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Como parte de la política para atacar la inseguridad, el gobierno pretende regular el contenido de los medios de comunicación, en especial aquellos vinculados a la crónica roja o que, a juicio del Poder Ejecutivo, generen e inciten a la violencia.
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En el documento presentado ayer en la Torre Ejecutiva se exige un mayor “compromiso” a los medios porque —según el gobierno— no destacan las buenas noticias pero sí subrayan los crímenes.
“Entendemos que todas estas medidas (de seguridad) deben ir acompañadas de un compromiso muy fuerte de los medios de comunicación”, expresa.
“La caída sustantiva de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la historia, las mejoras del salario real, etc., nada de esto aparece reflejado con la importancia que tiene en los medios masivos de comunicación”, agrega.
“No ocurre lo mismo con la crónica roja. En el año 2006 hubieron (sic) algo más de 25.000 segundos por mes dedicados a temas policiales, en mayo del 2011 las noticias policiales ocuparon 35.000 segundos, en tanto en mayo del 2012 fue de más de 50.000”.
Según el gobierno, eso no solo refleja un problema “cuantitativo” sino también “cualitativo” porque se generan “imágenes o escritos que terminan siendo un estimulador de las situaciones de violencia”.
“Esto pasa cuando algunos medios manejan la información de manera irresponsable y sensacionalista, convirtiendo a la información en un espectáculo, ya sea reiterando imágenes de violencia excesiva o mostrando imágenes ostensiblemente crueles o que exaltan el sufrimiento de personas u otros seres vivos”.
El Poder Ejecutivo aclara que “la regulación no puede ser un mecanismo para acallar a los medios o impedir que se informe de cosas que lamentablemente suceden, pero también hay que decir, enfáticamente, que los medios tienen obligaciones y responsabilidades ineludibles para con la sociedad”.
Para el gobierno, “todos los países del mundo sin distinción” tienen regulación para “proteger” a los niños “de la exposición abusiva de ciertos contenidos que se difundan en los medios de comunicación”.
“Nos proponemos revisar y aplicar la normativa actual que Uruguay ya tiene al respecto, realizando controles efectivos de la misma y estimulando la participación activa e informada de la población en defensa de sus derechos”, señala el documento, y añade: “Pero a la vez creemos imprescindible proponer a los propios medios y sus trabajadores, que desarrollen formas de autorregulación adoptadas por ellos mismos, de manera libre, transparente y voluntaria, y con la más amplia participación ciudadana”.
En el gobierno causó malestar la cobertura que los noticieros televisivos dieron de la noticia del asesinato de un trabajador de “La Pasiva” el sábado 12 de mayo a manos de un menor de edad. Según un análisis del Ministerio del Interior, las imágenes del homicidio captadas por las cámaras de seguridad del local fueron repetidas 48 veces en dos días.
El asesinato también desató protestas públicas en reclamo de mayor seguridad.
“Para los menores infractores aparecer en televisión es una cucarda, pero los canales no muestran la otra parte de la película, que es lo mal que pasa ese menor una vez que es recluido”, dijo a Búsqueda un jerarca de gobierno
Actualmente el decreto 445 del año 1988 establece que el horario de protección al menor comienza con la apertura de los canales y finaliza a las 21:30 horas.
“El decreto 1988 excluye del horario de protección al menor los informativos, los periodísticos políticos y deportivos”, explicó el ministro Daniel Olesker, y agregó: “Nos parece que no hay ningún fundamento para ello”.
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay es el organismo encargado de “ejercer el contralor y la policía de los espectáculos y de las exhibiciones públicas, cualquiera sea el medio de comunicación utilizado, al solo efecto de salvaguardar la salud moral, intelectual o física de los menores”.
“Sabemos que podemos lograr mucho mediante el diálogo” con los medios y periodistas, pero “hay cosas que son nuestra responsabilidad y debemos tomarlas”, sostuvo Olesker.
Internet.
Un día antes de presentar las propuestas, en el gobierno se manejaba la posibilidad de regular el contenido de las redes sociales, tales como Facebook o Twitter.
La Policía ve con preocupación el uso de esos medios de comunicación para incitar a hechos violentos. “Hay que ver los comentarios que se ven en Internet llamando a la violencia”, advirtió un jerarca policial.
Sin embargo, luego de analizar la situación, las autoridades resolvieron dejar ese tema en suspenso, señalaron los informantes.
