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Gustavo Salle y sus pedidos de informes al MEF: desde importaciones porcinas hasta gastos confidenciales
El diputado y líder de Identidad Soberana es el legislador más activo en el uso del mecanismo de solicitud de información a la cartera que encabeza Gabriel Oddone
Si en vez de evaluar la gestión de los parlamentarios en función de su producción legislativa se lo hiciera por la cantidad de pedidos de informes que cursan, el diputado Gustavo Salle está entre los más activos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha recibido y contestado cerca de una decena en lo que va del actual gobierno.
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La posibilidad de que los legisladores requieran información a distintas reparticiones gubernamentales sobre asuntos de interés público con fines legislativos o de control está prevista en la Constitución, a la vez que una ley del 2003 establece 45 días hábiles de plazo para que se les dé una respuesta. Salle ha sido el usuario más frecuente de este mecanismo frente a la cartera que encabeza el ministro Gabriel Oddone, quien firma las contestaciones.
Las preguntas del líder de Identidad Soberana apuntan a asuntos variados, algunos muy específicos, y son dirigidos en algunos casos al propio MEF y en otros a organismos vinculados.
A la Dirección Nacional de Aduanas el legislador opositor le pidió datos anuales de importaciones de productos porcinos desde Brasil, en volumen y monto; la información que le entregaron fue, para 2024, que ingresaron desde esa procedencia 46.735 toneladas por unos US$ 122 millones.
Sobre la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), Salle quiso saber el número de funcionarios que, desde el cambio de gobierno y hasta el momento de su pedido, habían gestionado o estaban con certificación médica, así como las causas. La respuesta de la Ande, canalizada a través del MEF, fue que cuatro personas se habían certificado por afecciones en la salud, uno por cerca de dos meses y los otros por entre uno y cuatro días. La agencia alegó que las causas médicas de esas certificaciones no surgen de la notificación que realiza el Banco de Previsión Social y que, de cualquier modo, se trata de información amparada en la Ley de Protección de Datos Personales.
Ganado, lavado y e-peso
A través del MEF, el Banco Central (BCU) recibió varios pedidos de informes del líder de Identidad Soberana. El legislador le preguntó si controla, fiscaliza o regula el Fondo de Inversión Zambrano, perteneciente a Zambrano & Cía., a lo que el regulador del sistema financiero le contestó que no consta en sus registros la existencia de tal fondo. Esa empresa ofrece un producto de inversión que, al no hacer oferta pública, está por fuera del perímetro de control bancocentralista, como sucede con las inversiones en ganado como Conexión Ganadera, un negocio en crisis.
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Salle en una actividad partidaria en la Plaza Libertad, en 2021
Javier Calvelo/adhocFOTOS
En respuesta a otro pedido de información el BCU le reportó a Salle que en su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) —abocada a los controles antilavado— trabajan 13 personas, incluida la gerencia, y que entre 2023 y 2025 le fueron informadas por instituciones supervisadas 887.130 operaciones por un importe equivalente a US$ 8.398 millones al mes en promedio.
El diputado también le preguntó al BCU algunos pormenores del plan piloto realizado en 2017 para la emisión del peso digital y si la institución tiene intención de retomar esa iniciativa. Además de detallarle los resultados de la experiencia con el e-peso, la autoridad monetaria le aseguró que todavía no tiene prontos sus planes de gestión para el período, pero que esa posibilidad no está descartada.
Salle pidió datos sobre fondos públicos otorgados al Casmu, una mutualista que en los últimos tiempos ha enfrentado problemas económicos y fue intervenida. República Afisa, como fiduciaria del fideicomiso financiero Fondo de Garantía de las instituciones de asistencia médica colectiva —del cual el MEF es fideicomitente—, le informó el monto de las garantías vigentes que mantenía al 31 de marzo con el Casmu, tanto por los fideicomisos emitidos por esa mutualista como por los préstamos que le fueron otorgados por el Banco República.
Cooperación estadounidense
En otro pedido, el legislador interrogó si la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) tuvo “alguna implicancia” en la creación o implementación del nuevo Código del Proceso Penal uruguayo y le citó una página gubernamental estadounidense según la cual Uruguay recibió fondos de ese origen en distintos años. El MEF contestó que “no cuenta en su base de datos con información acerca de algún tipo de asistencia del Usaid” con tal fin y le indicó que en los últimos 10 años el país recibió cooperación por parte de distintas instituciones de Estados Unidos, que son centralizadas a través de esa agencia. La respuesta de la secretaría de Estado enfatizó que, por cooperación en el área de la seguridad, los montos fueron “mucho más altos” en los años recientes (US$ 11 millones entre 2022 y 2024) por la donación de 13 vehículos Mamba MK7, un helicóptero y tres buques para patrullaje costero.
Salle ha cuestionado públicamente a la Usaid aduciendo que esa agencia “está bajo investigación criminal de la propia administración de Donald Trump”, presidente de Estados Unidos, quien la sindicó como “una organización criminal” detrás de la “Agenda 2030” y del “terrorismo sanitario” por la vacunación contra el Covid-19 durante la pandemia.
Ante otro pedido, el MEF respondió que “no surge de los balances de recursos, que realiza la Contaduría General de la Nación, de los organismos que componen Presupuesto Nacional”, que el Estado uruguayo reciba partidas de dinero provenientes de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), una organización que ofrece asesoramiento y atención en el área de la salud sexual y reproductiva.
Gasto confidencial
Otro pedido de informes, el más reciente, contestado con fecha del martes 17, tuvo como respuesta con la firma de Oddone la aclaración al legislador de que la información debía gestionarla en otro lado.
A propósito de una resolución presidencial del 11 de marzo, Salle quiso saber qué “respalda” a la Presidencia de la República en el uso del concepto de “gasto confidencial” —en este caso, por $ 6 millones— al solicitar y aprobar “transferencias de dinero público directamente a su cuenta corriente, sin tener que rendir o dar explicaciones sobre dicha transacción”. También preguntó si es posible “acceder públicamente al rastreo y destino” de los cheques que fueron emitidos a partir de esa resolución. La respuesta señala que la secretaría de Estado “se encuentra impedida de brindar dicha información”, puesto que “se origina y se encuentra en poder de la Presidencia de la República”.
La resolución que motivó ese pedido ordena transferir $ 6 millones a una cuenta corriente en el Banco República cuyo titular es la Presidencia; la utilización de los fondos “se realizará mediante cheques librados con la firma conjunta del señor presidente de la República, el señor secretario de la Presidencia de la República y una de las firmas habilitadas del Departamento de Finanzas de la División Financiero Contable”.
Desde que Oddone es el titular de la cartera, el MEF también ha recibido pedidos de informes de Pedro Bordaberry, Bruno Giometti, Andrés Ojeda y Mauricio González —juntos—, César Falcon, Pablo Abdala, Sergio Botana, Matías Duque y Eduardo Brenta. Sumados, igualan la cantidad de aquellos cursados por Salle.
