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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) expresó inquietud por la existencia en Uruguay de una iniciativa popular para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, por la situación de sus cárceles, la discriminación por motivos de orientación sexual y de identidad de género, y la falta de mecanismos que faciliten el acceso a la Justicia a las personas en situación vulnerable.
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En un informe divulgado la semana pasada, el Comité señala algunos “aspectos positivos” sobre la situación uruguaya, entre los que destaca que se dejó “sin efecto la ley de caducidad”. Además resaltó que se aprobaron normas relativas a la condición de refugiado y migración, la lucha contra delitos de carácter sexual y la ratificación de estatutos y protocolos que señalan como imprescriptibles los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.
El Comité elaboró el documento después de escuchar a representantes del gobierno y organizaciones sociales que presentaron sus trabajos sobre la situación de los derechos civiles y políticos en el país. Los Estados deben informar cada cinco años al Comité sobre la situación de los derechos humanos. Sin embargo, Uruguay no presentaba un informe desde 1998.
Pese a los avances señalados, el organismo de la ONU dedica buena parte del informe a realizar recomendaciones y expresar su preocupación por algunos hechos.
El documento afirma que “inquieta” al Comité la “existencia de iniciativas populares que plantean una rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal hasta los 16 años”. El Estado parte, añade, “debe garantizar la existencia de un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos protegidos” a través de la normativa, que se apueste a la integración en la sociedad de los adolescentes infractores y que la detención y el encarcelamiento sean medidas de último recurso.
El Comité lamentó que el Estado uruguayo “no haya proporcionado información concreta sobre el resultado de las investigaciones penales y/o disciplinarias abiertas contra oficiales del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por presuntos abusos sexuales a varias menores internadas en un centro”.
En el documento se destaca que el gobierno está tomando medidas para mejorar las condiciones en los establecimientos carcelarios, pero expresa “preocupación” por la “persistencia de problemas de hacinamiento” en algunos centros de detención. Por eso plantea proseguir con obras de mejora de las instalaciones, limitar el período legal de prisión preventiva y ampliar la incorporación de penas alternativas.
En otro punto, el Comité expresa preocupación por los informes de organizaciones no gubernamentales respecto a denuncias de discriminación por la orientación sexual. Al respecto recomienda investigar las denuncias, establecer un sistema estadístico y desarrollar programas de sensibilización a fin de combatir la homofobia y transfobia.
Por otro lado, el Comité planteó que la Institución Nacional de Derechos Humanos cuente con los recursos financieros, humanos y materiales para el desempeño de su labor con “plena independencia y eficacia”.
Asimismo, el organismo de Naciones Unidas celebra las medidas legislativas adoptadas por el Estado para fomentar la participación de las mujeres en la vida política. No obstante, “observa con preocupación la baja representación parlamentaria de las mujeres y su reducida presencia en puestos de decisión del Ejecutivo y del Poder Judicial. También preocupa al Comité la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que la tasa de desempleo femenino duplique la de los hombres”.
La situación del trabajo infantil en Uruguay es otra de las preocupaciones del Comité. Al respecto sostiene que el gobierno tiene que tomar “medidas eficaces para combatir el fenómeno de los niños de la calle y la explotación de los niños en general”, así como “organizar campañas” de concientización ciudadana sobre los derechos del niño.
El Comité lamenta la poca información que se le proporcionó sobre las medidas adoptadas para facilitar el acceso equitativo a los tribunales y a los órganos administrativos por las personas en situación vulnerable. Por eso reclama que el Estado garantice la “existencia de mecanismos” que permitan el acceso a la Justicia “sin discriminación alguna”.
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