La identidad oculta

A fines de 2007, al cumplir cien años, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) elaboró un “Manual para docentes” de 95 páginas coordinado por el historiador Benjamín Nahum. Pretendía ser “un instrumento” para que los profesores de la enseñanza media les transmitieran a sus alumnos “una exposición clara y precisa” sobre el Poder Judicial. Nunca se informó sobre la evaluación del Codicen respecto a ese manual. Tampoco cuándo o en qué ocasiones fue utilizado. Si es que se lo utilizó.

Naturalmente, el aprendizaje básico debe iniciarse en primaria (interesante sería saber cuánto conocimiento tienen las maestras sobre este tema o si integran ese 70% que sabe poco o nada) y afianzarse en la enseñanza media. Pero ¿qué podemos esperar si en la etapa de ampliar el conocimiento, entre primero y sexto año de secundaria, el 37,4% repitió o desertó, y en el bachillerato la repetición fue del 40,8%? ¡Qué les importa el sistema judicial si les son ajenos aspectos elementales de la educación!

Tampoco se ha hecho mucho para revertir el desconocimiento que desnudó la encuesta. No es demasiado relevante que indique que 53% le asigna confianza al sistema judicial. El dato es bueno para el Poder Judicial, pero ¿es un porcentaje fiable? ¿En qué fundamenta el consultado esa confianza si 70% admitió que conoce poco o nada sobre el Poder Judicial?

Es más grave. Solo uno de cada cuatro encuestados dijo estar informado sobre el funcionamiento del sistema judicial, lo que incluye, entre otras cosas, su ubicación institucional, el sistema procesal, la función de jueces y fiscales y las diferentes etapas hasta llegar a la sentencia final. Vale decir que tres de cada cuatro uruguayos viven ajenos a ese mundo.

La consulta arroja otro indicador llamativo. Ocho de cada diez personas no recuerdan haber participado en algún proceso judicial. ¿Es posible? Según los datos del “Anuario Estadístico” del Poder Judicial, el año pasado la demanda del servicio de Justicia fue de 215.325 asuntos iniciados en todas las materias. Significó un crecimiento de 7,4%. A esos expedientes hay que añadirles los que seguían en trámite de años anteriores.

Si el año pasado solo hubieran intervenido en cada caso demandante y demandado en los asuntos civiles, y denunciante y denunciado en los penales, serían 430.650 personas. Pero la experiencia y el sentido común indican que los participantes en un proceso judicial son muchos más que esos —aunque en algún caso repitan— considerando a los testigos y a los funcionarios de diferentes especialidades.

Por eso el dato de que ocho de cada diez hayan expresado que no recuerdan haber participado en algún proceso judicial, tampoco me cierra; probablemente no respondieron la verdad, no entendieron lo que es participar en un proceso judicial o la pregunta era demasiado cerrada para desarrollarla y aclararla.

Es que la variedad de asuntos ratifica la participación: divorcios, pensiones alimenticias, desalojos, faltas, tenencias, adopciones, extradiciones, sucesiones, juicios por cobro de pesos, demandas laborales, juicios contenciosos, embargos, asuntos de menores y familia y comparecencias ante la Justicia penal son algunas de las instancias que determinan, necesariamente, un conocimiento de los ciudadanos, aunque sea superficial, respecto del sistema de justicia.

Aun con esas salvedades, es indiscutible el amplio desconocimiento sobre el funcionamiento y la filosofía del sistema judicial sobre el cual, con la excepción de los pocos formados en leyes, están incluidos muchos gobernantes.

Igual o mayor desconocimiento hay seguramente sobre el funcionamiento y cometidos del Ministerio Público (los fiscales).

La semana pasada señalábamos que ante la vigencia en 2017 del nuevo Código del Proceso Penal cambiarán las reglas de juego. Nada será igual. Por esa razón, conocida esta encuesta, con más razón se impone una campaña informativa, amplia y clara. De lo contrario la confusión será un grave problemas para los ciudadanos y para el sistema.

Mucho más grave que el desconocimiento de los ciudadanos es que se ignore su derecho a tener más y mejor conocimiento. Es necesario que quienes requieren o pueden requerir el servicio de justicia sepan cuáles son sus derechos y obligaciones, qué pueden esperar y cuánto tiempo demorará un fallo final. Los tiempos judiciales no son los de la voluntad o el deseo del afectado.