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A cuatro años del golpe de Estado de 1973 la dictadura enfrentaba dificultades: jueces independientes. El 1º de julio de 1977, por el Acto Institucional Nº 8, los militares eliminaron la independencia del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia fue “degradada” a Corte de Justicia, se creó el Ministerio de Justicia, que tomó las riendas del poder, y varios jueces fueron destituidos.
Las decisiones judiciales no son solo de magistrados con nombre y apellido, sino del Poder Judicial. Cada juez lo es. Bien lo sabe el secretario de la Presidencia, el abogado Homero Guerrero. Hace tiempo que Mujica pretende que los militares enfermos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura tengan prisión domiciliaria. Tal vez tiene razón, pero no es la cuestión. Se lo pidió a la Corte, que respondió que es competencia de cada juez. Eso se llama independencia.
Entonces saltó la valla: “¡primero lo político y después lo jurídico!” y Guerrero convocó al juez de Ejecución de Sentencias, Martín Gesto, a la Torre Ejecutiva. Como en la dictadura, cuando los citaban desde el Comando del Ejército o desde el Esmaco para hacerles “sugerencias”. Le dijo que la Cruz Roja pedía la prisión domiciliaria de los militares enfermos. Gesto oyó sin abrir opinión y al salir de allí fue a informarle a la Corte, que lo escuchó asombrada. Según Guerrero, decidió comunicar el informe en una actitud “transparente”.
No le creen. El presidente de la Corte, Jorge Larrieux, advirtió que hechos como ese comprometen “la independencia e imparcialidad” de los jueces. Para el Colegio de Abogados fue de “inusitada gravedad” para la democracia, porque rompe la separación de poderes. Quienes dicen defender los derechos humanos, mutis.
¿Hay diferencia con las sugerencias u órdenes que durante la dictadura los militares les daban a algunos jueces? Claro que sí. Es peor, porque estamos en democracia.
Otra cuestión de similar gravedad es la trampa que urdió el Poder Ejecutivo contra los gremios de judiciales y registrales. Durante tres años y ocho meses los esquivó para no pagarles el presupuesto de 2010. Antes y luego de las elecciones les hizo creer que los contemplaría. Trampa, embuste, mendacidad, engaño, patraña o mentira. Elija el vocablo que prefiera.
“Se les va a pagar. Falta el mecanismo legal” dribleaban Mujica y Guerrero. Nadie entendía por qué era necesaria una ley. Hace tres semanas los gremios empezaron a exigir una fecha de pago con medidas de fuerza.
Nadie les advirtió —lo cual hubiera sido objeto de una sana discusión— que las partidas de vivienda y de perfeccionamiento académico para jueces y fiscales no iban en el aumento. Si el gobierno consideraba esos argumentos debió expresarlo en lugar de escamotearlos como un tahúr. Optó por un golpe de Estado técnico al desconocer sentencias de la Corte que validan el aumento.
Al borde de la feria judicial apareció el “mecanismo legal”: 8% de aumento y tres salarios líquidos por la retroactividad de los tres años y ocho meses. Quedan afuera para el aumento de funcionarios las dos partidas para jueces y fiscales. Les meten la mano en el bolsillo. Una vez más estamos ante inconstitucionalidades que deberá afrontar el próximo gobierno. El de la Torre Ejecutiva, no el de Rincón del Cerro.
Indujeron a los funcionarios en error y dañaron su patrimonio, pese a que les habían asegurado pagarles a cada uno el 26% de aumento (ahora, recalculado, 21%) y la retroactividad. Mientras los gremialistas dejaban pasar el tiempo electoral para no complicar al gobierno, este planificaba la puñalada.
¿Por qué ahora? Las consecuencias no las enfrentará este gobierno; le deja el fardo a Tabaré Vázquez. Fuentes cercanas a Vázquez me dicen que no quiere saber nada con esta solución. Pero su futuro ministro de Economía, Danilo Astori, votó la ley que también elimina los “enganches” salariales. Ahora Mujica (o sus legisladores, vaya uno a saber) dio marcha atrás con el “desenganche”: una zanahoria para intentar conformar a los gremios con el 8%.
Los gremialistas cayeron como paparulos, en el lenguaje de Mujica. Durante mucho tiempo, por estrategia o afinidad partidaria, hicieron poco ruido para no perjudicar al oficialismo en las elecciones. Fueron sus aliados. Luego el aliado cargó la Uzi y disparó por la espalda.
Esta ley coloca a los gremios en la encrucijada de aceptar admitiendo la quita porcentual, o continuar sus medidas de lucha. El gobierno especula con que no podrán aguantar un largo conflicto porque los descuentos por los paros vacían sus bolsillos y espera que la Corte declare servicios esenciales.
La ley también cambia un artículo del Código General del Proceso (CGP). Establece que el Poder Judicial deberá pagar los fallos y laudos arbitrales en su contra con su propio presupuesto. Apunta a que más de 3.500 funcionarios presentaron una demanda por U$S 56 millones contra el Poder Judicial, en reclamo de la deuda laboral impaga. Eso siempre salía de Rentas Generales.
¿Una venganza? “Que el Poder Judicial se haga responsable de las decisiones que toma”, amenazó el senador Ernesto Agazzi (MPP), ignorando el Estado de derecho. En el hampa, se llama chantaje o extorsión.
Patético. El gobierno se despide con dos de los peores baldones de su gestión: el desconocimiento y un ultraje al Poder Judicial. Como en la dictadura, que encarcelaba, torturaba y mataba sin control judicial.
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