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Entre los derechos inalienables del ser humano se encuentra el de ejercer su libertad de expresión y pensamiento. Defender ese derecho les corresponde, además de a cada una de las personas, a varios organismos públicos y privados. Sin embargo, es quizás la Justicia la principal encargada de hacer valer ese derecho ante situaciones que puedan restringirlo o prohibirlo.
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En ese marco, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en representación de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, suscribió en noviembre un memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el que se comprometió a llevar a cabo actividades dirigidas a promover relaciones de cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información judicial.
Según el memorando firmado, se creará un marco estratégico para la formación de magistrados y funcionarios judiciales para “fortalecer” la Cumbre Judicial Iberoamericana en esta área.
Ambas organizaciones “reconocen que el papel de los Poderes Judiciales frente a las necesidades de la sociedad es un derecho humano fundamental, además de uno de los factores más importantes de legitimación de la institución judicial y de sus agentes”.
En ese sentido, destacan “la importancia de la formación de funcionarios judiciales y de la intercomunicación en áreas relativas a los derechos humanos en general, y en particular a la libertad de expresión”.
“La comunicación, promoción, sensibilización y participación serán elementos clave de la actividad propuesta. Las partes cooperarán estrechamente en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de todas las actividades de comunicación relacionadas con los proyectos, programas, que estarán basadas en un Plan de Comunicación que será acordado por las partes”, señala el memorando.
Desarrollo sostenible.
Fue el presidente de la SCJ uruguaya, Ricardo Pérez Manrique, quien firmó el acuerdo en representación de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Para el magistrado, “el presente acuerdo entre Unesco y los sistemas judiciales de 23 países, que abarcan a unos 608 millones de personas, se encuentra alineado en los objetivos del desarrollo sostenible”.
“Queda librado a cada sistema judicial iberoamericano la definición de la forma como desarrollará a nivel nacional su cooperación con Unesco”, aclaró.
Para Pérez Manrique, “resulta evidente” que sin sistemas de Justicia “accesibles para todas las personas, especialmente las más vulnerables, independientes de toda influencia política o de otros sectores que afecten su imparcialidad, no hay Estado de derecho posible”.
“Sin Estado de derecho se vulnera la dignidad de los seres humanos, sus libertades y la realización como sujetos. Este convenio es una alianza estratégica, que seguramente trascenderá mucho más allá de los cuatro años de su vigencia y en ese sentido comprometemos todos los esfuerzos desde la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana para que cumpla sus objetivos”, agregó.
Esfuerzo conjunto.
A su turno, tras la firma del acuerdo, la directora general de la Unesco, Irina Bokova, agradeció a Pérez Manrique “por su liderazgo” en un tema central para el organismo: “Fortalecer la libertad de expresión, mejorar la seguridad de los periodistas, trabajar con los sistemas de Justicia, mediante el aumento de capacidades, mediante la formación”.
Dijo que el documento suscrito “es producto de un esfuerzo conjunto de los Poderes Judiciales de la región iberoamericana (países latinoamericanos más Andorra, España y Portugal) y de la Unesco, sumado al involucramiento de un conjunto importante de otros socios”, y agregó que “este es un acuerdo para seguir trabajando, para seguir profundizando una colaboración que ya ha cosechado frutos de gran calidad”.
“Cooperar con los Poderes Judiciales para que protejan la libertad de expresión y el acceso a la información es promover el desarrollo por medio del fortalecimiento del Estado democrático de derecho y de la buena gobernanza —como establece el objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la nueva Agenda 2030”, añadió.
Recordó que con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, y el fuerte compromiso de la Suprema Corte de México, se organizó el primer piloto de un “Curso Masivo en Línea sobre Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública, Transparencia y Seguridad de Periodistas”.
“Casi 900 operadores de Justicia fueron capacitados en esta primera experiencia, la cual contó también con el apoyo de la Universidad de Texas, en Austin. Desde entonces, más de 2.500 operadores de justicia de los 23 Estados de Iberoamérica que son miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana fueron capacitados”, sostuvo.
“En conjunto con las Escuelas de Jueces de Iberoamérica también fue diseñada una hoja de ruta para que incorporen estas temáticas en sus currículos. Un banco de jurisprudencia, totalmente en español, con más de 200 sentencias de Cortes de todo el mundo de habla hispana y portuguesa, está ya en línea, en una iniciativa compartida con la Universidad de Columbia en Nueva York”, agregó.
Para Bokova, cooperar con los Poderes Judiciales para que protejan la libertad de expresión y el acceso a la información “es promover el desarrollo por medio del fortalecimiento del Estado democrático de derecho y de la buena gobernanza”.
