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Luego de que quedara firme la rescisión de la concesión a Lobraus Puerto Libre, la Administración Nacional de Puertos (ANP) inició el trámite para cobrar la garantía de cumplimiento de contrato, informó a Búsqueda el titular del organismo, Pablo Genta.
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Señaló que la gestión se realiza ante la compañía aseguradora Sura por un monto de “algo más de US$ 2,2 millones” y que se estima demorará “un par de meses”.
Genta complementó que, en paralelo, las áreas técnicas de la ANP “están evaluando acciones administrativas para recuperar el predio” donde se encuentra el depósito logístico o si deberán “recurrir a la vía judicial”.
La rescisión de la concesión, un acto complejo, quedó firme a fines de julio. Primero fue el Tribunal de Cuentas el que en junio acordó no formular observaciones a la decisión que la ANP había tomado en enero, unilateralmente, de terminar el vínculo con Lobraus por los “graves incumplimientos constatados” y el “vencimiento en exceso” de los plazos otorgados para que la empresa logística cumpliera con las obligaciones contractuales en el Puerto de Montevideo.
Luego, esa definición obtuvo el respaldo a través de una resolución del Ministerio de Transporte fechada en julio, que entendió que fue una medida “estudiada y fundamentada” suficientemente por el ente portuario.
La resolución tomada por el regulador portuario el 14 de enero explicitaba que el contrato con Lobraus prevé que la “liquidación de la concesión por rescisión” derivada del incumplimiento del concesionario “comporta la ejecución inmediata, a favor de la ANP, de la garantía de cumplimiento”. Aclara que dicha ejecución “no impedirá que la ANP recupere el valor total de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte del concesionario. Seguidamente se liquidarán todas las obligaciones pendientes del concesionario”.
La concesión de Lobraus tenía vigencia prevista hasta 2046.
La acción judicial había sido iniciada luego de que el director blanco señalara a la empresa logística —en una nota publicada por El Observador— como un “deudor contumaz, serial”. La emprsea también acusó al jerarca de divulgar datos sobre la deuda de la concesionaria con la ANP que eran reservados.
La resolución de la fiscalía, informó ese portal el jueves 13, concluyó que no se justifica continuar con la indagatoria y se procede al archivo de la denuncia porque “no se advierte el dolo requerido, no se advierte una intención, sino palabras o situaciones que eran sabidas por las partes, y disposiciones que no fueron decretadas como secretas”.