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Las transferencias económicas son una de las principales herramientas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para atender a sectores de población vulnerable. Según información oficial, el 58% del presupuesto del que dispone la cartera corresponde al pago de asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social y el subsidio de asistencia a la vejez.
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En el marco de una comparecencia a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados el pasado jueves 29, las autoridades ministeriales informaron que están estudiando una modificación en las asignaciones familiares. Según argumentaron, la implementación actual implica un “incentivo perverso a la informalidad” y a la subdeclaración de ingresos. Con esos términos lo definieron el ministro Martín Lema y el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos, Antonio Manzi Gari.
El umbral establecido para que un hogar de tres integrantes reciba asignación familiar es de $ 9.261 mensuales per cápita. Para hogares con más de tres integrantes es de $ 11.420 per cápita.
Para Lema ese límite es muy bajo y requiere una modificación. “¿Qué termina pasando con esta situación? Que es disuasivo, porque muchas personas entienden que salir a buscar un trabajo formal puede ser una aventura donde hipotequen las transferencias que hoy están recibiendo”, dijo.
Lema informó que están analizando eliminar el umbral por un período de tiempo determinado para de esa manera promover la búsqueda de empleo formal sin que corran riesgo de perder la asignación. Llevándolo al terreno político, definió la propuesta como “un cambio de matriz cultural”.
“El Frente Amplio le erró al no intentar que hubiera un incentivo a la superación”, dijo.
Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que la modificación planteada por el Mides está siendo estudiada en conjunto con el Ministerio de Economía y el Banco de Previsión Social. La definición, aseguraron, se tomará con “celeridad” porque consideran que se trata de una herramienta importante para esta coyuntura.
El estudio y una “alerta”
Lema y Manzi defendieron su posición aludiendo a un informe del Instituto de Economía de la Universidad de la República del 2019. Ese documento, al que accedió Búsqueda, sostiene que hay un efecto en la informalidad laboral de entre 14 a 16 puntos porcentuales en quienes reciben asignaciones que son en amplia mayoría mujeres.
En otras palabras, el informe determina que las mujeres de una determinada edad que viven, por ejemplo, en Montevideo y reciben asignación familiar tienen una probabilidad un 30% mayor de permanecer por fuera del sistema de seguridad social que aquellas que, con la misma edad y viviendo en la capital, no forman parte del programa.
En vista de estos resultados y considerando que “la menor propensión a la formalización laboral puede deberse en buena medida al umbral de ingresos formales establecido por el BPS para el cobro de la prestación”, las autoras sugieren que “deberían explorarse otras formas de selección que no impliquen un corte abrupto entre elegibles y no elegibles”.
La propuesta de eliminar los umbrales genera algunas dudas en la Unión de Trabajadores de Desarrollo Social (Utmides). La presidenta del sindicato, Lucía La Buonora, discrepó con la interpretación de las autoridades. Sostuvo que las asignaciones familiares son bastante menores que el salario mínimo, por lo cual no es razonable pensar que compiten con el empleo formal. En su opinión, el hecho de que haya una mayor tendencia a la informalidad entre las mujeres que las cobran responde básicamente al tipo de ofertas laborales a las que tiene acceso esa población.
“Si se quiere promover la formalidad, habría que actuar más sobre el mercado laboral que sobre los criterios para las asignaciones familiares. Pensar que la gente está de viva en un momento en que la gente come en las ollas populares no parece razonable”, dijo.
La Buonora reconoció que los umbrales definidos y los criterios pueden ser mejorables, pero resaltó que se trata de un método transparente. “Si se va a cambiar la metodología hay que ser muy claro sobre por qué, para quién, en qué sentido. Decir que vas a eliminar los umbrales así nomás parece ir en el mismo sentido de otras políticas del ministerio que se abren a la discrecionalidad. ¿Quién va a definir? ¿Los jefes de oficina, los pases en comisión? Ahí hay una alerta muy grande”, planteó.
Confrontación
Uno de los argumentos que manejó el oficialismo para explicar la salida de Pablo Bartol del Mides fue la necesidad de contar con un cuadro de mayor peso político al frente de esa cartera, previendo que la oposición pondría foco en esa área. La comparecencia de Lema en el Parlamento estuvo marcada por una fuerte impronta de defensa política del gobierno en ese rubro.
Uno de los centros de discusión entre oficialismo y oposición fue el incremento de la pobreza registrado en 2020 y las responsabilidades políticas. Ante cuestionamientos de legisladores frenteamplistas, Lema no dudó en confrontar.
“Si el 1º de marzo de 2020 no hubiéramos adquirido el gobierno con más de 830.000 personas que superan el umbral del índice de carencias críticas, por supuesto que habría mejores condiciones”.
Otro eje de discusión fue la eliminación del programa Uruguay Trabaja y su sustitución por el programa Accesos. Los legisladores opositores, además de plantear algunas inquietudes y puntos que consideran poco claros de la nueva iniciativa, defendieron muchos resultados de Uruguay Trabaja.
Ana Olivera, exministra de Desarrollo Social, le reprochó al actual jerarca que repitiera la palabra “fracaso” y le dijo que estaba desconociendo el trabajo de miles de funcionarios y beneficiarios. Lema se afirmó en la confrontación.
“Después de 10 años, el 8% fue el que efectivamente pudo lograr una inserción laboral. (...) No lo puedo tomar como un programa exitoso, sino que prudentemente hablando lo tengo que tomar como un fracaso. Como lo tomamos como un fracaso, actuamos en consecuencia”, dijo.
