La Justicia ante el nuevo gobierno

La ruta para definir los nuevos ministros surge de la Constitución. Establece que la Asamblea General designará por dos tercios de votos a los titulares de ambos organismos y si a los 90 días no hay acuerdo ingresará “automáticamente” el ministro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones. La antigüedad se genera desde el momento en que se le concede la venia a un magistrado para ir a un tribunal.

Dentro de una semana, el 5 de noviembre, también cesa el ministro de la Corte, Julio Chalar, por cumplir 70 años; será sustituido por Felipe Hounie. Para el caso se aplicará el sistema de la antigüedad.

Cuando consulté a seis legisladores de diferentes partidos que se desempeñarán como diputados y senadores, cuatro coincidieron en “la imperiosa necesidad” de que la próxima administración designe a los nuevos ministros mediante un acuerdo político. Consideraron “conveniente” que esos acuerdos abarquen a todos los que cesarán “para evitar sorpresas” y porque “los uruguayos merecen tener a los mejores jueces”. Otros dos legisladores, prescindentes, ignorantes o abúlicos, le quitaron trascendencia al tema: “Es secundario”.

Un senador advirtió: “Pocas veces miramos hacia los ámbitos jurisdiccionales. Es necesario cambiar esa mentalidad, como ocurrió en 2012 al acordarse cuatro vacantes. Entonces los políticos hicimos valer la prioridad de la Carta evaluando experiencia, antecedentes, conveniencia y conocimientos, y mediante un debate abierto y democrático se logró la unanimidad”.

Durante las negociaciones de 2012 ocurrió algo inesperado. Las ministras de tribunal Beatriz Fiorentino y Elena Martínez —que entonces ocupaban en la lista el noveno y décimo lugar, respectivamente— rechazaron ser designadas al TCA y reivindicaron el respeto por las antigüedades. Hoy continúan entre las más antiguas en una lista que encabeza Hounie seguido por Eduardo Vázquez Cruz, Eduardo Turell, Fiorentino, Martínez, Selva Klett, Bernadette Minvielle y Luis Tossi. Históricamente, los jueces han defendido las antigüedades como el camino idóneo para llegar a las cúpulas porque, sostienen, respeta “la carrera judicial”. Nunca plantearon modificar la Constitución.

Los cuatro legisladores —que demostraron conocer la “interna” judicial— insistieron en que ante un eventual acuerdo político nada obliga a ceñirse a las antigüedades; hay “otros candidatos tan capacitados como los más antiguos”. Citaron alternativamente a Alicia Castro, Tabaré Sosa, Luis María Simón, Lilián Bendahan, Graciela Gatti, Juan Carlos Contarín y Rosina Rossi.

Queda por el camino, o durmiendo una siesta permanente, un proyecto del Colegio de Abogados del Uruguay que fue rechazado con énfasis ante los legisladores por el gremio de los jueces, representado por Rolando Vomero y Alberto Reyes. Es comprensible porque está en la vereda opuesta a las antigüedades que los beneficia. La iniciativa reivindica un llamado público abierto, exige la presentación de trabajos académicos que avalen la pretensión y abre el juego para que —lo habilita la Constitución— cualquier abogado, incluso un fiscal, bajo determinadas condiciones pueda aspirar a ser ministro de la Corte y del TCA.

Otro requisito para asegurar idoneidad consiste en comparecer ante un grupo examinador para ser interrogado sobre temas jurídicos y de interés general como ocurre en otros países; interrogatorio que sería de carácter público.

En 2012, luego del acuerdo político para las designaciones en la Corte y el TCA, el senador herrerista Gustavo Penadés fue terminante: “Se acabó con que los jueces se sienten al costado del camino a calcular y esperar ser el más antiguo y con eso llegar”.

No tenía razón. Fue demasiado optimista o sus colegas lo dejaron solo. Recientemente, al vencer el plazo para la vacante que dejó el ministro del TCA Dardo Preza, ingresó por antigüedad José Echeveste y ahora lo hará a la Corte Hounie al vencer el 5 de febrero los 90 días del cese de Chalar.

En esto no corren los balotajes ni la incertidumbre de las encuestas; solo la voluntad política de todos.