N° 1963 - 05 al 11 de Abril de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl 1º de marzo se cumplieron 13 años, ininterrumpidos, de gobiernos del Frente Amplio.
Durante todo ese período, salvo contadas excepciones, sus sucesivos gobiernos tuvieron —a pesar de sus diferencias internas— el respaldo de una disciplinada mayoría parlamentaria. A la vez, durante la mayor parte de ese tiempo —unos 9 o 10 años al menos— las condiciones externas, tanto en lo que respecta a flujo de capitales como a precios de nuestros productos exportables, fueron ampliamente satisfactorias. Aun cuando a muchos no les parezca justa esta afirmación, resulta evidente, objetivamente, que el Frente Amplio gobernó con “viento de cola”. Se dieron condiciones envidiables que pudieron —y debieron— generar un desarrollo genuino y sustentable. Pocas veces en la historia del país existió un ciclo económico con tantas cosas a favor, pero, lamentablemente, un ingrediente fundamental jugó en contra: los sucesivos gobiernos del Frente Amplio no estuvieron a la altura de las circunstancias y desperdiciaron una posibilidad histórica. Pasó otro tren y difícil que vuelva.
Por el camino quedaron pomposas promesas. Vázquez asumió su primer gobierno anunciando la “madre de todas las reformas, la reforma del Estado”. No solo no existió reforma —aun parcial— digna de destaque, sino que hoy tenemos un Estado todavía más grande e ineficiente, con 75.000 empleados públicos más, con una clara vocación clientelista, que cumple desastrosamente sus tareas esenciales e impone un peso insoportable que desalienta toda actividad. Mujica se despachó, al asumir su mandato, con una prioridad difícil de criticar: “Educación, educación y educación”. Y consecuente con su máxima de que “como te digo una cosa te digo la otra”, la emprendió después despectivamente contra estudiantes y profesionales, desalentó con sus salidas ocurrentes todo lo que fuera vocación de estudio y superación personal y, sin desconocer el enorme mérito que le cabe a Vázquez por su nefasta Ley de Educación, terminó por destruir la educación pública y perpetuar de esa forma la principal causa de discriminación que afecta a los más necesitados. De tanto que dice quererlos, los condenó a la marginación y a la exclusión eterna, hipotecando su futuro para siempre.
Vázquez también prometió ceñir su gestión a un principio esencial, “dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”, pero la mayoría oficialista impuso a sabiendas, en más de una ocasión, normas inconstitucionales que suponen una afectación de las garantías y derechos esenciales de los ciudadanos. Mujica ofreció a los nostálgicos “prender una vela al socialismo”, pero previsiblemente su vela, vía un fondo creado para reflotar empresas fundidas que fueron entregadas a sus funcionarios, se convirtió en una enorme fogata donde se consumieron, en el altar del voluntarismo, millones de dólares de todos y cada uno de los uruguayos.
En materia de seguridad pública —también— el fracaso fue rotundo. Condicionados por su visión ideológica de la criminalidad que explica su auge por las “injusticias sociales” que padecen los delincuentes, nunca priorizaron la política represiva que era indispensable ante el avance incontrolable de la inseguridad, asumiendo que la mejora social que generaría su gestión terminaría —al menos— por disminuirla. Sin embargo, los indicadores son hoy los peores de toda la historia del Uruguay: en lo que va del 2018, un robo cada cinco minutos, una rapiña cada media hora y algo más de un homicidio por día.
En materia internacional la premisa fue “más y mejor Mercosur”, postergando la alternativa de Tratados de Libre Comercio que faciliten la colocación de nuestros productos en otros destinos, libres de aranceles. En 13 años no se logró concretar ningún TLC, porque el firmado con Chile sigue sin obtener la ratificación necesaria por desavenencias en la propia bancada oficialista. Mientras eso ocurre, seguimos pagando —y perdiendo— 250 millones de dólares al año por concepto de aranceles. Con respecto al Mercosur, la paradoja es que ahora, al cambiar la línea ideológica de los gobiernos de los países vecinos, las relaciones en el bloque son más distantes y frías que nunca. Como nota sugestiva queda la incorporación forzada al bloque de Venezuela, después que los demás miembros traicionáramos a nuestros hermanos paraguayos, al influjo de una máxima de Mujica que lo pinta de cuerpo entero: “Hay veces que lo político está por encima de lo jurídico”.
En la actualidad, más allá de que todavía se mantengan algunos indicadores favorables (disminución de la pobreza y suba del salario real, por ejemplo), se verifican una serie de extremos que hacen presumir, con un alto grado de probabilidad, que los tiempos futuros, aun para esos indicadores, no serán buenos. El costo país es alto e intolerable; la inversión privada —nacional y extranjera— está en caída libre; baja la generación de empleo y se pierden —en los dos últimos años— más de 40.000 puestos de trabajo. El déficit público sigue subiendo a pesar de que vivimos de ajuste en ajuste, el endeudamiento externo llega a valores más que desaconsejables, el atraso en infraestructura física es alarmante y el costo de producir y generar riqueza se ha vuelto prohibitivo e inhibidor del esfuerzo privado. Nos guste o no, la fiesta se terminó y solo dejó resaca; poco o nada que ayude para el futuro.
A esta altura quedan 14 meses para que empiece el próximo cronograma electoral. Las últimas encuestas dan cuenta de una fuerte caída de la aceptación de la gestión del actual presidente y muestran al Frente Amplio, por primera vez en muchos años, en un segundo lugar en la preferencia de los encuestados. Parecería que la mesa está servida para soñar con un necesario recambio, pero los “desencantados” del actual gobierno no se suman a los otros candidatos posibles y quien crece, sugestivamente, son los indecisos y los votos anulados o en blanco. Coincidentemente, otra encuesta pone de manifiesto que prima una visión negativa de todos los políticos relevantes, sin excepción; queda en evidencia, guste o no, que la clase política ha perdido imagen y credibilidad. El dato es significativo y angustiante, por lo que debe ser asumido con reconocimiento y determinación. No es negando esta realidad, o enojándose contra quienes la advierten, que cambiarán las cosas.
Siempre he pensado que los partidos que tienen el enorme mérito de haber hecho grande este país y que lo convirtieron nada menos que en la “Suiza de América” se quedaron después sin respuestas ante algunos cambios y cometieron errores y hasta toleraron —pasivamente— conductas o costumbres no aconsejables, sin haber procesado —hasta ahora— una autocrítica impostergable. Al margen del terremoto del 2002, solo así se explica que los votantes le hayan dado la espalda en tres elecciones sucesivas.
No soy de los que creen que “todos son iguales” ni de los que proclaman “que se vayan todos”. Entiendo que hay gente valiosa y responsable en la oposición que está preparada para promover el cambio que el país necesita. Pero para volver a enamorar al electorado deben asumir —a mi juicio— una necesaria y sana autocrítica, comprometiéndose con una nueva forma de hacer política que destierre los silencios corporativos y apueste, indefectiblemente, a la transparencia y la verdad, midiendo a todos —propios o ajenos— con la misma vara. La mejor manera de defender la legitimidad del sistema político no es callando o escondiendo realidades negativas, sino asumiendo, con valentía, el deber de combatirlas. Soy un convencido de que las próximas elecciones no se ganarán solo con buenas propuestas; será necesario algo más.
No me resigno a esta triste realidad actual. Creo que debemos reclamar —y merecemos— algo mejor.