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En un hecho inusual, la Suprema Corte de Justicia integrada por cuatro ministros de tribunales de apelaciones acordó esta semana declarar inconstitucional otra ley relevante, la cuarta en este período de gobierno, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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La corporación declaró inconstitucionales la ley que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (Icir), la ley interpretativa de la “ley de caducidad” y la semana pasada dos artículos de la ley de Rendición de Cuentas de 2010 que obligó a la escuela judicial a brindar cursos de derechos humanos con recursos propios.
En este caso se trata de una ley que privó de un aumento salarial a diversos tipos de funcionarios públicos. La norma enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento quiso enmendar un artículo de la ley de Presupuesto que equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores.
Eso trajo aparejada una serie de inesperados aumentos en cascada, porque el sueldo de los ministros es utilizado como base de cálculo para el salario de otros funcionarios. Para solucionar ese tema el Poder Ejecutivo envió una nueva norma que interpreta la anterior. Contra ese artículo es que se presentaron decenas de acciones de inconstitucionalidad.
El caso que la Corte declaró inconstitucional esta semana refiere a una acción iniciada por ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. En esta oportunidad la corporación estuvo integrada por los ministros de tribunales de apelaciones Eduardo Cavalli, Juan Carlos Contarín, Cristóbal Nogueira y por el ministro de la SCJ Jorge Larrieux, quien no se abstuvo.
Este primer fallo era muy esperado, tanto en ámbitos judiciales como en el gobierno, porque indica el rumbo que la jurisprudencia puede seguir en este tema.
La diferencia salarial que habría que pagar en este caso implica apenas unos miles de dólares, pero si prospera una acción iniciada por más de 400 jueces el costo estimado es de $ 240 millones. A eso habría que sumarle el aumento de los fiscales y de los más de 3.000 funcionarios judiciales que también consideran que tienen derecho al incremento. En ese caso el costo estimado para las arcas públicas es de $ 664 millones
Según supo Búsqueda, esta situación preocupa seriamente al Poder Ejecutivo. De hecho hubo varias reuniones entre representantes del gobierno y de los jueces, que no llegaron a un entendimiento antes de que decidiera iniciarse la acción judicial.
Los ministros de la Corte se abstuvieron de fallar en estas demandas porque consideraron que no podían ser juez y parte. Sin embargo, en la acción iniciada por los ministros de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, el ministro Larrieux permaneció porque entendió que no se trata de un caso que afecte su imparcialidad.
Como estrategia general, el Poder Ejecutivo recusó a todos los magistrados que integraban la Corte, pero esas acciones fueron rechazadas por los magistrados, que consideraron que no estaban impedidos para actuar.
En segunda instancia el Ejecutivo realizó una jugada arriesgada y envió un aditivo en la Rendición de Cuentas para derogar los dos artículos en cuestión, el de la ley de presupuesto que generó los aumentos y el interpretativo que los quitó y por el que los jueces accionaron. Ese artículo, que fue aprobado, buscaba dejar sin efecto el juicio de los magistrados.
“Muerto el perro se acaba la rabia”, había dicho a Búsqueda un integrante del gobierno en esa oportunidad. Sin embargo ese argumento no fue de recibo y el juicio sigue adelante. Otro integrante del Ejecutivo señaló que si los magistrados ganan la acción de inconstitucionalidad les “va a ser muy difícil explicarle a la opinión pública” que “los jueces deciden ellos mismos si les corresponde un aumento”. La fuente recordó que este problema se va a plantear en el marco de una gran conflictividad de los trabajadores de la enseñanza y la salud, que ganan menos y también reclaman aumentos salariales.
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