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El lunes 16, las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) se encontraron con una nueva denuncia de malos tratos a menores de edad en uno de sus centros. Por eso dijeron “basta” y luego de estar 74 días bajo una “presión terrible”, resolvieron intervenir el hogar Ser para iniciar una investigación que les dé tranquilidad a los adolescentes, a sus familiares, y a los funcionarios del instituto.
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Pero mientras desde la dirección del Sirpa se rechaza que exista una práctica continua de malos tratos a los internos, desde organizaciones vinculadas a los derechos humanos se opina lo contrario. “Antes, los malos tratos eran eventos aislados, pero desde mediados de 2012 a la fecha ha habido un recrudecimiento de la violencia adentro de los centros de detención”, aseguró el miércoles 11 en el Parlamento Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño.
Para el comité, que integran varias organizaciones sociales, se hace necesario que se instale un “mecanismo independiente” que indague las denuncias. “De esta manera, las investigaciones serían objetivas y no estarían sujetas a presiones de la administración o de grupos de trabajadores”, explicó Juan Fumeiro, otro integrante de ese órgano.
Desde el Sirpa se entiende que es necesario crear un mecanismo “imparcial” para que reciba las denuncias.
El jueves 5, el Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) emitió un comunicado sobre la situación del Sirpa y se refirió a la posibilidad de crear un sistema independiente que recoja las denuncias y lleve adelante las investigaciones. “Nos parece necesario tener más precisión al respecto, tomando en cuenta la propia existencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y que no vemos oportuno crear equipos que se superpongan”, sostuvieron las autoridades del INAU. Pero a la vez agregaron: “El Directorio del INAU (con el conocimiento y acuerdo de la Comisión Delegada del Sirpa) está dispuesto a llevar adelante esta recomendación, buscando información sobre las experiencias existentes en otros países, qué evaluación se hace de las mismas, cómo evitar la superposición con los ámbitos existentes, así como con las normas que regulan la administración pública”.
Exacerbación de la violencia.
La delegación del Comité de los Derechos del Niño, que fue recibida la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, informó sobre denuncias de maltratos, hacinamiento, limitación para que los adolescentes se puedan comunicar con sus familiares y sobremedicación. Integrantes del comité mostraron su sorpresa porque en la reunión no estuvieron presentes los diputados titulares del Frente Amplio y les llamó la atención que ningún legislador oficialista hiciera comentarios luego de escuchar sus denuncias.
“Notamos una exacerbación de la violencia como mecanismo de control y de dominación. Sabemos que son pocos, pero en esta dinámica en donde las investigaciones no avanzan o avanzan a ritmo muy lento, el mensaje que se da es que este es un terreno fértil para la impunidad”, afirmó Pedernera ante los legisladores.
Agregó que le llamó “poderosamente la atención” constatar una “situación de temor” y “presiones” para que “no se conozcan las situaciones de violencia y maltrato” en los centros del Sirpa. “Hemos recibido testimonios creíbles de parte de funcionarios que expresan que si llegan a decir algunas cuestiones van a ser perseguidos y en algunos casos perderán el trabajo”, contó.
El martes 17 Pedernera presentó las denuncias ante el Comité contra la Tortura en Ginebra. Ese órgano emitió a fines de mayo un informe en el que llamó la atención a las autoridades por la denuncia de malos tratos. Previamente, a comienzos de abril, la Institución Nacional de Derechos Humanos también advirtió de ese tipo de situaciones con adolescentes.
El lunes 16 se agregó una nueva denuncia que se suma a otra investigación contra una anterior jerarca del Ser. Esta vez, el acusado fue el director del Ser de la Colonia Berro, Alejandro Araújo. Cinco días antes el informativo “Subrayado” de Canal 10 había difundido un informe sobre malos tratos en ese hogar.
Según la denuncia presentada en el juzgado de Pando, Araújo identificó a uno de los jóvenes que declararon en el informe periodístico —pese a que se había preservado su identidad— y le dio una golpiza. “¿Estás de vivo? ¿Te gusta denunciar?”, le habría dicho el jerarca al adolescente, informó el diario “El País” el martes 17. “Los educadores no paran de darnos ‘bomba’. A todos nos tiene repodridos. Hagan la denuncia penal o me van a matar acá adentro”, dijo el joven.
Basta.
Ante esta nueva denuncia, la dirección del Sirpa resolvió intervenir el Ser. “Dijimos basta, hace 74 días que estamos bajo una presión terrible. Acá hay gente que tiene familia, hijos y se manejan nombres públicamente”, declaró a Búsqueda el director Jorge Gago.
“La intervención es en apoyo a los chicos por si eso (el maltrato) tiene algún asidero, cosa que creemos que no, y para los funcionarios, que ya no saben cómo manejarse. Esta es una cosa muy dura de llevar. Decidimos esa intervención que va a acompañar a la dirección del Ser. Se van a instalar en el centro y van a acompañar el trabajo de Araújo”, informó.
Tanto desde el INAU como desde el Sirpa se niega que existan prácticas de malos tratos en los hogares, y que lo denunciado son casos aislados. Hasta principios de junio se habían presentado siete denuncias por parte de las autoridades. En cuanto a los procedimientos internos, en 2013 se realizaron 19 investigaciones administrativas y en lo que va de 2014 se llevan implementadas otras seis, con cinco sumarios en curso.
El Sirpa tiene bajo su custodia a unos 630 jóvenes infractores en una decena de hogares. En el Ser se alojan algunos de los más complicados.
