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Es probable que Eleuterio Fernández Huidobro, el ministro de Defensa del presidente José Mujica, pase a la historia como el frustrado ministro de Defensa del presidente Tabaré Vázquez. Quizá Vázquez dé marcha atrás o de repente decide cargar con el lastre. También es probable que cuando esta edición esté en la calle haya una decisión.
Cualquiera sea el camino que se tome, algo debe quedar claro. Nunca en la historia partidaria uruguaya alguien concitó tan rápida y amplia repulsa en su propia fuerza política, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Hasta entonces, mediante un marketing histórico-político y silencios cómplices construyó una imagen de víctima y héroe. La semana pasada se atribuyó en Búsqueda ser el fundador “de la guerrilla más exitosa de América Latina y una de las mejores del mundo”.
Mientras desciende a los infiernos, culpa al imperialismo, a los nazis, a los imbéciles, a los ingenuos, a íncubos y súcubos. A todos menos a él. Y es su responsabilidad, con la complicidad de quienes lo han sostenido pese a sus desequilibrios y adicciones limitantes. Sus correligionarios y amigos son culpables. Le dieron apoyo político y olvidaron que un enfermo requiere asistencia profesional. Las busecas, los asados y las cuchipandas castrenses van a contramano.
A sus dislates, desplantes y violencia verbal le agregó sentimientos que ocultaba: insensibilidad y un insólito desprecio hacia las organizaciones de derechos humanos. También pisó el Código Penal.
Con una apología del delito se enfrentó a Serpaj luego de que su directora, Madelón Aguerre, lo denunció por “no colaborar con la justicia” y retacearle información a los jueces en las investigaciones sobre derechos humanos, respondiendo “no tengo conocimiento”.
“Si Serpaj me autoriza a torturar yo capaz que le consigo información”, replicó. Como un viejo especialista secuestrador, reivindica la tortura como el camino idóneo para obtener información o confesiones. Y para descalificar a Serpaj sostuvo que “la financian las peores fundaciones imperiales” cercanas “a grupos nazis”.
La denuncia de Aguerre fue un “insulto”, se quejó. Lamentó que provenga “de gente de izquierda por más moderada que sea”. Razona como si la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos humanos tuvieran diferente valor para moderados o progresistas, cristianos o ateos, blancos, colorados o frenteamplistas.
Como siempre es bueno tener un palenque donde rascarse buscó un escudo. Dijo que si sus omisiones fueran ciertas, también son responsabilidad del gobierno y del presidente, y este lo banca bailando a su ritmo.
Razonablemente se puede asociar su posición con su devoción y explicación electoral: “los milicos votaron al Pepe” y a la idolatría por el gobierno: “nos adoran porque nunca fueron tratados como ahora”.
Es, por lo menos, sintomático.
Con Serpaj se podrá coincidir o discrepar. Pero de lo que no cabe duda alguna es que desde 1981, con el motor del sacerdote Luis Pérez Aguirre, ha luchado sin tregua por esclarecer las violaciones a los derechos humanos.
El rechazo a su exabrupto no se limitó a la ninguneada “izquierda moderada”. Luego fue un torrente: Partido Socialista, Partido Comunista, Vertiente Artiguista, senadora Constanza Moreira, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), PIT-CNT, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol y Plenaria Memoria y Justicia.
¿A quién le importa el tardío y tibio rezongo escolar del Frente Amplio?
Pese a todas las críticas nadie lo denunció ante la justicia aunque solo fuera para reivindicar el imperio de la ley sobre la arbitrariedad y el desborde político. Y es llamativo, porque en 2001 Serpaj, el PIT-CNT y dirigentes del Encuentro Progresista denunciaron al torturador coronel Manuel Cordero por apología del delito. En declaraciones a Búsqueda, Cordero había reivindicado la tortura como el único medio para obtener confesiones.
¿Cuál es la diferencia apologética entre los dichos —repito: dichos— de Cordero y los del ministro? Ninguna.
Tampoco hay diferencia formal con la denuncia que por ese delito hizo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, contra Luis Eduardo Vittete. Condenado en Argentina por el “robo del siglo”, Vittete dijo en Canal 10 que su profesión es ser delincuente: “Voy a ser ladrón siempre, pero seguramente no robe más”.
¿Para un gobernante que debe velar por la protección y los derechos de los ciudadanos es peor lo de Vittete que lo de Fernández Huidobro? Claro que no.
El 14 de abril de 1972 las Fuerzas Conjuntas tomaron por asalto la casa de la calle Amazonas 1440, en Malvín, donde se ocultaban tupamaros, entre ellos Fernández Huidobro. El periodista y escribano Luis Martirena y su esposa Ivette Giménez fueron masacrados a balazos. Herido y para salvar su vida, Fernández Huidobro clamó por la presencia del comisario de Inteligencia, Hugo Campos Hermida, acusado de integrar el “Escuadrón de la muerte”. Bajo su protección, resultó indemne. Al salir se fundió en un agradecido abrazo con el policía. Varios años después Campos Hermida me relató otras circunstancias vinculadas a esa relación bajo mi compromiso de reserva.
Quizá aquél agradecimiento por haber salvado su vida fue la semilla de una afección psicológica que se le suma a las otras: el Síndrome de Estocolmo.
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