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Hace varios años tuve una reunión informativa con el director nacional de Policía, Julio Guarteche. Fue cuando él estaba al frente de la Brigada Antidrogas. Me impresionó como una persona inteligente, bien formada, abierta, con buenos modales y objetivos profesionales claros.
Para mi sorpresa, hace una semana desnudó un inesperado rasgo de su pensamiento según el cual las libertades de prensa y de expresión tienen un valor escaso o, al menos, secundario. Tal vez cambió mientras avanzó en su carrera y los criterios políticos desplazaron al policía profesional. Tal vez.
Durante una reunión de la Comisión de Seguridad del Senado, Guarteche dijo que les sugirió a algunos empresarios denunciar a periodistas que trabajaban sobre el secuestro de Milvana Salomone, un hecho que constituyó una noticia de evidente interés público y, por tanto, de legítima investigación periodística. Según el jefe policial, en un caso anterior hubo “una desafortunada intervención de la prensa que casi provoca la muerte de la persona secuestrada”, sostuvo. Se trata de una apreciación subjetiva y difamatoria. Ninguna prueba existe de que los periodistas hubieran provocado ese riesgo. Y si existe, no la presentó ante su auditorio. Además, “la prensa” es “toda la prensa”, con lo cual metió a todos los periodistas en la misma bolsa.
Guarteche comentó a los senadores: “Teníamos la expectativa de que (en el caso de Salomone) iba a haber cooperación (¿desde cuándo periodistas y policías deben trabajar en conjunto?), pero en cambio hubo un seguimiento (de los periodistas) a los policías que estaban involucrados en la investigación del secuestro y presión sobre personas que tenían cámaras (de video) en algunas empresas. Como consecuencia de esa presión ejercida, les dijimos (a los empresarios) que si querían denunciarlos procederíamos a la detención de los periodistas porque se trataba de violencia privada. Sin embargo, ellos decidieron no hacer la denuncia”.
¿De qué galera sacó el jefe policial que presionar para buscar información es un acto delictivo? Cuando Guarteche o sus subalternos presionan verbalmente a los detenidos para obtener información, ¿cometen el delito de violencia privada? ¿Incurren en ese delito los jueces y fiscales al interrogar, presionando, para aclarar un caso? ¿Delinquen los dirigentes del PIT-CNT cuando presionan al gobierno por la pauta salarial? ¿Lo hacen los jugadores de fútbol cuando presionan a los dirigentes por un nuevo contrato?
Un desacierto mayúsculo y, aunque no se lo haya propuesto, potencialmente peligroso para la libertad de acción de los periodistas, teniendo en cuenta el alto cargo que Guarteche inviste.
El artículo 288 del Código Penal (“Violencia privada”) es claro: “El que usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”. ¿Quiénes fueron los periodistas que utilizaron violencia o amenazas para obligar a los empresarios a entregar los videos y en qué consistió concretamente ese accionar?
Las afirmaciones al voleo carecen de valor y además es legítimo dudar de su veracidad. Asombra especialmente que los senadores no hayan salido en defensa de las libertades potencialmente amenazadas. Pero es como dice Kessman: “Es lo que hay, valor”.
Si la denuncia que los policías instigaron a los empresarios radicar prosperaba, Guarteche hubiera arrestado a los periodistas. Sin embargo, convencido de que cometieron un delito que se persigue de oficio, pudo actuar por su cuenta y no lo hizo pese a asegurar que se había consumado la “violencia privada”. Así las cosas, fue Guarteche quien cometió el delito del artículo 177 del Código Penal: “El juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardare su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a dos años de suspensión. La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiere o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones”.
El delito de “violencia privada” está destinado a proteger a las personas en su libertad para decidir sus conductas. Debe haber un ataque directo contra la libertad de autodeterminación que se caracteriza por obligar a hacer alguna cosa en contra de la voluntad utilizando medios violentos o amenazantes, comenta el catedrático Miguel Langón en “Delitos contra la persona humana” de su curso Derecho Penal y Procesal.
El 3 de mayo del año pasado, al celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó: “Solo puede haber buen gobierno cuando los periodistas tienen libertad para examinar, escrutar y criticar”. Vale decir que son malos gobiernos los que no permiten que los periodistas examinen, escruten y critiquen.
Es sorprendente que Guarteche coloque esas libertades en un segundo plano y dé la espalda al artículo 29 de la Constitución. Además, como en los teleteatros, en este caso apeló a la emotividad y abusó de las fibras sensibles de la gente conmovida por el despreciable secuestro de Salomone para hacerles creer a los senadores que los malos, los peligrosos, son los periodistas por hacer su trabajo. Lo que dijo que hizo, se lo haya propuesto o no en forma consciente, fue alentar a violar libertades medulares en una democracia con el también sorprendente silencio de los senadores.
Tengo claro que en estos casos algunos preferían algún tipo de censura, pero ¿quién pone los límites? ¿El gobierno? ¿Qué limites? ¿Dónde empiezan y dónde terminan?
El pasado reciente ofrece lecciones de dramático recuerdo sobre esas restricciones contra los derechos humanos.
Guarteche atribuyó a los periodistas, al barrer, un delito que no cometieron y una responsabilidad que no tienen. No quiero imaginar que un policía profesional “compró” el discurso de los políticos que, en general, tratan de distraer la atención ante el severo problema de la inseguridad pública, donde los secuestros son los menos y los homicidios y las rapiñas una constante diaria.
Albert Camus, que también trabajó como periodista, fue elocuente: “Una prensa libre puede ser buena, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. Peor aún será si los periodistas se someten a la censura con la que se pretenda amordazarlos.
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