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En la pasada edición de Búsqueda (número 1.872), el Cnel. (R) Ricardo Milans critica algunas declaraciones y actuaciones mías en defensa de la laicidad del Estado.
El Cnel. Milans nos acusa, a mí y a otros dirigentes batllistas, de ser contrarios a Artigas y al Ejército, así como de actuar de manera “radicalizada”, “sectaria” y “anticlerical”, de espaldas al sentir y a las necesidades de la gente.
Él, en cambio, declara creer en Dios, en la verdad y en el bien, proclama una fervorosa adhesión al ideario artiguista, exalta al Ejército y seguramente se cree un intérprete fiel del sentimiento popular, ya que me imputa a mí el desconocerlo. En suma: es un verdadero cruzado contra las fuerzas del mal.
No es cierto que yo esté en contra del Ejército. Estuve en contra de las Fuerzas Armadas todas, y no solo del Ejército, cuando fueron golpistas y usurparon el poder público, causando males al país cuyos efectos hasta hoy perduran. Pero restablecido que fue el orden constitucional, veo a las Fuerzas Armadas como a la institución que, a las órdenes del Poder Ejecutivo y actuando dentro de la Constitución y de la ley, debe cumplir la misión fundamental de defender la soberanía e integridad territorial de la república; merecen por consiguiente todo mi respeto.
Con respecto a la figura de Artigas, comparto los sentimientos que inspira al pueblo uruguayo todo. No tengo por qué dar examen en esta materia, ni el Cnel. Milans es quién para calificarme. Pero la fe católica de Artigas no tiene nada que ver con la laicidad del Estado; son cuestiones evidentemente distintas. El tema de la separación del Estado y la Iglesia no estaba planteado cuando el Prócer desarrolló su actuación pública, del mismo modo en que tampoco se planteaba entonces la cuestión de la abolición de la esclavitud, ni el voto de la mujer, sin que por ello quepa reprocharle a Artigas su silencio al respecto; esos temas, simplemente no estaban en la agenda de esta parte del mundo en aquella época.
Refiriéndose específicamente a mis afirmaciones en el sentido de que la actuación del comandante en jefe del Ejército, al asistir y hablar en carácter de tal y en nombre del Ejército en la misa celebrada el pasado 18 de mayo (acerca de la cual informó ampliamente Búsqueda en su edición del día siguiente), configuró una clara violación de la laicidad establecida en la Constitución y más concretamente de la ley 3.768, que prohíbe al Ejército la concurrencia a ceremonia religiosa alguna, el Cnel. Milans aventura una interpretación de dicho texto legal. Nos dice que el objeto de la ley era terminar con los honores que brindaban el Ejército y el pabellón nacional a la Iglesia católica —lo cual es exacto— y agrega que la prohibición se refería a una formación o cuerpo militar organizado, pero nunca a sus integrantes en forma individual.
Transcribo a continuación el artículo 2o. de la ley 3.768 de 22 de mayo de 1911, para que los lectores juzguen por sí mismos: “El Ejército no concurrirá a ceremonia religiosa alguna. Los jefes, oficiales y soldados pueden hacerlo individualmente”.
De la formación o cuerpo militar organizado que invoca el Cnel. Milans, ni rastros. La norma legal, clara y precisa, establece la buena doctrina republicana y liberal: la institución no participa en ceremonias religiosa; los individuos son libres de hacerlo. Son los mismos criterios que serían constitucionalizados en 1917: libertad religiosa para las personas y para las Iglesias, laicidad (no libertad) para el Estado.
El pasado 18 de mayo, el comandante en jefe del Ejército asistió uniformado a la misa, rezó como cualquier feligrés y al cabo de la ceremonia habló invocando expresamente la representación del Ejército Nacional para agradecer al cardenal Sturla el haber oficiado la ceremonia. En el curso de la misma alocución, dijo: “Quienes profesamos la fe católica culminamos la jornada celebrando esta santa misa...”. El comandante, pues, habló a la vez “en nombre del Ejército Nacional” y como católico. Afuera había una docena de vehículos del Ejercito que habían llevado oficiales a la ceremonia. Adentro había decenas de oficiales uniformados y funcionarios del Departamento de Comunicación Social del Ejército, filmando y tomando fotos. Esto es hacer participar al Ejército —al que el comandante representa— en una ceremonia religiosa, que es exactamente lo que el artículo 5º de la Constitución y el artículo 2º de la ley 3.768 prohíben hacer.
Que yo sepa, desde 1911 no había ocurrido nada parecido; por lo menos, en tiempos de normalidad institucional.
Uno de mis deberes como diputado es defender la Constitución y la ley; procuro cumplirlo, sabiendo de antemano que aunque exponga hechos y argumentos jurídicos sin faltarle el respeto a nadie, por defender la laicidad seré inexorablemente calificado de anticlerical, jacobino, sectario, intolerante, etc.
Siempre ha sido así y no me quejo; son los gajes del oficio.
Precisamente porque sé que hay quienes se sienten inspirados por la verdad revelada por Dios a los hombres, y por ello se creen con derecho a indicarles a los demás lo que tienen que hacer y a hacer ellos lo que les parezca, aun en contra de la ley que los simples mortales democráticamente nos hemos dado, es que insisto con mantener separados lo que es del César y lo que es de Dios.
La laicidad del Estado asegura la libertad de todos, creyentes y no creyentes. Uruguay logró un gran éxito afirmando y consolidando este principio como uno de los pilares de la convivencia democrática. No permitamos que el pilar sea socavado. Mantengámonos alerta, porque la defensa de la laicidad, así como la defensa de la democracia, debe ser permanente.
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