N° 1808 - 19 al 25 de Marzo de 2015
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá¿Es razonable que transcurran 38 años para destacar la dignidad, lealtad, diligencia, valentía y austeridad republicana de una persona? No fue preso político, militante partidario, guerrillero, ni padeció la tortura física. Fue juez hasta que en agosto de 1977 lo destituyó la dictadura. El primero de varios. Se trató de un símbolo institucional porque marcó el punto de quiebre en la historia de la independencia judicial del país, a la que aun en democracia algunos le hacen zancadillas.
En 1973, Mario Forni Bell había enfrentado el desborde militar con la ley en una mano y el coraje en la otra. La dictadura estaba entronizada, pero, cumpliendo con su obligación, dispuso indagar las razones de la muerte del estudiante de Agronomía Hugo de los Santos Mendoza. Había sido detenido el 1º de setiembre de 1973. Tres días después, los militares le entregaron a sus familiares un ataúd cerrado con un certificado del m?édico militar José A. Mautone: “Edema agudo de pulmón”.
Era juez letrado de Rocha. El mismo día que los militares entregaron el cadáver, un médico familiar del fallecido fue en la medianoche a su domicilio en La Paloma a pedirle su intervención. Le relató que pese a la prohibición había revisado el cuerpo y presentaba hematomas y golpes. Imposible que hubiera muerto por edema agudo de pulmón. No le tembló el pulso: ordenó otra autopsia y solicitó la presencia de abogados y médicos de Rocha además del profesor y forense Julio Arzuaga. La nueva autopsia la hizo el forense Roberto Méndez Benia y fue concluyente. Mautone había mentido. Se comprobó que la muerte se debió a múltiples golpes recibidos durante la tortura: homicidio.
El magistrado ordenó enviar los antecedentes a un juzgado de Montevideo. Cuando el juez militar, el abogado y coronel Federico Silva Ledesma —luego presidente del Supremo Tribunal Militar entre 1974 y 1985— se enteró, trató de impedirlo. Fue a Rocha a reclamarle el expediente. Me contaron testigos que en una reunión muy tensa, Forni, alzando la voz, le respondió que en ese caso había un solo juez y que era él. Le pidió que se retirara.
El fiscal de Corte, Fernando Bayardo Bengoa, dijo que la intervención de Forni había sido irregular y la Suprema Corte de Justicia lo amonestó. Más tarde, lo previsto: en 1976, el juzgado de Instrucción de primer turno y el fiscal de primer turno de Montevideo archivaron el expediente por falta de pruebas. El paquete quedó atado.
En julio de 1977, Bayardo Bengoa asumió como ministro de Justicia y recortó las facultades del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia pasó a ser Corte de Justicia dirigida por el ministro. Ocurrió lo obvio. Forni fue destituido junto al actuario José Luna. Desde entonces y hasta 2008 el ex juez, un católico devoto, se dedicó en silencio al ejercicio de la abogacía. En 1985 pudo reincorporarse al Poder Judicial como otros destituidos a quienes les recompusieron la carrera y llegaron a ser ministros de la Corte: Gervasio Guillot, Nelson García Otero, Nelson Nicollielo y Jorge Pessano.
Forni falleció el jueves 12 de marzo. Hacía cuatro años que estaba internado en una residencia; padecía Alzheimer. Era el único vivo de todos los jueces destituidos y, vaya ironía, murió aislado del mundo poco después de celebrarse los 30 años de la recuperación democrática.
Luego de ver el aviso mortuorio de sus familiares busqué otros. Esta semana un recordatorio de la Suprema Corte de Justicia, que también decidió colocar una placa en el juzgado de Rocha. La Asociación de Magistrados del Uruguay, el Colegio de Abogados del Uruguay y la Facultad de Derecho de la Udelar, por ahora, ausentes. También ausentes las organizaciones de defensa de los derechos humanos. De repente, arrastrados por la Corte, ahora dicen presente. Durante 30 años casi nada. En 2008, la Junta Departamental de Rocha homenajeó a Forni y a Luna en un acto que apenas trascendió.
Estoy seguro de que hasta hoy la mayoría de los jueces, fiscales y abogados no sabían quién fue ni que cuando lo destituyeron quedó sin recursos y cinco hijos pequeños. Durante varios meses sus amigos de Montevideo le enviaban alimentos por la empresa Onda. Estas historias no integran los estudios académicos que se dictan para ser juez, ni tampoco el “Manual para docentes” con que la Corte celebró su centenario en 2007. Deberían.
¿Qué diferencia lo ocurrido a Forni con otros desbordes de poder durante la dictadura? Respecto de varios tiene más relieve porque defendió a rajatabla el amplio concepto de Justicia y fue el primero en plantarse frente a los usurpadores sin medir las consecuencias.
¿Por qué lo olvidaron sus colegas? ¿Qué dicen los militantes políticos que por el traslado (no destitución) de una jueza coparon el edificio de la Suprema Corte de Justicia? ¿Y los partidos políticos? ¿Por qué las organizaciones de defensa de los derechos humanos han mantenido silencio sobre estos hechos en los últimos 30 años?
Ha existido una relegación histórica de los jueces destituidos. ¿Es porque no fueron presos, torturados ni militantes, salvo de la ley? ¿O acaso porque nada aportan a la movilización de partidos o de organizaciones sociales? Una vez más lo político por encima de lo jurídico.
Lo que está claro es que ha existido memoria selectiva y, aunque dramático y absurdo, a veces solo la muerte permite rescatar lo trascendente.
Vergüenza ajena.