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El gobierno prevé aumentar los controles del mercado de marihuana para enfrentar el crecimiento del “mercado gris”
Las autoridades estiman que la mayor “fuga” del sistema legal se da en los clubes; en tres años solo uno informó a las autoridades que había cosechado más cannabis del autorizado y destruyó el excedente
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El hostel de Pocitos estaba repleto de argentinos que llegaron a Uruguay para asistir a la Expocannabis, una actividad de tres días que congrega a empresas, especialistas e interesados en el mercado medicinal, recreativo e industrial de esa planta. El sábado 9 por la noche, satisfechos y todavía un poco drogados, los visitantes comentaban sobre la calidad de la marihuana que habían probado y se sorprendían por el nivel de las flores que aún mantenían intactas.
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Si bien el acceso legal a la marihuana está prohibido para los extranjeros, el mensaje no llega con claridad fuera de fronteras y el turismo cannábico es un incipiente pequeño negocio en Uruguay. La hipótesis del gobierno es que parte del turismo se abastece con un “mercado gris”, un término que las propias autoridades acuñaron en 2015 para diferenciar a la marihuana producida por clubes y autocultivadores que se “fuga” del sistema regulado, de aquella que vende el narcotráfico.
Pero esa droga que se desvía del mercado legal no solo termina en manos de los turistas, sino que también abastece a uruguayos que prefieren no ingresar a los registros de consumidores.
Ante esto y con la proximidad de una nueva temporada turística, el gobierno afinará los mecanismos para mejorar los controles del sistema legal, informó a Búsqueda el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera.
La ley estableció tres vías para que los uruguayos o extranjeros con residencia en el país consigan hasta 40 gramos mensuales de cannabis con efecto psicoactivo. Desde el 2014 comenzaron a funcionar los clubes de membresía, que pueden tener como máximo 45 integrantes, cultivar hasta 99 plantas y entregar, como máximo, 480 gramos anuales a sus socios. En ese año, el último del presidente José Mujica, también se habilitó el autocultivo en el hogar de hasta seis plantas. Recién a mediados de 2017, el Poder Ejecutivo puso en marcha la venta de hasta 40 gramos en farmacias habilitadas. En los tres casos es necesario ser mayor de edad e inscribirse en un registro que queda en manos del Estado.
Hasta ahora hay 17.747 personas autorizadas para comprar en farmacias, 7.734 autocultivadores y 71 clubes de membresía.
Los clubes deben informar al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) sobre la entrega de marihuana a los socios y, en caso de que haya un excedente de producción, dárselo a las autoridades para su destrucción. Hasta la semana pasada, solo un club y una sola vez informó que tenía droga para destruir. Pero para las autoridades es imposible considerar que en ningún otro caso se hayan registrado excedentes, por lo que sostienen que existe un desvío de cannabis hacia el “mercado gris”.
Bajo la lupa.
Luego de una primera etapa en la que el Ircca se concentró en poner a funcionar el sistema, para Olivera llega el momento de fortalecer la fiscalización.
Hasta ahora los cuatro inspectores que posee el organismo realizaron 800 inspecciones, la mayoría en hogares, pero solo aplicaron dos sanciones: a un autocultivador y a un club.
La JND trabaja en la elaboración de una “hoja de ruta” que aclare los mecanismos de control de quienes se aparten de la ley. El objetivo es dejar bien establecida la escala de sanciones y los procesos por los cuales se aplican las multas. De esa manera, según Olivera, se logrará que los tiempos “no sean tan largos”.
El protocolo también precisará los pasos a través de los cuales el Ircca iniciará los procedimientos de sanción. Los trámites administrativos pueden surgir de una inspección de las autoridades, de denuncias anónimas o de una publicación periodística o en redes sociales.
En paralelo, la JND trabaja con la Policía y la Fiscalía para fijar criterios comunes a la hora de enfrentar una situación irregular en el mercado del cannabis. Un club que vende marihuana, por ejemplo, puede ser perseguido penalmente por la ley de estupefacientes; mientras que un autocultivador que tiene algunas plantas más de las autorizadas pero no la comercializa, debe enfrentar un procedimiento administrativo, ejemplificó Olivera.
El caso más claro sucedió en enero, añadió, cuando el diario argentino La Nación informó que un club de cultivadores ofrecía catas de marihuana a los turistas. El Ircca le revocó la habilitación y presentó una denuncia penal. La práctica, de todas formas, se mantiene y algunos clubes aún ofrecen tours pagos a visitantes extranjeros como informó Búsqueda en octubre.
Las autoridades pondrán uno de sus focos en Maldonado, que absorbe la mayor cantidad de visitantes extranjeros que llegan al país. Durante una charla organizada por la Universidad Católica, el jueves 29 de noviembre, el director ejecutivo del Ircca, Martín Rodríguez, sostuvo que las autoridades consideran que en ese departamento, donde están la mayoría de los clubes, puede darse un incremento del “mercado gris” en los últimos meses.
Olivera, quien desde este mes preside el Ircca, no cree que haya un “descontrol” en el sistema y sostiene que el volumen del “mercado gris” no está en niveles “graves ni preocupantes”.
“Hay que controlar para cuidar la regulación, porque siempre hay malintencionados que utilizan los mecanismos para hacer negocios ilegales”, dijo. Y agregó: “Si no controlamos, terminan complicando a los que hacen bien las cosas”.
