Ferber hizo referencia a un aspecto de la exposición de motivos que acompaña a la iniciativa del FA, que dice lo siguiente: “La concentración de grandes superficies a cargo del capital trasnacional perjudica la oportunidad y, con ello, la productividad real de vastos sectores de nuestra ruralidad”.
“No hay ninguna evidencia y, en los hechos, podemos mostrar muchos casos en los que ha ocurrido lo contrario”, afirmó Ferber. Y acotó que “hoy, si hay transacciones (de tierras), muchas veces ya son entre extranjeros”.
“Los movimientos grandes que hubo de campos muchas veces involucran a extranjeros y hoy también sucede que, cuando compran, son uruguayos”, sostuvo.
Sociedades anónimas
Otra cuestión que puso sobre la mesa esta gremial fue la de la ley que prohíbe a las sociedades anónimas ser titulares de inmuebles rurales y a las excepciones otorgadas para permitir que algunas continúen operando en el agro local.
Apoyándose en un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la ARU indicó que por la vía de las excepciones concedidas de 2007 a 2019, el Poder Ejecutivo autorizó la titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias a sociedades anónimas por unas 7 millones de hectáreas.
“A marzo de 2020 se habían aprobado excepciones por 6.899.543 hectáreas para un total de 1.864 pedidos”, destacó. Esa extensión exceptuada equivale a casi la mitad del total de tierras de uso agropecuario de Uruguay, que es de 16,1 millones de hectáreas, según datos del MGAP.
En ese mismo sentido, la gremial advirtió que el proyecto de ley a estudio, donde se limita la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros, “también incluye un régimen de excepción”. Se faculta al Poder Ejecutivo a autorizar negocios que no cumplan esos requisitos “en el marco de un proyecto productivo relevante para el país que esté orientado a las políticas y los objetivos de desarrollo nacional, genere empleo y contribuya a elevar la producción y la productividad del sector involucrado”.
Por otra parte, Ferber planteó que “la concentración trae efectos negativos”, pero hay que separarla “de la extranjerización”. “¿Van de la mano?, muchas veces sí, por el tamaño de los capitales, pero hay que separar esos dos conceptos”, enfatizó. En cuanto a la concentración, el directivo reconoció que “hay un camino largo para trabajar”.
“A ningún país de nuestro entorno le va a hacer ruido la inversión uruguaya”, dijo. “Supongan que a Paraguay fueron muchos por movimiento de los propios extranjeros que compraron en Uruguay, que también eran uruguayos comprando en Paraguay”, señaló a los legisladores. Y acotó que “han vuelto muchos de ellos y están invirtiendo, y son los que renacionalizan los campos uruguayos”.
Sebastián Da Silva durante una Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Senado Uruguay
Negocios en pausa
Desde los partidos políticos de la oposición, el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva expresó que lo más grave” del proyecto de ley en cuestión es que “ya hay una distorsión que limita la inversión extranjera, que es algo que en muchos aspectos” se está peleando “para que haya más”, en alusión al interés de que lleguen a Uruguay más capitales del exterior.
“La sola noticia ha parado no menos de ocho negocios, y dos de ellos de envergadura, por los cuales una empresa extranjera le vende a otra extranjera que viene con el impulso necesario como para revolucionar lo de la otra empresa”, sostuvo.
Dijo además que “el fenómeno que hay muestra que el extranjero le compra al extranjero”, y que “el gran proceso extranjerizador ya se dio básicamente en el gobierno de (José) Mujica, cuando se dio el epicentro de las inversiones extranjeras y de la internacionalización y brasilerización de la industria frigorífica”.
Los negocios de compraventa de campos a los que aludió el senador están vinculados a fideicomisos forestales, en un caso, y a una transacción de campos con instalaciones de riego, en otro.
Da Silva puntualizó que “en los últimos tres o cuatro años se registró una nacionalización de la tierra, donde el crédito del Banco de la República tuvo un efecto importante en los medianos productores” que accedieron a fondos para comprar campos.
Otro senador del PN, Sergio Botana, propuso “reflexionar profundamente en la evaluación de la ley de prohibición de compra de tierras por parte de sociedades anónimas”. Y consideró “positivo como debate lo que pueda desatar esta iniciativa”, lo que “es bueno si no tiene consecuencias justamente sobre la paralización de un sector”.
“Resulta que Uruguay prohibió la compra de tierra a las sociedades anónimas, pero cada pocos meses hizo invariablemente una excepción, por lo cual nunca la prohibió”, cuestionó.
Afirmó que “a algunas sociedades extranjeras que vinieron a hacer forestación se les dio privilegios especialísimos”. “Entonces, al final, ¿queremos o no queremos ley?, ¿cuál es el problema?, ¿que no se sabe de quién es? No. La tierra se sabe de quién es, porque vamos al Banco Central y tenemos el registro de propietarios de todas las sociedades anónimas”, enfatizó.
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry valoró los datos presentados por la ARU sobre la evolución del PBI y de la inversión en Uruguay, y la incidencia que tuvo la participación de capitales foráneos en este punto.
Para eso apeló a una frase del expresidente Jorge Batlle, quien señalaba que Hernandarias introdujo la ganadería y los exmandatarios de Argentina Néstor y Cristina Kirchner introdujeron la agricultura en el Uruguay. “Cuando le ponían detracciones a la agricultura en la Argentina, se vino todo para acá. Y agregaría que introdujeron la ganadería en el Paraguay, porque los ganaderos uruguayos les vendieron a los agricultores argentinos y convirtieron al Paraguay en un competidor nuestro”, recordó.
Óscar Andrade durante una Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Senado Uruguay
La defensa y lo trágico
En defensa del proyecto de ley, el senador del FA Óscar Andrade dijo que la iniciativa “está desde el período anterior” en el Parlamento y “transitó todo el período” en la Comisión de Ganadería, por lo que “es una discusión que lleva ocho años” en esa instancia legislativa.
“En todo caso, todos los negocios que se realizaron en los últimos ocho o nueve años se hicieron con este proyecto a consideración de la Comisión de Ganadería”, afirmó el senador, en respuesta a los argumentos planteados por la ARU y Da Silva.
“Sería trágico que el debate parlamentario —hablo de las cosas que podríamos o no discutir en el Parlamento los representantes electos por el pueblo— estuviera condicionado por la posibilidad o no de un negocio”, sostuvo Andrade.
El presidente de la Comisión de Ganadería y senador frenteamplista, Aníbal Pereyra, coincidió con Andrade en cuanto a que descartar que por el solo hecho de comenzar con las invitaciones a diferentes actores del sector para tratar el proyecto haya causado una distorsión en el mercado de tierras.
“Nos gustaría tener las evidencias jurídicas, porque solo hemos tenido de las otras, de los uruguayos”, dijo. Y señaló que “hay gremiales en el interior del país —sobre todo de determinadas características productivas—, como en San José o Artigas, que han solicitado que este fenómeno tenga una lógica para la discusión como la que Uruguay viene llevando adelante a lo largo de su historia”.
Punto de flotación
La aprobación de este proyecto de ley “cambiaría las reglas de juego” y “pegaría en el punto de flotación de la característica más interesante que tiene el Uruguay para los inversores extranjeros”, declaró a Agro de Búsqueda el cofundador y director de la empresa The Land Group, Joaquín Labella.
El empresario, que se dedica a la captación de inversiones extranjeras en tierras uruguayas, así como de su administración, argumentó que hay “tres formas de hacer que una economía crezca: primero, con capacitación de la mano de obra, más especialización, segundo, más capital y, tercero, más tecnología”. Entonces, “sin la inversión de capital extranjero, tanto el segundo como el tercer punto no estarían” dados. “No habría más interés, no habría compras, no hay inversión en los campos y no habría más tecnología”, enfatizó.
Y advirtió: “Olvídate de todo lo que es y lo que ha sido el riego, el desarrollo del riego en los campos, no hubiera existido y claramente el tamaño de la economía sería mucho más chico”.
Esto “va en contra de lo que están haciendo otros países que se dieron cuenta de lo malo que son las restricciones, como sucede en Argentina, donde están discutiendo eliminar las restricciones porque ven que en los campos no hay riego, no hay inversión extranjera que pueda hacer esas inversiones en el desarrollo de los predios, en la sistematización”, sostuvo el empresario.
El gobierno del presidente Javier Milei pretende liberar la compra de tierras por capitales extranjeros, algo que se estableció durante la administración de Cristina Kirchner en 2011, con un tope de 15% para la participación foránea en la propiedad de campos.
Tras la negativa del Congreso argentino a aprobar ese plan del actual mandatario, el gobierno planteó llevar al 25% el límite de la titularidad de tierras por extranjeros.
Labella sostuvo que “muchas familias uruguayas han capturado un valor en las ventas de campo, que no lo hubieran hecho sin inversores extranjeros”.
Y, por otro lado, dijo estar “convencido” de que “es muchísimo mejor un extranjero administrando o comprando una tierra que una familia uruguaya manejándola debajo de su potencial o tres hermanos que no quieren tener más esa tierra y que están peleados”, y que no producen según su potencial.
El empresario uruguayo radicado en Portugal consideró que “sería mucho más interesante una ley donde se penalice a aquellos propietarios de tierra que tienen el campo subutilizado, vacío, que no lo explotan o que dejan deteriorar la tierra que ir por este lado, que básicamente lo que hace es reducir la economía”.
“Un extranjero cuando compra tierras genera puestos de trabajo”, de forma directa e indirecta, en los pueblos y las ciudades del interior, sostuvo.
Punto de acuerdo
Por su parte, el tesorero de la ARU, Héctor Álvarez, recordó que se aprobó una ley vinculada a la extranjerización en 2014, por la que se estableció la prohibición de que participen Estados en la compra de campos, y consideró que ese “fue un elemento favorable”.
La gremial ruralista estuvo de acuerdo cuando se trató esa ley porque “de esa manera” se evitaba “un peligro que se estaba dando”, admitió.
A modo de ejemplo, comentó que en África “es tremendo cómo determinados países están invirtiendo y quedándose con los recursos naturales”. Y destacó que “ese no es el caso de Uruguay”.
+ 
