Sentencias con gangrena

Es razonable que la Suprema Corte de Justicia se preocupe por su imagen y que haya celebrado una encuesta internacional que ubica al Poder Judicial como el segundo más confiable de las Américas. Esa posición debe cuidarse y protegerse, y nada mejor que actuar con rigor y severidad identificando a los responsables de los errores y someterlos a medidas disciplinarias: castigar a los malos y proteger a los buenos. No todos son iguales.

Igual de preocupante es que en “la inmensa mayoría de los casos”, como dice, hayan intervenido defensores de oficio sin advertir y/o señalar los errores y sin apelar las sentencias: coautores de las monstruosidades. También dependen del Poder Judicial.

¿Qué medidas tomó la Corte? Les remitió a todos los jueces y defensores de oficio una copia de la denuncia y dispuso que el Centro de Estudios Judiciales (CEJU) capacite a esos jueces. ¿Cómo es la cosa? Se supone que obtuvieron un título en la Facultad de Derecho y que para ser jueces luego debieron cursar un presunto “posgrado” en el CEJU. ¿Qué pasó? ¿Faltaron a las clases? ¿No estudian, son vagos, no compran libros pese a tener una partida mensual para hacerlo, el trabajo los desborda o además de arrogantes son negligentes? ¿Y la responsabilidad de los docentes? Ahora, como en la escuela, repetidores.

Nada más hizo la Corte porque la valiente denuncia de los tribunales no individualiza a los magistrados. Debieron hacerlo. Generalizar mete en la misma bolsa a los que actuaron mal y a quienes actúan bien. Hay que identificarlos para tomar medidas destinadas a evitar que se gangrene la vida en sociedad. Dar el ejemplo de que no todo es corporativo. Es la transparencia que tantas veces reivindica la Corte.

¿Que investigando se arriesga a la destitución de algunos y no hay jueces de recambio? Seguro, pero la denuncia de los ministros no admite otro camino. No sería la primera vez que se mira hacia el costado; de la última década tengo un largo listado de casos. Lo indiscutible es que esos jueces y defensores a quienes les pagamos sus salarios siguen en funciones. El ciudadano y los abogados de los damnificados tienen derecho a saber quiénes son para estar alertas en esos juzgados o para no mirar con desconfianza a quienes actuaron bien. No saben quién es quién.

Es bueno saberlo también para poder constatar si los autores de esos “horrores” han integrado las listas anuales de los “mejores jueces” que habilitan su ascenso. A esta altura no hacer concursos para ascender parece terquedad corporativa.

Ricardo Míguez, presidente de la Asociación de Magistrados, de la cual son socios la mayoría de los zopencos, opinó en “El País”: “No es habitual que se cometan errores, pero somos humanos y los tribunales son los que deben elevar los casos a la Corte para que tome medidas correctivas”. Habituales son los errores “humanos”, pero estos son horrores inhumanos. Con el mismo énfasis y derecho con el que el gremio lucha por su aumento salarial debería luchar por la depuración de la magistratura. Pero los olmos siguen sin dar peras y hay que conformarse con nísperos.

Para colmo de males, tan grave como que decenas de “menores infractores (delincuentes)” vuelvan a las calles por esos errores es que los contribuyentes deberemos indemnizarlos en los juicios que inicien por haber sufrido prisión injusta. No porque fueran legalmente inocentes, sino por culpa de ignorantes o zánganos. O de ambas cosas.