Adeom se ha referido al tema, aunque no para ayudar a erradicar el maltrato al usuario durante el trámite, sino para catalogar como privatización el “otorgamiento de la certificación médica de los postulantes” que, durante la pandemia, habilitara la administración municipal. Cabe señalar que no se oyeron quejas de parte de los usuarios que debieron tramitar su certificado médico en centros habilitados por la propia IM.
Es en razón de lo dicho que aspiro a que mi denuncia del maltrato del que he sido víctima en reiteración real trascienda mi caso particular y ayude a que las autoridades se sientan cuestionadas, movidas a la autocrítica, obligadas a la revisión de las políticas, al cambio en los procedimientos que resultan violatorios y, de ser necesario, a la remoción de los funcionarios que muestren un desempeño incompatible con los DD.HH. en una democracia.
El no ser la única víctima de los episodios a los que me refiero surge del sinnúmero de relatos de manoseos y arbitrariedades que he escuchado de otros usuarios mientras aguardábamos para seguir el trámite, o en reuniones de amigos y compañeros de generación. Porque, guste o no a los responsables de los servicios, estamos frente a hechos que cabe calificar de inhumanos y degradantes hacia la tercera edad. Es decir, hacia hombres y mujeres de la tercera edad que tienen un significativo rol que cumplir en lo que a construcción de democracia y transmisión de valores se trata, por lo que nada justifica que se los disminuya como si fueran personas descartables, cuando hasta el final de sus días debiera ser respetado su lugar en la vida de la familia y de la sociedad.
Haré referencia a la sucesión de los hechos que me tocara vivir sobre el entendido de que los funcionarios intervinientes no son todos merecedores de ser calificados de irresponsables y faltos de ética, ya que los hay probos y fieles a su condición de servidores públicos.
Para comenzar con lo relativo al certificado médico, me referiré a la Dirección del Servicio Médico de la División de Tránsito de la IM. Su director en ese momento, aunque se tratara de una persona de trato respetuoso con el postulante, y deseosa de conducir con rectitud el servicio, se veía indudablemente superado por la mala actitud en la atención al usuario mayor de edad que primaba en el Área Psicotécnica a través de la arbitrariedad y el maltrato. Dicho director, sin embargo, por lo que pude apreciar y experimentar, no lograba imponer sus directivas en dicha área en materia de DD.HH.
Uno se preguntará cómo hice para poder llegar a expresar con certeza tal afirmación. Pues… es muy simple. Porque fue el propio director quien sutilmente me lo hizo saber cuando, al terminar de hacerme el control médico para renovación para mayores de 80 años (visión ocular, presión, audición…), me preguntara: ¿Ud. está afiliado a alguna mutualista? A lo que le respondo que sí, que soy socio del SMI. Entonces me dice: “La próxima vez que venga tráigame un informe de neurólogo. Porque “estos” —se refería a los funcionarios del Área Psicotécnica— me dicen que Ud. “hizo todo mal”, dándome claramente a entender que él no compartía esa opinión y modo de actuar.
Saqué, pues, hora para neuróloga de la mutualista quien, al finalizar, me extendió una receta dejando constancia que, desde el punto de vista de su especialidad, me encontraba apto para la conducción de automóviles.
Debido a la pandemia, nunca llegué a entregarle dicha constancia al director. Pero el Centro de Medicina y Especialidades (CME) —al que me derivara la IM para el examen médico en la pandemia— confirmó de hecho la opinión del director que me había pedido el informe neurológico al dejar asentado en la ficha médica para la IM que se me debía extender el permiso único nacional de conducción por un año (el anterior se me había otorgado solo por seis meses), así como también habilitárseme la conducción en horario nocturno (que también se me había restringido). O sea que era flagrante la irracionalidad con la que se estaba actuando.
Junto con las arbitrariedades relativas a la concesión o no del permiso se debe señalar el contexto inapropiado en que se realiza el trámite. Me refiero, por ejemplo, a la duración en la IM de los controles relativos al certificado médico.
La última vez que tuve que pasar por ellos debí estar cinco horas en la IM:
11.15. Ingreso a la División de Tránsito a la hora agendada por internet. Presento documentos. Espero.
13.00. Soy llamado para control de reflejos motrices de pies y manos, que dura no más de cinco minutos. La técnica encargada me felicita por el desempeño.
15.30. Se me acerca la mencionada técnica encargada y me dice con respeto y sorpresa: “Perdone, señor, que le pregunte: ¿pero Ud. por qué está aquí todavía?”.
A lo que le contesto: “Porque el doctor que me atendió en ese consultorio (se lo señalo con el dedo me dijo que me llamarían del de al lado” (que también se lo señalo, y en el que en ese momento no había nadie).
Se muestra molestamente sorprendida, al tiempo que se aleja para ingresar al área exclusiva para funcionarios, desde donde se la siente indagar sobre mi situación, prueba de que “no todos son iguales” en la consideración y respeto al usuario.
16.00. Se me llama para control de visión nocturna (tema sobre el que luego comentaré).
16.15. Se me entrega el formulario para solicitar hora para el examen práctico.
En total cinco horas de espera, más que de trámites. Más lo que todavía faltaba.
Me pregunto: ¿ningún funcionario advirtió que a los postulantes mayores de 80 años se los tiene más de cinco horas ininterrumpidas en la IM por controles para el certificado médico? La técnica encargada percibió lo que eso significa y reaccionó en consecuencia, no por entrometida, sino por mera humanidad.
En la sucesión de instancias me quedaba solo el examen práctico, que los mayores de 80 deben rendir toda vez que renuevan, lo que es también cuestionable. De todos modos no quiero dejar de señalar que los inspectores que me acompañaron en todas esas instancias actuaron respetuosa y profesionalmente.
Los países buscan, con las renovaciones y restricciones, disminuir la siniestralidad en el tránsito. Con lo que nadie puede estar en desacuerdo. Pero con lo que sí se discrepa es con que el maltrato y la arbitrariedad deban ser parte de la modalidad del trámite. Y menos aún cuando quienes intentan la renovación son personas mayores de 80 años, por empezar por no ser ellas las que ocupan los primeros lugares en las estadísticas de siniestralidad. Hay países que a mayores de 80 les pueden llegar a renovar el permiso hasta por dos años. Va por ese lado lo que uno pretende para los uruguayos: no a las arbitrariedades, ni para otorgar porque sí o por amiguismo ni para denegar porque sí o por ancianofobia. En definitiva: no al maltrato en toda circunstancia.
Lo implementado por la IM deja mucho que desear en toda la cadena del sistema: desde el diseño de requerimientos por categorías, pasando por las pruebas en las distintas áreas en un clima de hostilidad y maltrato en alguna de ellas; el tipo y modo de control oftalmológico. La arbitrariedad con que se evalúa la visión nocturna cuando en los mismos tiempos y con idéntico dispositivo uno autoriza mientras otro deniega (como de hecho me sucedió a mí). Así como sorprende que mientras la IM argumenta que solo ella y la Fuerza Aérea tienen el dispositivo para evaluar la visión nocturna, las otras 18 intendencias siguen emitiendo permisos para todo el país y para manejar las 24 horas incluso en Montevideo. En resumen, que el tratamiento hacia la tercera edad en el trámite en cuestión debiera ser rediseñado con la integralidad que otorga el sistema de derechos.
En conclusión, digamos que nadie se opone a que se fijen exigencias para las distintas categorías sobre la base de criterios técnicos, experiencia comparada, estadísticas, riesgos según patología, sistemas de renovación con pruebas que bajo ningún concepto impliquen arbitrariedades o destrato a los usuario, todo diseñado por profesionales especializados y sujeto a supervisión imparcial y permanente, que incorpore incluso el recurso a un tribunal de alzada, o instancia de apelación, como una alternativa con la que cabría empoderar al Sucive para que funcione como sistema integral con competencias que actualmente no posee. Es decir, convirtiéndolo en una instancia integral de seguimiento y control que incluya el respeto en materia de DD.HH., siguiendo parámetros de nivel internacional, que le permitan tanto laudar directamente alguna problemática como a través de una alzada o junta médica cuando las partes se encuentren enfrentadas en un contencioso. El disponer del diseño adecuado de un proceso que no requiere en sí mismo ni de discriminación ni de maltrato confiere a priori un acuerdo integrador en toda convivencia ciudadana.
Lic. Alejandro Bonasso Lenguas
