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    Despilfarro inútil

    N° 1967 - 03 al 09 de Mayo de 2018

    , regenerado3

    Todos tienen algún amigo o conocido que cuenta el remate de los relatos al empezarlos, matando así todo el misterio y la gracia. Hoy haremos lo mismo, aunque pidiendo desde ya disculpas. El final de esta historia es que, por más que hay despilfarros en gastos que tienen un porcentaje de utilidad, el que nos ocupa hoy es un derroche que no solo no tiene sentido, sino que está en contra de la democracia que tanto la oposición como el gobierno pretenden cuidar.

     ¿Cuál es el principio de esta historia? Refiere a los gastos excesivos previstos por el Estado para concretar su intención de monitorear a los medios, controlar el “tono” en que manejan las noticias (aunque luego se retracten, la intención está), establecer qué es plural, diverso, igualitario, respetuoso, inclusivo, discriminatorio y el disparate final, cuándo es sesgado o no.

    Si la pregunta es dónde está documentada esa postura del Poder Ejecutivo, basta con leer la tristemente famosa Ley de Medios, o mejor aún, las columnas de nuestro exdirector Claudio Paolillo del 13 de junio de 2013 y 24 de abril de 2014 referidas al tema. La nueva norma crea el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que será acompañado por la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y su Ombudsman estatal, grupos de semidioses que, de acuerdo con quién sabe qué criterio, tienen que aplicar, fiscalizar y hacer cumplir la ley, con toda esa chorrera de definiciones vagas mencionadas en el párrafo anterior.

    Empieza allí una cadena de gastos interminable, sueldos importantes y costos operativos manejados por estos señores, que por lo visto saben más que todos nosotros sobre los límites morales de las noticias y de los contenidos audiovisuales. Serán los vigilantes de la “identidad cultural del país”.

    Y para ello podrán aplicar sanciones. O mejor dicho: deberán aplicar sanciones. De lo contrario, ¿cómo pagan sus gastos?

    El problema no termina ahí. La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) anunció hace casi un año a El Observador que ya está controlando y sancionando aspectos de la ley que no requieren reglamentación y que para llevar a cabo todo eso tiene un importante plan de inversión. Comenzó entonces la competencia entre los organismos ya existentes y los nuevos. ¿Cuánto nos va a costar esta absurda superposición de tareas?

    Nos dirán que esta ley no abarca todos los medios, solo aquellos que necesitan licencias para utilizar el espectro radioeléctrico, patrimonio universal que administra (no es el dueño) el gobierno. Es cierto. Pero esto es solo una excusa que usan sectores influyentes en el actual gobierno para imponer su pensamiento de que es necesario promover “la identidad nacional” de acuerdo con sus criterios.

    Lo contradictorio del asunto es que uno de los máximos exponentes del oficialismo, el expresidente José Mujica, dijo durante su mandato a la revista brasileña Veja que “la mejor ley de prensa es la que no existe” —definición que compartimos— y al mismo tiempo sus subordinados se dedicaban a darle un poder inaudito a sectores que obviamente no creen en la libertad de expresión, e incluso, antes que ello, en la libertad del individuo en general.

    El tema adquiere actualidad porque en estos días se aprobó en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados un proyecto de ley pergeñado por las mismas “cabezas” sobre la distribución de la publicidad oficial, cuya intención es debilitar —como también la Ley de Medios— a los canales de televisión, que ven como potenciales enemigos, a las radios formales, que caen en la misma bolsa para vestirla mejor, e ignorar a los medios escritos, que consideran peligrosos. Lo que más molesta de ese proyecto es que increíblemente lleva la firma de todos los partidos políticos. Probablemente no entienden las consecuencias que se esconden detrás del disfraz de lo políticamente correcto, que tanto daño nos está haciendo últimamente.

    Este es un proyecto muy prematuro aún y volveremos a tratarlo. Ahora cerremos con el final que ya fue anunciado porque vale la pena repetirlo: por más que hay despilfarros en gastos que tienen un porcentaje de utilidad, el que nos ocupa hoy es un derroche que no solo no tiene sentido, sino que está en contra de la democracia que tanto la oposición como el gobierno pretenden cuidar.

    ?? Exceso de soberbia