tesorerías, bancos y casas de comercio a recibir o guardar dinero o valores equivalentes y para hacer pagos' o ?Tenencia de dinero por un agente económico' o ?Registro contable en el que se anotan las entradas y salidas de efectivo'; incluso vamos a definir “caja de ahorros”, que significa en economía ?Entidad de crédito originariamente constituida como fundación de naturaleza privada y finalidad social, especializada en la financiación de las familias y las pequeñas y medianas empresas'. Mientras que el término “Servicio” proviene del latín servitium (esclavitud, servidumbre) y significa ?Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada...'
Otro aspecto es la raíz histórica de nuestro sistema, ya que el concepto actual de Montepío surgió en España en 1761 con el nombre de “montepío militar”; que era un descuento que se les hacía a los soldados españoles para que cuando se retiraran de su servicio por 16 o 24 años, pudieran recibir un dinero y que nuestra jurisprudencia recogió en 1828 dando origen al “servicio de retiro militar” uruguayo.
Partiendo de estas iniciales apreciaciones, profundizaremos hacia aspectos más técnicos. El sistema de seguridad social uruguayo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo forman por un lado un bloque principal donde el administrador es el BPS del que dependen las Cajas de Industria y Comercio, la Civil y Escolar y la Rural y Servicio Doméstico y por el otro como subsistemas paralelos, se encuentran las cajas paraestatales, como ser la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios. Estas cajas tienen la particularidad dispuesta por ley de que sus recursos provienen además de los aportes personales y patronales jubilatorios, de poder realizar inversiones empleando el “fondo de ahorro previsional”, que permiten una rentabilidad a través de proyectos de inversión, empréstitos y retribuciones de alquileres, o el cobro de timbres profesionales, etc. En cambio, el segundo de los subsistemas paralelos, son los servicios estatales, conformados por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y su similar Policiales, que no pueden hacer nada de aquello, o sea solamente dependen de los aportes personales y patronales jubilatorios y de Rentas Generales, además de que “están sujetos a jerarquía”, lo que los hace dependientes de un sistema, a diferencia de las cajas.
En busca de la simplificación de términos, y después de esta explicación, en lugar de referirse a la “Caja Militar”, se debería decir el “servicio de retiro militar”, son solo dos palabras más y se cumple con la vital diferencia técnica.
Históricamente los salarios del personal militar han sido bajos, salvo durante el proceso dictatorial cívico militar del 73 al 85, donde simplemente se logró una justa equiparación a otras áreas del sector público. Al retorno a la democracia, se volvió a la antigua situación salarial, siempre bajo la inequidad conceptual –y que no estamos de acuerdo– de “una vida de servicio económicamente austera o pobre, para alcanzar una vida en retiro económicamente digna”. Y esto, así planteado, debería ser comprendido, aunque sabemos que hay sectores que no quieren y no le importan entenderlo, y es más, hacen lo posible para que no se pueda comprender. De esta deformación conceptual, viene el mito de los privilegios militares.
Un ciudadano común trabaja diariamente con un objetivo, generar la riqueza necesaria para colmar sus necesidades básicas, en el entendido de que cuanto más trabaja (horas extras y facilidad de doble empleo) y más se premia su labor (salario vacacional, nocturnidad, presencialidad, etc.) más genera y de esa forma puede mejorar su calidad de vida –vivienda, movilidad, confort en general– nada que no sean aspiraciones naturales que promulgan los derechos humanos y que generan movilidad social. Pero los militares no tenemos este derecho, somos de los servidores públicos –al igual que los policías– que no tenemos esos privilegios. Mientras que los ciudadanos comunes, cuanto más trabajan más mejoran su situación personal, los militares cuanto más trabajan, solo mejoran el bien común de aquellos que defienden y protegen en momentos de crisis o conflictos armados.
Claro, todos queremos y deseamos que esto se invierta; ganar más en actividad y al igual que el resto de los ciudadanos, obtener un retiro menor y acorde, sin esperar 36 años de vida, para alcanzar una situación digna. Lo que un Estado debería proporcionar a sus fuerzas armadas, afortunadamente nuestra generación lo obtuvo a través de las llamadas “misiones operativas de paz”, las que permitieron al personal militar, colmar parte de sus expectativas y necesidades básicas. Arriesgar la vida en lejanas tierras, donde varios camaradas no retornaron con vida u otros lo hicieron con enfermedades de por vida, o como afecta a la familia ese distanciamiento, es un precio a la vez muy alto, pero aceptable en nuestra idiosincrasia, ya que no solo ejercemos nuestra tarea, sino que defendemos en ultramar el prestigio del Uruguay y sus gobiernos.
Se habla de privilegios, bueno por ahora no interpreto mucho donde se encuentran; yo diría que cada sistema tiene sus propios mecanismos de impartir justicia social de acuerdo a las profesiones y oficios. Por ejemplo en el caso de las “bonificaciones por años trabajados”, recién en esta reforma del año 2018, se contempló para los retiros militares en forma universal (y no como antes que era solo para aquellas especialidades que por sus actividades en que el riesgo es aún mayor con respecto al resto del personal o por deterioro físico), siendo que los médicos de sanidad militar nos dicen, que afecciones como la pérdida de audición, problemas circulatorios así como los traumatológicos entre otros, son moneda corriente en nuestra profesión, los comúnmente llamados desde la época de Artigas los “achaques del servicio”.
En el caso de las “cajas” las bonificaciones por años trabajados son algo natural (y así debe ser), ya que retribuyen el esfuerzo y el desgaste en relación a su trabajo, como por ejemplo más allá de lo sanitario o industrial, los técnicos profesionales de Casinos Municipales de Montevideo, la unidad de vigilancia y protección de Ancap, el cuerpo de baile del Sodre, los docentes en general y categorizados acorde a su nivel en donde imparten enseñanza, los empleados administrativos de fiscalización, etc.
Finalmente, analizaremos rápidamente las causas del abultado “supuesto” déficit y su asistencialismo. Con el aumento de efectivos de las fuerzas armadas en los años 70, las cuentas del “servicio de retiro militar” generaron un superávit. A partir del retorno a la democracia (a mediados de los 80), y por decisiones políticas, la situación comenzó a invertirse en forma paulatina provocada por dos variables. Una, la desvalorización de los salarios de las fuerzas armadas con respecto a otras áreas –nuevamente, como ya lo hemos expresado– y la otra la disminución sostenida de los efectivos, lo que provocó una relación actual de casi tres pasivos por cada dos activos.
Durante los años 90, como forma de intentar paliar esta situación que podría tornarse crítica, el mencionado servicio propuso invertir en ciertas áreas que pudieran favorecer su capitalización, ya que hasta 1973 era una caja y ahí pasó a ser un servicio. Pero muy coherentemente, el gobierno del momento negó tal iniciativa y marcó claramente que no se podía realizar debido a su función, la de ser un servicio. Es más, apelando a este concepto varias veces el gobierno fue asistido por el servicio, volcando un menor monto de Rentas Generales para cubrir los retiros y las pensiones militares, donde la diferencia debía ser cubierta con el mencionado superávit. Asistencia repetida hasta que tal superávit desapareció, tornándose paulatinamente de déficit.
A diferencia de las cajas, el Servicio de Retiro Militar nunca recibió los “aportes patronales jubilatorios” por parte del Estado, aspecto quizás natural en el entendido de su función, pero manipulado negativamente al momento de explicar las causas del “déficits”; al igual que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, más conocido por su sigla IASS, donde esos montos recaudados en lugar de ser vertidos al servicio, son retenidos por el BPS para su utilización.
Otra causa ha sido la Ley 17.949 “Personal militar destituido, desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares, por razones políticas o ideológicas” del 2006, que abarca el período de 1968 a 1985, donde se consideraron los tiempos mínimos de ascensos, y asegurando que se le considerara al personal Superior y Subalterno el máximo de jerarquía a la que podía haber accedido normalmente; agregándosele al haber de retiro el 25% como resarcimiento por los daños y perjuicios a modo de renta vitalicia y por única vez una indemnización cuyo monto ascendió a 24 veces el haber de retiro o pensión. Asimismo se estableció que en los casos de beneficiarios que hubieran fallecido, sus causahabientes tuvieran derecho a pensión del grado que hubieran alcanzado. Y finalmente la ley disponía que la “Caja Militar” aplicara la Resolución del Poder Ejecutivo reformando la cédula jubilatoria de cada involucrado.
Como vemos, tal asistencialismo para el “servicio de retiro militar” es una obligación del Estado y está vinculado a sus decisiones políticas. Y recordemos que las “cajas” que realmente no necesitarían de ese asistencialismo, lo reciben a la par de los servicios. En cuanto a los privilegios simplemente cada componente tiene los suyos acorde a su particular situación, y ese es un derecho justo y que evita la desigualdad.
Alfredo J. Bravo
CI 1.4.99.415-0
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