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Este año electoral está despertando con una convocatoria del Frente Amplio al ministro del Interior a propósito del estado de la seguridad pública y, al mismo tiempo, con un llamado del senador Mario Bergara al diálogo entre los partidos para acordar una política común y delinear estrategias destinadas a fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.
La preocupación por el tema desborda las fronteras partidarias y atañe a la sociedad y a sus diferentes grupos de interés. Más allá del éxito y los resultados obtenidos, con buena voluntad y compromiso los sucesivos gobiernos han aplicado acciones para atender las diferentes fases de la intervención del Estado (prevención, disuasión, represión y rehabilitación).
Al menos desde la creación de la Comisión Nacional de Prevención del Delito durante el gobierno de Lacalle Herrera y las sucesivas leyes de seguridad ciudadana en gobiernos posteriores, se viene esbozando la necesidad de acordar una estrategia que comprenda la participación del Estado más allá del aparato policial, así como también de las organizaciones de la sociedad civil en actividades para la prevención de la violencia y el delito.
Los buenos resultados recientemente alcanzados en la reducción de delitos no alcanzan para disminuir la percepción de los habitantes sobre el tema y continúa manifestándose en las encuestas como el primero o el segundo de los motivos de preocupación de la población.
Eso daría fundamento al llamado al diálogo, que ciertamente ya comenzó en el año 2023 a través de la invitación cursada desde el Ministerio del Interior a todos los partidos, aunque no logró plasmarse en acuerdos que sumaran a la totalidad de las miradas políticas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la primera reacción es el escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos en una coyuntura electoral que anticipa fuertes enfrentamientos políticos. No obstante, existen algunos temas sobre los cuales podría avanzarse en acuerdos, aunque resulten incompletos.
Por ejemplo, la educación para la paz y la convivencia. Los congresos de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, que vienen realizándose desde hace más de 65 años, constituyen una instancia de aprendizaje de mejores prácticas de las que surgen lineamientos aplicables a cada caso en particular. Entre ellos, surge la educación para niños y jóvenes como elemento fundamental para “prevenir la delincuencia y la corrupción y promover una cultura de legalidad que propugne el Estado de derecho y los derechos humanos y respete al mismo tiempo la identidad cultural. Destacamos también a ese respecto el papel fundamental de la participación de los jóvenes en las iniciativas de prevención del delito”, tal como señala la declaración final del 13er Congreso de Naciones Unidas.
No parecen existir diferencias entre los partidos para dejar de considerar la educación como uno de los ejes centrales de una estrategia para la prevención de la violencia y el delito. No es el único, pero bien podría ser uno de los primeros, junto con la continuidad de los planes de capacitación para contar con una mejor policía y el establecimiento de mecanismos eficaces de inteligencia para prevenir el delito focalizados en los componentes del narcotráfico y el lavado de activos.
La lista posible no se agota con los temas antes señalados, pero principio quieren las cosas. La buena voluntad y el compromiso partidario permitirían comenzar por el tratamiento de estos asuntos sin dejar a un lado las diferencias políticas que podrán expresarse más adelante en las campañas de las elecciones internas y nacionales.
