Un sainete y una república

Pero Argentina es un sainete descomunal. Al día siguiente se curó y aceptó ser reelecto. El presunto ictus anímico pudo responder al ataque que le había propinado el jefe del Gabinete presidencial, Aníbal Fernández. Este descalificó al juez por haber expresado: “La gente tiene razón al pensar que la inseguridad se ha agravado. El narcotráfico es un flagelo preocupante, (…) los jueces están para ponerle límites al gobierno de turno”.

Eugenio Zaffaroni, destacado penalista, también llegó en 2003 de la mano de Kirchner. Renunció el año pasado. La presidenta se zambulló tras su cargo y el de Fayt; cesa en diciembre e intenta armar un reaseguro. Para ella y para varios.

Hace una década, con un poder casi absoluto, Kirchner sedujo a varios jueces. Todos tenían clara su maniobra política, pero igual se subieron al carro. A medida que el crédito de Fernández se ha ido agotando, algunos fueron rebobinando. Recién entonces admitieron elípticamente que se pretendía imponer lo político sobre lo jurídico. Zaffaroni renunció el año pasado, pero durante once años fue cortesano “K” más allá de proyectar una imagen progresista.

Si Alberto Vacarezza, el rey del sainete porteño, viviera, hoy escribiría obras descacharrantes. Tal vez superiores a su mayor éxito: “El conventillo de la Paloma”. El conventillo se amplió y la Paloma se parece a un ave de rapiña.

La lucha entre el gobierno y la justicia se agudizó en 2013. Fernández quería que los integrantes del Consejo de la Magistratura fueran electos por voto popular. Ese Consejo —de similares funciones al que la dictadura impuso en Uruguay— confecciona ternas de candidatos para jueces nacionales y federales que luego designa el presidente en acuerdo con el Senado. Para la Corte la reforma fue inconstitucional.

Es bueno sintetizar este sainete para que los televisivos uruguayos no se confundan. Ambos países están separados por 20 minutos de vuelo, pero la distancia entre los magistrados y los políticos de una y otra orilla es sideral. No es chovinismo o patrioterismo. Los hechos son terminantes.

Aquí el Poder Ejecutivo es ajeno a la designación de los ministros de la Corte. A nadie, salvo a algún paranoico con la filosofía de los Kirchner, Maduro o Correa, se le ocurriría plantear modificaciones.

No digo que todos los jueces uruguayos sean puros, trabajadores y talentosos. ¡Claro que no! Pero con aciertos y errores no miran el peso económico, político, influencia o debilidad de los litigantes. Deciden de acuerdo a derecho.

Los magistrados no ascienden a las cúpulas (la Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo) por el dedo del presidente de la República. Se ajustan al artículo 236 de la Constitución: dos tercios de votos de la Asamblea General, y si a los noventa días de la vacante no hay acuerdo, asume el más antiguo. Cesan a los 70 años o luego de 10 años en el cargo.

Los ministros de los Tribunales también requieren venia legislativa y los jueces no dependen de ningún Consejo de la Magistratura. Las reglas están claras. Algunas sentencias generan legítimas protestas o cuestionamientos, pero no pasa de ahí.

La diferencia entre Argentina y Uruguay no es solo de sistemas. Es de médula y de origen. Aquí el espíritu republicano y la separación de poderes son de titanio.

No en vano la independencia del Poder Judicial uruguayo arranca con las Instrucciones de 1813 (artículos 5 y 6). El filósofo e historiador Arturo Ardao razonaba que el carácter republicano y democrático tiene su semilla en la instalación del primer Cabildo, aunque la mayoría de los cabildantes no supiera leer. Esa es la filosofía que recogió la Constitución de 1830 cuando aún no existía en Argentina. Su primera Constitución es de 1853.

Lo dicho: la distancia entre Argentina y Uruguay se cubre con 20 minutos de vuelo. Pero en estos temas la distancia histórica, institucional y moral es mayor que de la Tierra a la Luna.