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Es de conocimiento público la compleja situación que enfrenta Casa de Galicia.
Una deuda de unos 80 millones de dólares, ejercicios deficitarios, descenso de asociados a unos 45.000, funcionarios en exceso (frente a esa cantidad de socios).
La Directiva de Casa de Galicia se presentó a Concurso de Acreedores, el MSP la intervino, el juez del Concurso acepta la solicitud de concordato, designa a dos Síndicos y desplaza a las Interventoras.
El MSP retira a las Interventoras y la Institución queda a cargo de los Síndicos (que no están preparados para dirigir una mutualista), quienes piden auxilio al MSP, que no se lo brinda y en consecuencia el juez decreta el cierre de la institución el 23 de diciembre, vísperas de Navidad.
Ante este hecho consumado, el MSP decide que ASSE se encargue de la Dirección de la Mutualista y contrata a tal efecto a las mismas Interventoras que había retirado un mes antes.
Las Interventoras asumen el control y la institución funciona normalmente desde ese momento.
Este es, en forma muy resumida, el novelón que vivimos desde octubre a la fecha.
¿Qué se hace a partir de ahora?
Recordemos que Casa de Galicia representa:
45.000 socios
Varios IMAE, que son el fruto más codiciado de muchas mutualistas
Un sanatorio de diseño moderno y funcionando en su totalidad (aunque es justo convenir que necesita reparaciones por décadas de pobre mantenimiento).
Y aparecen las propuestas:
Me llevo los socios y algunos funcionarios.
Que cierre y el MSP distribuya los socios y funcionarios a otras mutualistas.
Que ASSE se quede con el sanatorio y los funcionarios.
Otras más no muy claras.
Sin embargo hay grandes dificultades a resolver:
¿Puede el Poder Ejecutivo disponer que un afiliado sea transferido administrativamente a otra institución de salud a la que no quiere pertenecer? ¿La afiliación mutual no es voluntaria? ¿No es una solución de corte totalitario disponer de la masa de afiliados como moneda de negociación?
Es claro que a cualquier mutualista del país le interesa acrecentar su capital de un día para el otro en varios miles de afiliados. ¿Pero están en condiciones reales de atenderlos, estando muchas de ellas seriamente endeudadas y solicitando un fideicomiso atrás de otro?
¿Podrá esta mutualista/s gestionar este sanatorio importantísimo por su dimensión y localización para el Sistema Integrado de Salud?
¿Puede el Estado absorber a los trabajadores de Casa de Galicia y acrecentar la cantidad de funcionarios públicos?
Actualmente Casa de Galicia funciona bajo el derecho privado, pero está siendo dirigida (y muy bien) por las funcionarias designadas por ASSE.
Un ejemplo real y práctico de Participación Público Privada.
El Estado es el mayor acreedor de Casa de Galicia, poseedor de la hipoteca sobre el sanatorio; lo que en los hechos lo transforma en el dueño del más importante bien de la institución.
Mi propuesta:
Pienso que la solución a este complejo problema, es hacer un contrato Público-Privado entre ASSE y la Sociedad Civil Casa de Galicia, con la división en cuotas que surja del Concurso (puede ser 60%-40% o mayor en favor de ASSE).
La Sociedad Civil Casa de Galicia deberá cubrir su correspondiente parte de lo adeudado.
La mayoría del nuevo Directorio corresponderá a ASSE.
ASSE asignará a atenderse en la Institución a 55.000 usuarios de ASSE que acepten atenderse ahí y los usuarios no ASSE que deseen atenderse en Casa de Galicia mantendrán su afiliación, e incluso se podrán afiliar quienes libremente deseen.
De esta forma, queda una mutualista de 100.000 usuarios que se nutre de las dos vertientes: pública y privada.
Los funcionarios se mantendrán dentro del derecho privado, dependientes de la Sociedad Civil Casa de Galicia.
El funcionamiento entre ambas vertientes se guiará por rígidos objetivos asistenciales.
Mantiene el nombre Casa de Galicia.
Espero que este sea un aporte constructivo a este serio problema.
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