Secundaria crea una Comisión de Derechos Humanos para combatir la violencia “en todas sus expresiones” dentro y fuera de los liceos

Martínez, que también es profesora de Historia, sostiene que estos casos —“durísimos, complejos e invisibilizados”— motivaron la reciente creación de una Comisión de Derechos Humanos (DDHH) que funcionará en la órbita de Secundaria. Su función será la de “buscar prevenir y conocer de primera mano situaciones de violencia, en sus más diversas expresiones, que puedan estar viviendo estudiantes, funcionarios de gestión y docentes de todos los liceos, oficinas centrales y dependencias del país”, según expresa la resolución firmada por la nueva directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

Este plan sobre “la prevención de la violencia” estará organizado a partir del análisis de situaciones como las de Valentina, dijo Martínez, quien citó este caso “no por excepcional” sino por representativo. De hecho, “estas situaciones de violencia se repiten en un porcentaje imponente”, agregó, aunque Secundaria no dispone de información sistematizada sobre el número de casos de violencia en los liceos.

No obstante, “permanentemente llegan denuncias de violencia, a todo nivel —física, psicológica, sexual— por situaciones que ocurren en las aulas, ya sea entre los alumnos, de parte de los padres hacia los docentes, y hasta entre los propios docentes”, afirmó.

El informe que contiene la historia de Valentina fue publicado el año pasado por el CES en el librillo Hacia vínculos afectivos libres de violencia, y surgió de un proyecto del Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico (PIU) de Secundaria, para evitar a su vez la repetición y la desvinculación —o deserción— de los alumnos en ese primer tramo liceal.

La experta explicó en su informe que el llamado “fracaso escolar” (repetición, desvinculación, abandono) “se presenta junto con una variada gama de situaciones de violencia doméstica que viven o a las que son expuestos los estudiantes uruguayos —mujeres y varones— que no logran terminar el Ciclo Básico” de enseñanza media.

Así es que con su iniciativa el CES también busca dar continuidad a otros proyectos y generar instancias que operen como “facilitadores” para que los estudiantes puedan finalizar el ciclo de educación obligatoria, dijo Martínez, que trabaja en DDHH para el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.  La relación entre los “problemas familiares” y las dificultades de conducta y aprendizaje de los estudiantes de Secundaria —y particularmente del Ciclo Básico, que es “el cuello del embudo del fracaso” de la educación pública— son “un lugar común dentro y fuera de las instituciones educativas”, explicó.

El fenómeno es “transversal al sistema” y “esconde situaciones de mayor complejidad y de escasa visibilidad” sobre todo en lo referido a vínculos afectivos. Una de ellas es la violencia doméstica, “de la que son víctimas las y los adolescentes” que asisten a las instituciones de enseñanza media del Estado.

Violencia moral.

La violencia doméstica suele hacerse visible cuando irrumpe bajo la forma de maltrato físico, con signos evidentes, y es denunciada por la víctima o detectada por alguno de los adultos de la institución, explica Martínez. Algunas veces, ante la imposibilidad de tolerar situaciones de abuso, las víctimas se animan a contar su historia, “casi a confesarlo” a adultos —docentes, adscriptos, psicólogos— en quienes depositan confianza, o a algún integrante de su grupo de pares que funciona luego como “denunciante”.

Estas suelen ser las situaciones más comunes. Pero hay una forma “más sutil”, según la especialista, casi imperceptible de violencia, que suele pasar desapercibida. Y es la “violencia moral” o “violencia estructural”, otras formas de la “violencia simbólica”, explicó. Se trata de una “violencia sistémica” que no proviene de la acción concreta de un individuo sobre otro, sino que resulta de relaciones sociales “naturalizadas”.

Por eso la violencia moral resulta difícil de detectar. Sin embargo, “está presente en infinidad de prácticas cotidianas que naturalizan vínculos que impiden el desarrollo de las potencialidades individuales, afectan la autonomía personal, y dañan la autoestima”, dijo.

Estas prácticas están reñidas con los derechos que debieran proteger a los adolescentes, señaló la docente. Y estos derechos son “difícilmente reivindicables por la casi ausencia de normatividad” sobre este tipo de violencia. A su vez, la división entre lo público y lo privado “refuerza” lo invisible de la violencia doméstica, ya que esta se manifiesta en el espacio privado del hogar.

Por eso, insistió, “la sensibilización de los actores” que comparten a diario el espacio institucional educativo con los adolescentes es “imprescindible” para diseñar estrategias y herramientas que prevengan y aborden “todas las formas de violencia” que vulneren la integridad psíquica, física y social de los jóvenes.

“Sería deseable que cada institución reflexione sobre los discursos y acciones que, de forma naturalizada —y por lo tanto inconsciente— reproducen, desde el sistema educativo, las diferentes formas de violencia que vivimos dentro y fuera de los liceos”, cerró.