Mafias, patotas y borregos

Cuando los detenidos estaban en el juzgado de Misiones 1469, camionetas y autos policiales bloquearon los accesos por Cerrito y 25 de Mayo para intimidar. Esa misma tarde la familia del juez recibió en su domicilio una corona mortuoria. Los policías terminaron entre rejas.

Toda manifestación forma parte del derecho a la libertad de expresión, salvo acciones violentas o ilegales, como por ejemplo el copamiento de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013.

Dentro de ese marco, sindicalistas y grupos de vecinos manifiestan en la calle y frente a los juzgados. En ocasiones la cólera llegó a la demencia: a fines de 2002, dirigentes de Adeom le gritaban “¡canceroso!” al jerarca de la Intendencia Municipal de Montevideo, Ernesto de los Campos, afectado de esa enfermedad.

Ese mismo año, el juez Homero Da Costa procesó a cuatro de sus dirigentes por insultar y agredir a periodistas al cabo de una asamblea en el Palacio Peñarol. Antes de los procesamientos, dirigentes y militantes del gremio se concentraron frente al juzgado de Mercedes y Ejido y encolerizados insultaban al juez y le exigían liberar a sus compañeros.

Son algunos ejemplos entre decenas que demuestran la progresiva violencia y degradación alentadas por sindicatos interesados en “movilizar” por razones ideológicas. También se han generalizado movilizaciones de vecinos y familiares de víctimas reclamando aclarar esos casos. Otros lo hacen a la inversa: defensa a detenidos amigos o compinches.

Todos reclaman “justicia”. No en el sentido de alcanzar la verdad, sino para que los jueces encarcelen a unos o liberen a otros en función de su interés. Los organizadores les hacen creer que mediante esas manifestaciones podrán forzar los fallos judiciales. Mientras, aparecen voceros o gobernantes con discursos grandilocuentes como propietarios de la verdad e insinuando que los investigadores tienen intenciones perversas. En más de un caso han acusado a jueces y fiscales de decisiones políticas. Convencen a ingenuos o ignorantes abusando de sus sentimientos y arreándolos como borregos.

Luego de muchos años de transitar por estos berenjenales no he visto un solo caso en el que los reclamos sindicales o privados hayan determinado un fallo judicial en uno u otro sentido. Desconocen, olvidan u ocultan que lo único válido es la prueba o la semiplena prueba de los hechos sometidos a la decisión del órgano jurisdiccional para que este ordene un enjuiciamiento o, si no hay pruebas, la libertad. Los movilizadores vecinales o los dirigentes sindicales que digan lo contrario, mienten.

En este contexto de libertad de expresión sorprende que rara vez se manifieste frente a organismos del Estado exigiendo, por ejemplo, mayor seguridad para combatir la delincuencia, rebajar las tarifas públicas y los combustibles, reparar calles y limpiar la ciudad, o terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos. De eso, nada.

Tampoco manifiestan frente a sedes sindicales o del PIT-CNT en repudio por dirigentes procesados o investigados por actos de corrupción. Menos se movilizan para exigirles honestidad a los gobernantes ante procesamientos por abusar de sus cargos. Hacen lo contrario: los apoyan.

La influencia cada vez mayor de amplios sectores argentinos culturosos y corruptos sobre Uruguay no se limita a imitar el lenguaje, las barras bravas, o la hiperinformación de estrellitas mediáticas. Se ha colado en los barrios la imitación porteña de reclamar por fallos judiciales a medida y también la metodología de patotas sindicales, muchas veces cómplices de gobernantes. Están más ocupados en campañas personales para cargos políticos que en defender los derechos de los trabajadores. Como en Argentina.

Quizá parezca exagerado, pero ¿cuán lejos estamos de una muerte extraña como la del fiscal argentino Alberto Nisman, ejemplo de independencia, después de imputarle una conspiración en el caso AMIA a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman y a los patoteros Fernando Esteche y el piquetero Luis D’Elia? ¿También allí lo político se impone a lo jurídico?

Si, como sostiene el epidemiólogo de la Universidad de Chicago Gary Slutkin, la violencia se extiende como una epidemia, solo nos separa el Río de la Plata. Pero los intereses económicos, los vínculos y las acciones políticas y sindicales ya han cruzado el río.

Métodos similares al de la mafia policial que cito al comienzo se han instalado y parecen ampliarse ante la pasividad de algunos que miran para el costado o de patrioteros que reivindican que Uruguay es diferente mientras empujan a los borregos.