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    Edil Blás denuncia “persecución política”

    El caso del edil de Maldonado Rodrigo Blás, que pidió licencia en el Partido Nacional mientras se investiga la acusación de la Dirección General Impositiva (DGI) por evasión de impuestos de la empresa Javipark, de la que era apoderado a través de su inmobiliaria, volverá el próximo lunes 17 a tratarse en el Directorio blanco. Los abogados del dirigente fernandino llevarán documentación surgida de los expedientes judiciales para que sean analizados por la Comisión de ética. Algunos de los punteos de la defensa de Blás sostienen que la inmobiliaria “quedó absolutamente desligada de responsabilidades por la propia DGI”; que “no existió beneficio económico alguno obtenido a partir de los negocios jurídicos cuestionados por la DGI”, y que una multa de US$ 1,9 millones que la administración tributaria pretende imputarle “fue recurrida”, “no es una resolución firme” y el procedimiento “está plagado de irregularidades”.

    ¿Defraudación o persecución? 

    El semanario Brecha informó en agosto que el director de Rentas, Joaquín Serra, firmó una resolución en la que declaró a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el IRAE e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función, y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación”. Los inspectores de la DGI detectaron que la “estructura comercial de la inmobiliaria” del edil había sido usada para “la obtención ilícita de un enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del fisco”.

    Blás no está haciendo declaraciones a la prensa, pero su defensa política quedó a cargo del diputado suplente Federico Casaretto, que está oficiando como vocero. “Es un tema que está instalado hace cuatro años. Se pretendió instalar en la campaña pasada y vuelve ahora en esta”, dijo en diálogo con Búsqueda. “Hay una percusión política.(...) Esto no es solamente contra Blás, que es un hombre fuerte en Maldonado, esto busca pegarle a Luis Lacalle Pou”, denunció Casaretto.