Recursos con asignación incierta

No será esa la única incógnita que se deberá despejar en este terreno, considerando el alto costo a pagar por su exclusiva responsabilidad, debido a gruesos errores políticos y legislativos cuyas consecuencias deberán apechugar el futuro presidente de la República y su ministro de Economía.

Las anteojeras del Ejecutivo y el Legislativo les impidieron ver el bosque; no consideraron que se abría la posibilidad de que el aumento salarial (alrededor de 26%) incluyera a todos organismos mencionados, entre los cuales el Poder Judicial tiene el mayor porcentaje por la cantidad de funcionarios jerárquicos, técnicos y administrativos.

Por ley, los jueces deben ganar un porcentaje del salario de los ministros de la Corte de Justicia y, consecuentemente, ese “enganche” se traslada a los sueldos de los funcionarios administrativos y técnicos. El artículo 85 de la ley 15.750 establece que la dotación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede ser inferior a la de un secretario de Estado. Esta misma norma indica a la vez cómo serán los salarios de cada una de las categorías de jueces en relación con los ministros de la Corte: ministros de los Tribunales de Apelaciones, 90%; jueces letrados de Montevideo, 80%: jueces letrados del interior, 70%, y así sucesivamente, decreciendo hasta llegar a la categoría inferior que son los jueces de paz rurales.

También se vincula al aumento de las fiscalías a través de la ley 15.809. Esta establece la equiparación de funcionarios técnicos, administrativos, especializados y de servicio del MPF (Ministerio Público y Fiscal) a los de similar denominación de cargo, en los respectivos escalafones del Poder Judicial.

Cuando hace dos años el Poder Ejecutivo sacó cuentas, se le vino la noche y decidió embarrar la cancha. Tozudo, Mujica pensó: “difícil que el chancho chifle”. Y en lugar de pagar, trató de enmendarlo con otra macana: una ley interpretativa estableciendo que los aumentos regían solamente para los ministros del Poder Ejecutivo. Pero el chancho chifló y esa norma fue declarada inconstitucional.

Ahora hay que pagar. No solo el aumento mensual sino también la retroactividad generada que se tramita en varios juicios a los que se añadirán otros. Por un lado, los jueces, y por otro, unos 3.500 funcionarios que litigan con un poder amplio otorgado al gremio. Otro centenar de funcionarios judiciales lo hace en forma individual. Los dos primeros grupos son proclives a transar con una quita. Los segundos no están dispuestos a un solo peso de quita.

Esta cuestión insumirá unos U$S 60 millones anuales que no fueron previstos en 2011 como proyección de futuro.

A este pago al Poder Judicial se le añadirá el que se les deberá efectuar a los restantes organismos comprendidos en el “enganche” y, naturalmente, el aumento mensual constante.

Un profesor universitario e integrante de la comisión que redactó el recientemente aprobado Código del Proceso Penal (CPP) me expresó su preocupación por esta situación. “Es de toda justicia que se pague lo adeudado, pero hay que estar alerta porque este aspecto puede servir de excusa para prorrogar la entrada en vigencia del CPP en 2017”, cuyo costo inicial global se estima en U$S 100 millones.

A nadie le queda claro si esa cifra corresponde al ingreso de más de un centenar de jueces, fiscales, defensores de oficio, técnicos e infraestructura, o también incluye el porcentaje salarial del “enganche” que esos nuevos cargos demandarán. Seguramente no lo pensaron.

La preocupación es lícita aunque haya sido Tabaré Vázquez —el más probable presidente— quien en su anterior mandato impulsó el nuevo CPP. Los antecedentes avalan esa preocupación. La aplicación de un CPP aprobado en diciembre de 1997 se suspendió para siempre en junio de 2002 durante la Presidencia de Jorge Batlle. La excusa no explícita fue la crisis económica de la época.

El ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, puso ahora las cosas en su lugar en el programa “Claves Políticas”: “Esto no puede tratarse solo con la Corte porque (…) los titulares de los créditos salariales son los jueces y los funcionarios”, advirtió. Recordó que además hay que considerar las compensaciones por la desvalorización monetaria y los intereses desde 2011. “Debe hallarse una respuesta que le permita al Estado honrar sus compromisos y que a su vez permita que el erario público, frente a cantidades tan importantes, pueda solventarlas sin afectar otros fines esenciales del Estado”.