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Aunque el movimiento Un Solo Uruguay gestado por productores rurales salió del centro de la escena, la problemática que enfrentan algunos rubros del campo continúa causando dolores de cabeza al gobierno. Incluso, la búsqueda de soluciones para la crisis en la cadena láctea generó discrepancias dentro del Poder Ejecutivo, aseguraron a Búsqueda fuentes oficiales.
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Tras una larga agonía, la industria láctea Pili S.A. de Paysandú inició el lunes 10 la gestión de un concurso para renegociar un pasivo cercano a US$ 60 millones con bancos, tamberos y acreedores comerciales.
El miércoles 15 el Poder Ejecutivo envió dos proyectos de ley, que el Senado aprobó por unanimidad con carácter de urgente, creando dos “fondos de asistencia”: uno para los remitentes de leche a esa empresa con $ 38,4 millones; otro, en la órbita del Banco de Previsión Social, con $ 14,4 millones para pagar los créditos laborales de sus trabajadores. Los recursos —cerca de US$ 1,7 millones en total— surgen del Fondo para el Desarrollo (Fondes) que administra la Agencia Nacional para el Desarrollo.
La búsqueda de soluciones para la crisis en la cadena láctea generó discrepancias dentro del Poder Ejecutivo.
Convocado desde la Presidencia de la República, el ministro de Economía, Danilo Astori, estampó su firma en los proyectos, aunque tiene reparos sobre la solución propuesta, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. En su cartera temen que otras industrias lácteas en dificultades pretendan beneficiarse de apoyos similares del gobierno.
De hecho, Beatriz Costa, suplente del diputado Luis Fratti (Movimiento de Participación Popular), planteó en la bancada oficialista que se atienda a la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), aseguró una fuente política.
Mientras, cinco gremiales del agro —las asociaciones Rural, de Productores de Leche y de Cultivadores de Arroz, además de la Federación Rural y las Cooperativas Agrarias Federadas— anunciaron el martes 14 su retiro del Consejo de Salarios debido a la fijación de un correctivo por parte del Poder Ejecutivo, así como por el conflicto laboral en Conaprole y en la industria láctea. Esa determinación fue comunicada primero al gobierno en una reunión de esa instancia de negociación realizada al mediodía, y luego en la tarde en un encuentro en el Ministerio de Economía entre representantes de las gremiales rurales, Astori y el ministro de Ganadería, Enzo Benech.
En el Consejo de Salarios rural el intercambio fue “tenso” y los delegados del Ministerio de Trabajo manifestaron su “molestia” por la decisión de las agremiaciones del campo, relataron a Búsqueda participantes en esa reunión.
En el Consejo de Salarios rural el intercambio fue “tenso” y los delegados del Ministerio de Trabajo manifestaron su “molestia” por la decisión de las agremiaciones del campo.
Comentaron que a Astori tampoco le cayó bien la resolución de los empresarios de abandonar las negociaciones. Benech, que instó a mantener el diálogo entre las partes, informó el miércoles 15 en una conferencia de prensa que se impulsarán cuatro medidas rebajando costos y aliviando impuestos a sectores del agro.
La postura de las gremiales rurales fue cuestionada por el PIT-CNT en el entendido de que se trata de un “disparate antidemocrático”. Fuentes sindicales consultadas por Búsqueda interpretaron que la decisión de los ruralistas responde a una “movida política más que económica”.
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