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La defensa de los valores esenciales jamás se debe medir en términos políticos ni económicos sino considerando los beneficios o perjuicios para la sociedad. Hace varias décadas el Estado apoyó a los productores de vino con un eslogan publicitario: “¡El vino es vida, bébalo usted y déselo a sus hijos!”. Un monumental disparate que contribuía a destrozar esos valores.
Desde mucho antes se bebía vino suelto, caña, grapa, cerveza y, en menor cantidad, whisky. Beber alcohol (o emborracharse, igual que hoy) formaba parte del esparcimiento. Era un bálsamo para las penas de amor, reforzaba los festejos deportivos, alentaba el ingreso a la “hombría” y, al terminar la jornada laboral, tomarse varias copas era casi una obligación. Una filosofía reivindicada en letras de tango y boleros y por algunos personajes de la literatura y el deporte convertidos en mitos.
Pocos tenían conciencia del nocivo efecto para la salud personal y el daño a terceros que producen la adicción y el abuso del alcohol. En el pasado también existían el “delirium tremens”, la cirrosis, las lesiones en el páncreas o el hígado, o el cáncer de esófago. No había campañas públicas que alertaran sobre esos riesgos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que en Uruguay el alcohol es la droga más consumida por jóvenes y adolescentes y que los comas alcohólicos son frecuentes. Un informe de la Junta Nacional de Drogas reveló hace unos años que uno de cada tres estudiantes había padecido abuso de alcohol. Las bebidas más consumidas son el vino, la cerveza y el whisky.
Según el informe, se empieza a beber con 12,9 años de edad y las intoxicaciones han aumentado desde 2005. Otro informe de la OMS de mayo pasado establece que Uruguay ocupa el octavo lugar en América Latina en el consumo anual con 7,6 litros per cápita.
En los últimos veinte años creció entre los jóvenes el consumo de cerveza, vino en caja y la combinación de bebidas blancas mezcladas con refrescos. Algunos las combinan con otras drogas. Otros, luego de emborracharse, consumen cocaína para aparentar sobriedad.
Se ha convertido en una gravísima cuestión de salud pública en el sentido más amplio. No solo por el daño a cada bebedor y al futuro de los adolescentes, sino porque genera improductividad laboral, es un disparador para los accidentes de tránsito y provoca agresividad, que junto con otras drogas es detonante de delitos como la destrucción de objetos privados y públicos, lesiones, violencia doméstica, rapiñas y homicidios.
Al asumir, el presidente Tabaré Vázquez anunció que impulsará acciones “muy fuertes” contra ese consumo, similares a las del tabaco durante su primer período de gobierno.
Probablemente su buena intención tropezará con las vallas de cierta indiferencia popular y con la idea de que el consumo es ampliamente aceptado socialmente. Más aún, en su entorno se fomenta y no hay señales en contrario. Pocos lo consideran negativo. Esta adicción recorre todo el Estado, el ámbito privado, los sindicatos, el carnaval y el deporte profesional, mal que le pese a algunos hipócritas.
Un ejemplo notorio es el del ex presidente José Mujica. Poco después de la propuesta de Vázquez dijo que prefiere viajar al interior en ómnibus, no porque sea más descansado y seguro, sino porque así “me puedo tomar algún trago”. Alguien podrá interpretarlo como una zancadilla al presidente. Quizá fue una expresión de sus deseos y el de quienes lo acompañan.
Ni hablar de los beberajes de los fines de semana en la rambla, parques, plazas y estadios, o entre semana en la vía pública donde las bebidas alcohólicas se transforman en refrescos. ¿Cuánto influye esa ingesta en las incontroladas picadas por la rambla? ¿Y en la violencia en las canchas? ¿Deben restringirse las licencias para vender alcohol? ¿Es posible sancionar, juzgar o incautar bebidas a los consumidores callejeros? ¿Hay suficiente personal para ese control? ¿Se debe y/o puede obligar a los consumidores a una terapia? Las interrogantes son infinitas.
Si como dice la OMS el alcohol es una droga, el Estado es el principal productor y distribuidor a través de la ANCAP.
Hace un tiempo, el ex catedrático de Derecho Penal y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli, advirtió que esa droga está legitimada por el Estado pero no está comprendida dentro de la ley de drogas. Marcó la dicotomía de que la ley penal considere a la embriaguez como atenuante de un delito y no ocurra lo mismo con el consumo de otras drogas. Un ebrio puede ser inimputable de un delito, pero no ocurre lo mismo con las otras drogas.
Vázquez comenzó una batalla más compleja que la del tabaco. Una cosa es prohibir fumar en lugares públicos y otra prohibir beber alcohol o combatir su consumo según la hora, el lugar y determinadas edades. Sin el apoyo de todos los partidos, del gremio médico, empresarios y organizaciones sociales, parece difícil.
Esta semana, al responderle al presidente de OSE, Milton Machado, sobre su decisión de exonerar del pago de la tarifa de agua corriente en Maldonado, el presidente reiteró cuál es su rumbo: “Para nosotros la salud pública y la dignidad de vida de los uruguayos ocupa un primerísimo lugar”.
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