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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn la edición del jueves pasado (8/04/2021) de Búsqueda, No 2.117, en esta sección dos corresponsales opinan sobre el llamado Impuesto Covid, con enfoques distintos que llevan a la reflexión. Los que peinamos canas y hemos sido privilegiados al haber tenido acceso a niveles de formación, lo que nos debería aportar mejores herramientas para entender la realidad, o simplemente analizar, opinar y tomar posición sobre cualquier tema, al manifestarnos sobre cualquier cuestión estamos obligados a ser criteriosos, saber que tendemos a la parcialidad y debemos luchar contra esta por respeto intelectual. La primera de estas cartas, del Gral. Cr. Guillermo Ramírez, cuestiona que el llamado Impuesto Covid, que será analizado en los próximos días en el Parlamento, no sea aplicado a los empleados del sector privado que ganan más de $ 120.000 nominales. Podemos discutir si corresponde o no aplicarlo en esta ocasión también a los privados, en realidad eso no viene al caso, la esencia está en que al tomar posición u opinar debemos ser criteriosos y abarcadores en el análisis. Los empleados privados viven con la incertidumbre de su continuidad laboral, las empresas, por simple razón de supervivencia, están en forma permanente pendientes de adecuar sus gastos de personal al resultado de su desempeño, rebajas de sueldos, reducción de compensaciones y, lo que es peor, despidos, constituyen la espada de Damocles con la que se convive. Y esto vale para el gerente de un banco como para el peón de una barraca. Nuestra economía experimenta, desde el 2014, una retracción importante, esto ha repercutido en el resultado de las empresas, claro que hay excepciones, pero Mercado Libre es un elefante blanco dentro de la realidad, no es un parámetro para medir la economía de las empresas. Hemos llegado a tener 200.000 trabajadores en el seguro de desempleo, a los que debemos sumar los que no tienen acceso a esta prestación, los informales, etc., y todos ellos provienen del sector privado. Además, en un análisis serio se debe tener en cuenta que quien percibe $ 120.000 nominales aporta por IRPF $ 14.500 y por $ 180.000 nominales el aporte es de $ 28.266. En cambio, los empleados públicos, la totalidad de los presupuestados y la gran mayoría de los contratados tienen asegurada su fuente laboral y cobran religiosamente sus haberes, no viven (por suerte) la incertidumbre de la inestabilidad laboral ni la duda de si cobrarán a fin de mes. Además, si no concurren a trabajar desde el 13 de marzo del 2020, por el motivo que sea, no tienen ningún descuento salarial; hay muchos que prácticamente han dejado de concurrir y siguen (y seguirán) cobrando. Es esto, a mi entender, lo que han tenido en cuenta el presidente y su equipo económico al solicitar un aporte de quienes tienen asegurado sus ingresos y no sumar imposiciones al sector que realmente está tirando del carro. Esto no quiere decir que luego de poner toda la información sobre la mesa y tener en cuenta todas las condicionantes se resuelva aplicar el Impuesto Covid a los privados, pero ser serios en el análisis es lo menos que podemos dar y pedir. El señor Ramírez, quien opina en Búsqueda que los empleados privados deben aportar más, desde por lo menos el año 1950, mes a mes y en forma ininterrumpida, ha recibido ingresos del Estado, justos y seguramente merecidos, tanto por su actividad militar, luego por la recomposición de su carrera y por haber sido miembro del directorio y luego presidente del Tribunal de Cuentas durante 21 años. Con el mayor de los respetos, su opinión, señor Ramírez, está teñida de un simplismo y falta de análisis que no suman en estos momentos. Parece que tenemos la tendencia de ser solidarios con el bolsillo ajeno; ser solidario es bueno y loable, por lo que obligaremos a quienes nos parezca a serlo. En mi querido Carmelo dirían: con zapatos ajenos cualquiera zapatea.
La segunda carta sobre el tema de este impuesto reclama la falta de sensibilidad de los jueces al amenazar al Poder Ejecutivo con juicios de inconstitucionalidad si son alcanzados por este impuesto. No puedo analizar esta postura de los señores jueces al ver amenazados sus bolsillos con la que tuvieron ante el error del gobierno del presidente Mujica, que por una carambola jurídica entendieron que debían tener importantes aumentos. Fue un error, simple e inexcusable error, pero qué quieren que les diga, no me pareció honorable, somos mujeres y hombres que no deberíamos aprovecharnos de un error. Desde niño vi a la justicia y a los jueces como cúspides en la escala social, no por su poder o posición económica de sus máximos integrantes, sino por tener en sus manos quizás una de las tareas más necesarias en una democracia, impartir justicia de tal manera que todos seamos iguales ante la ley. Ver que por temas económicos personales actúan en forma… (Daniel, ojo con lo que vas a decir), bueno, que cada uno ponga lo que mejor entienda. Me da mucha tristeza, no rabia o disconformidad, solo tristeza.
Daniel H. Báez