Los jueces y el “contumaz”

La propuesta de huelga generó un debate entre las dos corrientes históricas de la asociación. Unos argumentaban que la huelga estaba vedada por ser los jueces un poder del Estado y porque AMU no es un sindicato, sino una asociación gremial. Los otros defendían el amplio derecho constitucional a expresarse gremialmente. La discusión parecía encaminarse a una votación, pero el gobierno no estaba dispuesto a arriesgar: el secretario de la Presidencia, Pablo García Pintos, llegó a la reunión, conversó con dirigentes de AMU y les comunicó la decisión de satisfacer sus reclamos.

Los jueces tienen una larga historia de prudencia, aunque han sido históricamente la cenicienta desharrapada de los tres poderes. No solo en cuestiones presupuestales.

El sábado 15, la asamblea optó por un camino terminante: habilitó a la directiva a “adoptar progresivamente” otras medidas hasta llegar a un “paro total de actividades”, con guardia gremial en materias de urgencia.

Algunos especialistas discrepan con la legitimidad de una huelga, pero a esta altura del siglo XXI muchos, tanto en el país como en el terreno internacional, la entienden legítima. Los jueces han hecho huelgas recientes en Perú, España, Italia, Francia y Grecia sin que pasara nada.

Un informe para AMU de los jueces especializados Alicia Castro, Julio Posada y Rossina Rossi dice que están habilitados. Y si no alcanza con la amplitud del artículo 57 de la Constitución, hay normas de la OIT y de los pactos de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, entre otras.

¿Que la deuda es grande y el “enganche” la multiplica mensualmente? Y sí. Pero la culpa no es de jueces, empleados administrativos, fiscales o de los “enganchados”. Es del Poder Ejecutivo que en 2010, por ignorancia e irresponsabilidad, impulsó la ley que habilitó al aumento y que con ligereza votaron sus mayorías en el Poder Legislativo, pese a que desde la oposición se les advirtió. Ahora el fardo es para el próximo gobierno a partir de marzo.

Los jueces no buscan el paro como una medida partidaria contra el gobierno, lo que les está claramente vedado. Lo hacen exigiendo lo que legalmente les corresponde y que ninguna ley prohíbe y, por el contrario, habilita.

El ministro de Trabajo, José Bayardi, y algunos especialistas han dicho que los jueces no pueden ejercer el derecho de huelga porque son un poder del Estado y estarían planteando una huelga contra el propio Estado. Por extensión, argumentaron, sería tan incompatible como si la hicieran integrantes de los otros poderes del Estado. Pero a diferencia de los otros, los jueces son funcionarios públicos y desde el punto de vista salarial están sometidos a un “patrón”, un empleador que administra su trabajo y con el cual, obviamente, mantienen discrepancias salariales. Entonces parece razonable que puedan apelar a la huelga para sus reivindicaciones y a través de esa u otras medidas busquen cambiar la conducta (para el caso, contumaz y contraria a la ley) de su contraparte, la que les paga los salarios.

Si les estuviera vedada la huelga, ¿qué acciones efectivas podrían tomar para que se respeten sus derechos? Ninguna otra local, pero sí ante organismos internacionales que terminarían por condenar al Estado —bajo la administración que fuere— por esa omisión dolosa. Por la negativa: si los gobiernos decidieran no aumentarles durante varios años, ¿deberían los jueces aguantarse sin hacer nada?

¿Que una huelga no es buena para la imagen del Poder Judicial y es contraria al interés de justiciables y abogados? Sí, pero la cuestión es que se cumpla la ley. Ahora el gobierno analiza con sus mayorías una nueva ley para “desenganchar” a centenares de funcionarios y ahorrarse millones de dólares. Una “norma habilitante” fue el eufemismo que utilizó el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero.

Ese fue el objetivo de la invitación del presidente José Mujica a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No les planteó explícitamente el “desenganche”, pero sobrevoló. Los magistrados nada comentaron; si esa ley se votara y se planteara su inconstitucionalidad deberían expedirse sobre ello. Con el marco planteado, ¿es razonable y ético mantener esas reuniones?

La única verdad es que el presidente y muchos gobernantes rechazan que lo jurídico deba estar sobre lo político; si estalla la mayor crisis gremial en la historia del Poder Judicial no será responsabilidad de los jueces ni de los funcionarios.