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Informe internacional asegura que el control de Uruguay sobre municiones es el menos desarrollado del Mercosur
“Es el único Estado miembro que no impone un límite cuantitativo a las compras de municiones por parte de civiles”, indica un reporte financiado por Naciones Unidas
El gobierno busca mejorar el control de armas de fuego y municiones en Uruguay.
Un estudio elaborado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que Uruguay es el país peor posicionado entre sus socios comerciales de la región en materia de control de municiones de armas de fuego. Denominado “Fortalecimiento de capacidades para la implementación del Marco Global sobre Municiones en el Mercosur”, analiza a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay como casos de estudio para la implementación de un acuerdo global aprobado en 2023.
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El trabajo, al que accedió Búsqueda, fue elaborado en julio por la Asociación para Políticas Públicas —una ONG argentina, con sede en Buenos Aires, especializada en seguridad internacional— junto con el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Apoyar la Cooperación en la Regulación de Armas, el mecanismo de financiamiento de la ONU que respalda proyectos de control de armas convencionales.
Las autoras del informe, las académicas Raluca Muresan y Ana Levitan, evaluaron la situación de los cuatro países del bloque. Sobre Uruguay, concluyeron que “el marco de armas de fuego civiles es sólido desde el punto de vista procedimental, pero sus controles específicos sobre municiones son los menos desarrollados de la subregión”. Y agregaron: “Es el único Estado miembro que no impone un límite cuantitativo a las compras de municiones por parte de civiles, y el monitoreo de las adquisiciones aún se lleva a cabo mediante registros de transacciones escritos a mano en papel”.
Entre sus recomendaciones para Uruguay, el informe propone establecer límites cuantitativos a la adquisición de municiones por parte de civiles y desarrollar una plataforma de base de datos unificada que permita el control de las municiones en todo el país.
El diagnóstico se inscribe en un panorama regional que el propio estudio describe como complejo, debido a que “América Latina y el Caribe siguen registrando algunas de las tasas más altas del mundo de violencia relacionada con las armas de fuego y las municiones”. En esa línea, el reporte define al Mercosur como “un caso particularmente instructivo para identificar dónde se puede acelerar la implementación del GFA y qué obstáculos persisten”.
El GFA —Marco Global para la Gestión de las Municiones Convencionales durante Todo el Ciclo de Vida— es el instrumento de Naciones Unidas que busca mejorar la gestión segura de las municiones en todas sus etapas, desde la fabricación y el almacenamiento hasta el transporte, el uso y la destrucción final. Fue adoptado en 2023 con el apoyo y el voto de Uruguay.
En una reunión celebrada en 2025, el gobierno defendió la importancia de avanzar en la materia mediante su intervención oficial: “Aunque Uruguay no produce armas ni municiones, no está exento de la problemática del tráfico ilegal, que tiene dimensiones tanto nacionales como regionales e internacionales. Consideramos que el marcaje, el mantenimiento de registros y la trazabilidad son fundamentales para garantizar un control efectivo y reducir la circulación de armas y municiones ilegales. Para ello, dado que los países tenemos diferentes puntos de partida, es imprescindible fortalecer la cooperación internacional y la asistencia”.
Los homicidios del narcotráfico
Las carencias señaladas por el estudio de la ONU no son ajenas a la agenda local. El ministro del Interior, Carlos Negro, ha señalado las dificultades del Estado para monitorear armas y municiones como parte de la explicación de una buena cantidad de los homicidios vinculados a ajustes de cuentas y venganzas por narcotráfico entre bandas criminales.
De acuerdo con las últimas cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 se registraron en Uruguay 195 homicidios dolosos (intencionales), 12 más que en igual período de 2025, cuando se contabilizaron 183 casos. La variación representó un incremento del 6,6%. La estadística también marcó un aumento en el uso de armas de fuego: el 74,9% de los homicidios fueron cometidos con este tipo de armas, frente al 63,9% registrado en el primer semestre de 2025.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo avanza en distintas medidas orientadas a reforzar el control sobre las armas y las municiones. El 18 de junio, la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior emitió un comunicado exigiendo a las empresas de seguridad privada que regularicen y actualicen sus registros de armas, municiones y chalecos balísticos.
En paralelo, en el Parlamento se analiza un proyecto de ley impulsado por el diputado oficialista Alejandro Zavala, en coordinación con el Ministerio del Interior, que introduce cambios en la regulación vigente, fortalece los mecanismos de control y trazabilidad y modifica algunas disposiciones del Código Penal.
Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
El proyecto amplía el alcance de la normativa a distintos tipos de armas y establece nuevas disposiciones sobre su tenencia, porte, modificación y comercialización. También propone un régimen sancionatorio más estricto para determinadas conductas y procura mejorar el intercambio de información entre los organismos públicos y los operadores vinculados al sector, con el objetivo de facilitar el control y el seguimiento de armas y municiones.
La iniciativa, sin embargo, no logró aún consenso político. Mientras Zavala sostiene que busca dificultar el acceso de las organizaciones criminales a las armas, desde la oposición surgieron cuestionamientos respecto a su impacto sobre los tenedores que cumplen con la normativa y sobre la necesidad de concentrar los esfuerzos en el combate al contrabando y al tráfico ilegal.
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