Matones con amnesia

El sindicato del INAU, COFE y el PIT-CNT lo utilizan para vender sus productos basados en muchas premisas falsas. Saben que captarán a militantes ciegos o ignorantes que las repetirán.

Entonces aparece el marketing. El sindicato del INAU abrió el fuego: “Ante el atropello que está recibiendo nuestro sindicato por parte del Poder Ejecutivo y la justicia, donde se nos quiere condenar igual que a (José Nino) Gavazzo y al Goyo (Gregorio Álvarez), dejando a 17 compañeros presos por tortura y 9 procesados…”.

El PIT-CNT se acopló: “Aplicar el delito de tortura, que es de extrema gravedad, es querer buscar la responsabilidad de un lado y esconder y mirar para un costado las otras responsabilidades”. Su presidente, Fernando Pereira, sostuvo que la justicia “cobró al grito”. Lo comparó con el caso del ex presidente del BROU, Fernando Calloia.

“Nos quieren condenar como terrorismo de Estado”, mintió López para completar.

Ese delito rige desde 2006 por el artículo 22 de la ley 18.026. Aunque el vocablo “tortura” tiene una carga negativa es una minucia comparado con los que la justicia le tipificó a los militares violadores de derechos humanos y al ex presidente Juan María Bordaberry. Es entonces un argumento tramposo para incitar el rechazo al Poder Judicial y al Ministerio Público.

El artículo 22 de la ley Nº 18.026 sanciona al “que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente (funcionario) del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar”. Se castiga con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría. El artículo explica que tortura se define como “todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales” y se someta a la persona “a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

¿De qué terrorismo de Estado hablan? ¿Terrorismo de Estado en un gobierno democrático con fiscales y jueces independientes?

¿Cómo hubieran reaccionado los sindicatos si cuando se decidieron los procesos a Gavazzo, Silveira, Dalmao, Alvarez o Bordaberry, grupos de militares o civiles hubieran desfilado con una pancarta con el texto: “Tocan a uno, tocan a todos”. Con razón los calificarían de golpistas y de pretender amedrentar a la justicia.

Una pancarta con ese texto presidió una asamblea de funcionarios del INAU y con ella, de vereda a vereda, desfilaron. Para algunos patoteros amedrentar a la justicia se ha convertido en algo habitual.

Podrá discutirse la tipificación delictiva, pero nadie duda de que se violó el Código Penal. Y como todos somos iguales ante la ley, la justicia actuó en este caso como lo hace con los rapiñeros que golpean a una anciana para robarle, con los que trafican con drogas, con los gobernantes que se conducen al margen de la ley, o con quienes, como ellos, han violado derechos humanos. Si se prueba que el sábado 22 efectivos de la Guardia Republicana golpearon a los adolescentes al trasladarlos, tendrán que atenerse a las mismas consecuencias. ¡Matones en ningún lado!

¿Qué ciclón de intereses le arrebató al movimiento obrero la ética de la solidaridad con los pobres, como son los niños y adolescentes internados? ¿En qué cajón de su amnesia archivaron sus reiterados argumentos de que la delincuencia es fruto de la pobreza y la desigualdad? ¿Dónde enterraron el legado de José D´Elia, Héctor Rodríguez, Gerardo Cuesta o Enrique Pastorino?

En cambio, basados en su poder para paralizar organismos del Estado en su beneficio, exigen un tratamiento privilegiado de la justicia.

Ahora empieza el proceso disciplinario administrativo que puede concluir con sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución.

El artículo 82 de la ley Nº 19.121 de agosto de 2013 (Estatuto del funcionario público de la administración central) establece los fundamentos para la destitución por omisión, ineptitud o delito. Por delito entiende la “conducta típica, antijurídica y culpable por la que el funcionario sea condenado penalmente. En todos los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario o de condena ejecutoriada, el Poder Ejecutivo apreciará las circunstancias y situación del mismo, a efectos de solicitar o no la destitución”.

Si se optara por destituir, ¿manifestarán los sindicatos con una pancarta que diga: “Destituyen a uno, destituyen a todos” y renunciarán? No. Pondrán marcha atrás como hicieron el domingo 23. Luego de declarar una huelga por tiempo indeterminado acataron el decreto que declaró sus tareas como servicios esenciales.

Lo indiscutible y más importante es que si el INAU no cambia su infraestructura parecida a las cárceles de la Edad Media, el sistema de sanciones, la formación y el protocolo de actuación de los funcionarios, todo será en vano.