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Los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la ley de inversiones —Comap— para acogerse a los beneficios impositivos tuvieron una nueva retracción en julio, tanto en número de iniciativas presentadas como en el monto. A su vez, en los primeros siete meses de este año totalizaron 171 (una baja de 29% respecto al mismo lapso de 2018) por US$ 188 millones (caída de 63%).
Por más que desde el Ministerio de Economía se argumenta que una parte de la baja se explica por el “adelantamiento” de inversiones en 2018 ante el cambio en el régimen de promoción que se materializó en el Decreto 143, lo cierto es que, dadas las circunstancias internas y externas que se enfrentan, no podría esperarse otra cosa. Vale la pena recordar, además, que según los datos de las Cuentas Nacionales, la inversión privada se contrajo 4,8% en enero-marzo pasado, completando dos años consecutivos de retracción.
Desde el punto de vista interno, la pérdida de rentabilidad y competitividad de los sectores productivos es un motivo básico para que no se invierta; los beneficios impositivos sirven de muy poco si no se espera obtener una rentabilidad positiva de la inversión. La incertidumbre que genera el proceso electoral es otro elemento básico que conspira para un incremento de la inversión, ya que no está muy claro cómo hará un próximo gobierno para corregir los problemas de competitividad y rentabilidad en los siguientes años.
No menos complicada es la situación externa, tanto de la región como del resto del mundo. La profundización de la crisis argentina y la lentitud que viene mostrando Brasil en recuperar un crecimiento económico adecuado son factores que complican de manera significativa a los sectores de servicios y a la industria, y en alguna medida también a la construcción en Uruguay. Dado que los vecinos son competidores directos en terceros mercados en prácticamente toda la canasta exportadora uruguaya, la pérdida de competitividad es un fenómeno que se hará sentir tarde o temprano, especialmente respecto a Argentina.
La desaceleración de la economía mundial, y la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no constituye tampoco un panorama muy propicio para que aumente fuertemente la inversión en Uruguay, como tampoco lo está haciendo en el mundo desarrollado a pesar de que las tasas de interés se encuentran al nivel más bajo de la historia.
En definitiva, no hay ningún motivo como para pensar en que se dará un crecimiento de la inversión privada en los próximos trimestres, más allá del impacto de la construcción de UPM2 y las obras conexas: esto mejorará durante un tiempo las cifras globales, pero no cambiará la dinámica negativa que vive el resto de la economía.
Sin una razonable rentabilidad y competitividad para el sector productivo, no habrá inversión. Salvo que mejoren los precios de exportación —una hipótesis difícil de sostener—, no quedará otra que bajar el “costo país”, por la vía que sea. Son tareas que podrían empezar a encararse ya en este último tramo del gobierno de Tabaré Vázquez, aunque esperar que eso ocurra no parece realista. Así, se desperdiciarán seis meses hasta que llegue marzo del 2020 y la nueva administración se instalará con un panorama económico no muy auspicioso. Porque sin inversión no habrá crecimiento duradero ni de la economía ni del empleo ni de los salarios, y tampoco se podrá mejorar la situación fiscal y de deuda pública actual, que es insostenible a largo plazo.
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