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El juego cambió. La firma del TLC con la Unión Europea modifica en forma incuestionable la envergadura y la urgencia de los cambios que Uruguay debe procesar. Con los actuales costos en dólares de los insumos estratégicos de nuestra economía (energía, combustibles, comunicaciones, mano de obra), el nivel y la estructura de los tributos, la capacitación de nuestra mano de obra, el estado de la infraestructura y la tecnología disponible la mayor parte de los sectores productivos tendrán problemas de competitividad aún mayores que los ya gravísimos que hoy poseen, y serán muchos los que, siendo evitable, quedarán a la vera del camino si no se corrigen cuanto antes los desequilibrios económicos que el gobierno del Frente Amplio está dejando como herencia maldita.
El próximo gobierno deberá en forma urgente solucionar el déficit fiscal fuera de control que le será legado irresponsablemente por la administración Vázquez-Astori. Pero también estará obligado, inevitable y simultáneamente, a mejorar la competitividad de la economía para evitar una crisis generalizada. Reducir fuertemente el gasto público; terminar con los monopolios estatales; proveer energía, combustibles, comunicaciones, tarifas portuarias y demás servicios públicos a precios internacionales; reducir y simplificar impuestos; cambiar la gestión de las empresas públicas a una profesional y eficiente; mejorar la educación y la capacitación de la mano de obra; llevar adelante un amplio programa de inversión en infraestructura para revertir el atraso producido y abaratar costos logísticos; desregular y disminuir la maraña normativa que acosa a empresas y particulares sumándoles costos innecesarios; terminar con emprendimientos industriales, comerciales y de servicios que son llevados adelante por el Estado mediante sociedades de derecho privado; terminar con los excesos sindicales en materia de paros, huelgas y ocupaciones de lugares de trabajo; reformar la educación superando la retranca de los sindicatos que ponen sus intereses corporativos por encima de los de la sociedad; revertir la anarquía existente en materia de seguridad que origina a la economía más de 1.500 millones de dólares anuales de costos asociados.
Es claro que todo esto era necesario igual, pero con un TLC con los 28 países de la UE se transformó en algo casi de vida o muerte. La firma del TLC puede y debe ser el disparador de la acción hacia un nuevo paradigma de país moderno, dinámico y pujante. Estamos en condiciones de hacerlo, otros países con tamaños y economías asimilables al nuestro lo han logrado con éxito (Nueva Zelanda, Irlanda, Chile, por ejemplo).
Una cosa es evidente para cualquier uruguayo: gobernando el Frente Amplio estos cambios son imposibles, el reparto de poder interno dentro de la coalición lo impide. Adicionalmente, la necesidad que siente de contar con el apoyo del PIT-CNT coloca un segundo candado.
Uruguay está ahora en una disyuntiva y la elección de octubre se ha hecho crucial para nuestro destino: encara cambios profundos y se incorpora a la economía globalizada o continúa con la línea actual de conducción con algún retoque menor y se hunde con un descalabro de su aparato productivo que repercutiría en el bienestar general a través del menor nivel de empleo de los trabajadores y en la recaudación del Estado que financia los servicios que brinda (seguridad, educación, salud, justicia, incluyendo empleo público y jubilaciones), afectando su calidad y cantidad disponible
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