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Un artículo que en su momento fue desglosado del Presupuesto y ahora es proyecto de ley divide a los ministerios de Ambiente y Vivienda y Ordenamiento Territorial. La discusión comenzó a darse la semana pasada en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y refiere a una serie de potestades que la cartera encabezada por la cabildante Irene Moreira mantuvo, a pesar de la creación del nuevo ministerio.
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Lo que se plantea son modificaciones de la Ley de Ordenamiento Territorial Sostenible, que obliga al entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a expedir un “dictamen técnico de Viabilidad Territorial” cuando no existan instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial “vigentes y aplicables” a la hora de la implementación de un emprendimiento que requiera autorización ambiental. A pesar de la escisión del Ministerio de Ambiente, el trámite permaneció en la esfera de Vivienda, porque la normativa había sido aprobada en 2018.
A su vez, el proyecto a estudio busca trasladar al nuevo ministerio otras potestades como la evaluación ambiental estratégica que se les exige a los instrumentos de ordenamiento territorial; la facultad de establecer límites y distancias mínimas entre cultivos agrícolas y forestales con otros usos de suelo; y la defensa de la franja costera. Sobre este último punto, la normativa aprobada en 2018 le otorgó al Ministerio de Vivienda, que por entonces era también autoridad medioambiental, la posibilidad de rechazar emprendimientos en la faja costera si podían provocar impactos negativos en la zona.
El 9 de noviembre, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, acudió a la Comisión de Constitución de Legislación del Senado en calidad de ministro interino para explicar el apoyo de su cartera al artículo desglosado del entonces proyecto de Ley de Presupuesto. El jerarca dijo que a su juicio y en función de lo que establece la Constitución, “el ordenamiento territorial como disciplina” tendría que estar dentro del Ministerio de Ambiente, y sostuvo que mientras algunos trámites como la evaluación ambiental estratégica fue heredada por el Ministerio de Ambiente, otros como el de viabilidad territorial quedaron “enganchados” y ahora “generan algunas dificultades”.
Mencionó, por ejemplo, el dictamen de viabilidad territorial, que se requiere para iniciar una autorización ambiental previa. “Hoy, lamentablemente, le estamos dificultando la vida a la gente porque este trámite lo tiene que hacer el emprendedor, el ciudadano que va a hacer el trámite, el administrado, ante la oficina de un ministerio y luego con ese dictamen técnico, deberá hacer otro trámite en la oficina de otro ministerio; es decir, un segundo trámite diferente”, argumentó.
Otra competencia en pugna, agregó Amarilla, refiere al artículo que reglamenta los informes de correspondencia, también establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y que se implementan cuando las intendencias plantean un plan directriz de ordenamiento. El jerarca sostuvo que como no se modificó ese artículo, actualmente los gobiernos departamentales tienen que llevar adelante dos trámites diferentes en los dos ministerios.
Adrián Peña. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Discusiones de fondo
Cuando se trató el tema en la Comisión, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech sostuvo que da la impresión de que existe una “contienda de competencias” y pidió escuchar la versión del Ministerio de Vivienda al respecto. Además, bregó porque este tipo de soluciones vengan “avaladas” por el Poder Ejecutivo, ya que “son todas oficinas que están en su órbita”. Amarilla le respondió que el proyecto había sido presentado en el mensaje presupuestal por el propio Ejecutivo. Pero a pesar de esta respuesta, la postura de Domenech no cambió: según dijo a Búsqueda, a su juicio los ministerios deberían acordar, con el respaldo del Poder Ejecutivo.
Cuando el artículo fue enviado en el proyecto presupuestal, no encontró acuerdo en la Cámara de Diputados, por lo que la bancada oficialista decidió retirarlo del proyecto. Pero cuando el Presupuesto llegó al Senado, el senador colorado Pablo Lanz propuso incluirlo nuevamente en el articulado. Nuevamente no hubo acuerdo en la coalición, a pesar de que en la bancada del Frente Amplio había disposición a acompañar el pasaje, según recordó en la comisión el senador opositor Charles Carrera.
Ante la falta de consenso, el oficialismo decidió desglosar el proyecto y enviarlo a la Comisión de Constitución y Legislación, como ocurrió con otros artículos sin acuerdo en el Presupuesto. El texto se envió a ese cuerpo, con un plazo de 90 días para expedirse, que vencieron a principio de año.
Según pudo saber Búsqueda, dentro del Ministerio de Vivienda se le ha dado prioridad a la visión del director de Ordenamiento Territorial, Norbertino Suárez (Cabildo Abierto), quien ha sido el principal defensor de que las competencias permanezcan en la cartera que encabeza Moreira.
La discusión se remonta a aún más atrás. En la previa de la Ley de Urgente Consideración, cuando se negociaba en el gobierno la creación del Ministerio de Ambiente, Amarilla, que en aquel momento se preveía que fuera el futuro ministro de Ambiente, pretendía que toda la Dirección de Ordenamiento Territorial quedara en órbita del nuevo ministerio, pero esas negociaciones naufragaron. Fuentes del Ministerio de Vivienda sostuvieron que se trata de un tema de “visión compleja” en el que hay “discrepancia en la coalición”, aunque no tiene una “gravedad espantosa”.
