Los tres mosqueteros del presupuesto

El ministro de Trabajo, José Bayardi, es emblemático. Como un estratega del tramposo juego de la mosqueta, traslada a los jerarcas del Poder Judicial y de otros organismos la responsabilidad del mayor conflicto gremial de los últimos años que enfrenta al gobierno con jueces, registros públicos, fiscales, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sus funcionarios. Según Bayardi, en 2010 —cuando se discutía el presupuesto y él era diputado—, esos jerarcas debieron advertir sobre las consecuencias de los “enganches” salariales. Peor aún. Les atribuye haber actuado como estafadores: “Alguien vio lo que iba a pasar y decidió no advertirlo para luego hacer el reclamo; no puedo creer que no lo hayan visto”. Nada dice de la advertencia que, según su razonamiento, debió formularles el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, jerarca del Ministerio Público (fiscales) y de los registros.

Esto se vincula con un razonamiento del ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique: si cuando se votó el presupuesto se entendía que a los “enganchados” no les alcanzaba el aumento, ¿por qué razón luego se consideró necesaria una ley “interpretativa” para dejarlos afuera? Se votó y ocurrió lo previsible: fue declarada inconstitucional.

Puede ser razonable discutir la conveniencia o inconveniencia de la cadena de “enganches” derivados del artículo 85 de la Ley de Organización de los Tribunales Nº 15.750 de 1985: “La dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia (en escala descendente para todos los jueces) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior a la que en cada caso se establezca para los Ministros Secretarios de Estado”. Esto se extendió hacia otros equiparados.

Puede ser válido debatir si el “enganche” es bueno o malo para las arcas del Estado, justo o injusto comparado con el resto de los organismos y funcionarios. Lo que no es válido es falsear los hechos.

Nadie oyó las advertencias ni estudió a fondo antes de votar el presupuesto. Los legisladores del gobierno metieron la aplanadora mayoritaria y también metieron la pata hasta el cuadril.

Esta es una cuestión de filosofía política. En democracia, el respeto por el Estado de derecho presupone leyes votadas por representantes de los ciudadanos elegidos libremente que, además, sean votos conscientes. Diferente es que abusando de las mayorías se actúe con arrogancia y luego se desconozca el imperio de la ley. También por estas cosas los Estados son “fallidos” y tienen poderes “carcomidos”, como dijo el presidente Mujica sobre México, aunque luego puso la marcha atrás.

Sobre el conflicto, es preocupante el tramposo argumento de Mujica. Con otro movimiento de mosqueta (“nada por aquí, nada por allá”) busca trasladarle la mochila al próximo presidente: “Hermano, yo me voy, arreglate como puedas”.

Para sacar la pata del lazo, insiste en su disposición de pagar (acumula tres años de intereses y de contumaces promesas reiteradas) y, de paso, atribuye a los reclamantes pretender incidir en el balotaje mediante los paros: “Yo no me voy a dejar intimidar por las elecciones”.

Con similar razonamiento intervino el tercer mosquetero, Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio. Ahora en el terreno partidario sufre amnesia aguda: olvidó su antigua condición de luchador por los derechos de los trabajadores; le llama la atención que los jueces “hagan público” su reclamo a unos días de las elecciones.

Hay otra forma de verlo. Hasta el 26 de octubre, con el resultado electoral incierto, los gremios centraron su reclamo en los juicios y en tibias quejas públicas. Con los resultados a la vista, tanto de las elecciones nacionales como del balotaje, pisaron el acelerador. Visto desde este ángulo, los cuestionamientos de los mosqueteros Bayardi, Mujica y Castillo son lo más parecido a una puñalada por la espalda para quienes hicieron poca ola y ahora exigen lo que por ley les corresponde.